La sospechas sobre una desconocida periodista que hace un año parecía ir por libre desembocan en el destape judicial de una trama que arraiga en el PSOE y salpica a la Guardia Civil
Regala esta noticia Añádenos en Google Leire Díez durante una rueda de prensa para aclarar su condición laboral con el PSOE. (EFE) 08/06/2026 a las 00:06h.Un año. Este es el espacio temporal que ha transcurrido entre la difusión sin autorización de una grabación en un despacho de abogados de Madrid ( ... mayo de 2025) y el destape judicial de una causa que arraiga en el corazón financiero del PSOE y salpica con virulencia a cuerpos del Estado como la Guardia Civil. Dos episodios con una protagonista en común: Leire Díez, la exmilitante socialista de origen vasco que medró en el partido en Cantabria hasta dar el salto a empresas públicas como Enusa y Correos bajo el paraguas del actual Gobierno. Una persona que se presentó al público como una investigadora de las tramas de hidrocarburos y que, conforme pasaron los meses, admitió haber asesorado a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, contra las campañas de desinformación. La misma mujer a la que ahora, implicada de lleno en el sumario del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, la UCO sitúa en la «dirección ejecutiva» de una presunta trama para «desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». Estos son los hitos cronológicos del caso.
Fue el día de una reunión por videoconferencia en el despacho de abogados de Madrid de Jacobo Teijelo (investigado en el 'caso Leire Díez'). Uno de los interlocutores fue Alejandro Hamlyn López-Tapia, empresario procesado en rebeldía en una causa de fraude con hidrocarburos (152 millones) y que permanece huido en Dubái. Su abogado es José Antonio Choclán, defensor también del corruptor confeso del 'caso Koldo' Víctor de Aldama. Al otro lado de la línea estaban los siguientes actores: Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, quien se considera víctima de las «cloacas del comisario José Manuel Villarejo», el citado Teijelo, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes (investigado) y tres colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), uno de ellos invitado por el entorno de Hamlyn.
Mayo
El Confidencial recibe la grabación de esa reunión y publica 53 minutos del encuentro, que duró más de dos horas. Durante la videollamada se escucha a Leire Díez ofrecer a Hamlyn un acuerdo favorable con la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de que les proporcionara información que permitiera desvelar determinadas actuaciones de la UCO de la Guardia Civil y, singularmente, del teniente coronel Antonio Balas, responsable del departamento de delincuencia económica. Hamlyn había avisado de forma previa de que tenía datos sensibles de la persona que dirige o dirigió las investigaciones policiales de la causas contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz; Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente; o el 'caso Koldo'.
Junio
Tras la difusión de esta grabación se activa la maquinaria procesal y comienzan a presentarse denuncias en los juzgados de Madrid por parte de acusaciones populares ya personadas otras causas contra el Ejecutivo: Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa, PP, Vox y diversos colectivos de la Guardia Civil. Arturo Zamarriego, instructor del Juzgado número 9, abre causa a Leire Díez, a Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por delitos de cohecho y tráfico de influencias. En este sumario se incluye una información de El Mundo sobre otra reunión en marzo de 2025 de Díez con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba (integrante de la unidad de Información) en un bar de Leganés. Buscaba conocer trapos sucios del cuerpo. Villalba está siendo investigado en el 'caso Koldo' y lo representa también el despacho de Choclán, el exjuez de la Audiencia Nacional defensor de Aldama y Hamlyn, entre otros.
Octubre
La Fiscalía de Madrid pidió al juzgado reactivar su decisión inicial de no investigar en profundidad las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, a quienes Leire Díez habría ofrecido mejoras laborales a cambio de información sensible sobre compañeros para «anular o malbaratar» investigaciones judiciales. Stampa, el fiscal que investigó el 'caso Villarejo' y a quien no se mantuvo en el cargo, llegó a grabar por decisión propia su reunión con Díez y Pérez Dolset de varias horas, que fue aportada a la denuncia. En esos audios, los investigados aseguran que el presidente Sánchez dio orden de que «que se limpie todo, sin límite» tras la causa abierta a su mujer.
Noviembre
Díez y Pérez Dolset declararon como investigados ante el juez Zamarriego. La primera dijo que se reunió dos veces con Santos Cerdán en abril de 2024, tras la carta a la ciudadanía de Sánchez en la que éste anunciaba su retiro para decidir si seguía o no en Moncloa, y que lo hizo «como periodista». Dolset señaló que a una de las citas acudió el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando. Ambos negaron conocer al presidente del Gobierno y concretaron que estas citas consistieron en informar al PSOE de algunas causas de las que sus miembros habían sido víctimas de las supuestas «cloacas» policiales y judiciales. Díez enmarcó sus citas con Cerdán dentro de otras con distintas personas a las que pasaba información.
Diciembre
El día 10 el juez Pedraz ordenó la detención de Leire Díez en el llamado 'caso SEPI' junto a Vicente Fernández, expresidente de la sociedad pública, y del empresario Antxon Alonso, vinculado a Cerdán e investigado también en el 'caso Koldo'. Están acusados por la UCO de concertarse para cobrar presuntas mordidas a cambio de influir en decisiones de la SEPI en plena pandemia. A Díez le intervinieron su teléfono y sus dispositivos telemáticos. Solo ocho días después, Pedraz abrió otra causa -la número 150/2025-, impulsada por la unidad de Antonio Balas y por la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón. Unas diligencias que de forma inicial habían sido rechazadas por su colega de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Este procedimiento recoge hechos similares a los que investiga Zamarriego. Es decir, durante cinco meses dos juzgados diferentes han estado investigando el mismo asunto, con la misma policía judicial (UCO) y con la víctima de estas supuestas campañas de «desestabilización» (el teniente coronel Balas) dirigiendo ambas pesquisas.
Mayo de 2026
El pasado día 27 estalló la operación, con un largo requerimiento de información en la sede del PSOE -en busca de evidencias sobre los pagos para estas campañas- y registros en las propiedades de otros investigados: Cerdán, Pérez Dolset o el exdirigente del partido en Andalucía Gaspar Zarrías. Cinco días después, el juez Pedraz reclamó al juzgado de su colega Zamarriego la inhibición de la causa que investiga para reagruparlo todo en un solo sumario. Alega que el delito contra las altas instituciones del Estado es el que le otorga la competencia plena para asumir la causa.
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