Editorial
Ley y ética, al banquilloEl envío a juicio de la esposa del presidente, un precedente inédito en democracia, exige separar el eventual reproche penal de la necesaria ejemplaridad pública
Regala esta noticia Añádenos en Google 22/09/2026 a las 02:00h.La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar al banquillo a la mujer de Pedro Sánchez, acusada de los presuntos delitos de malversación y ... tráfico de influencias, marca un punto de inflexión en la polarizada política española. No por ser conocido el empeño de Peinado en mandar a Begoña Gómez a juicio, el hecho deja de sentar un precedente de extraordinaria gravedad: es la primera vez en democracia que la esposa de un presidente del Gobierno acaba imputada ante un tribunal, en este caso, un jurado. Se confirma así una anomalía que agudiza la erosión del entorno de la presidencia, tras la condena a David Sánchez.
Que las discrepancias más estridentes lleguen desde el Gobierno y el PSOE constituye un ataque impropio a la separación de poderes. La reacción de La Moncloa, al calificar ayer el procesamiento de «acoso» y «persecución judicial», traspasa la barrera de la legítima defensa para adentrarse en un peligroso cuestionamiento de la Justicia que debilita el Estado de derecho. No obstante, poco ayudan al rigor procesal algunas abruptas decisiones del instructor: desde desplazarse a La Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente, hasta la imposición de medidas cautelares a su mujer y el momento elegido para anunciar la apertura de juicio oral, justo cuando Sánchez emprende viaje a Nueva York para participar en la cumbre de la ONU.
Sería deseable que el jurado logre blindarse tanto de las condenas preventivas de la calle como de las injerencias políticas, para determinar con rigurosidad si Begoña Gómez utilizó la influencia de su marido en favor de sus proyectos privados y ambiciones personales. Y, en ese supuesto, saber separar con nitidez el eventual reproche penal de la exigible ejemplaridad pública. Ley y ética se citan en el banquillo: la primera puede acarrear una condena; la segunda sostiene la credibilidad de las instituciones.
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