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Momento de la intervención de los agentes en una imagen facilitada por la Policía Nacional. R. C. Liberadas 15 víctimas de explotación sexual captadas a través de redes socialesLas mujeres, de origen chino, eran obligadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en locales clandestinos en Palma de Mallorca
C. P. S.
Sábado, 24 de enero 2026, 11:44 | Actualizado 12:03h.
... investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha desmantelado una red criminal, mayoritariamente de origen asiático, que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de las víctimas y con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes, incrementando de este modo sus beneficios.La operación ha culminado con 14 personas detenidas en las provincias de las Islas Baleares (12) y Barcelona (2), siete de los cuales han ingresado en prisión provisional. Asimismo, se han llevado a cabo 10 entradas y registros de inmuebles, decretándose las clausura de tres de ellos.
La investigación se inició en abril de 2025, mediante la información obtenida a través del correo trata@policia.es del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, en el que se recibieron dos comunicaciones anónimas solicitando ayuda. Las víctimas, mujeres de origen asiático, indicaron que estaban recluidas en pisos de alterne en la ciudad de Palma (Islas Baleares) y que eran explotadas y agredidas sexualmente.
De forma paralela, una de las víctimas, tras haber conseguido huir del local en el que la tenían recluida y obligada a ejercer la prostitución, y en el que había sufrido agresiones físicas y sexuales, acudió a la Policía pidiendo auxilio. El resultado de las declaraciones y colaboración de esta víctima resultó crucial para el inicio de la investigación.
Durante el desarrollo de la misma, las pesquisas policiales permitieron establecer una conexión con una operación policial, desarrollada durante el año 2024, en la que se desmanteló parte de una red criminal dedicada a la trata de mujeres de origen chino con fines de explotación sexual en prostíbulos clandestinos de Palma de Mallorca. En concreto, la propietaria de uno de los locales investigados en aquella ocasión figuraba como una de las principales cabecillas de la organización criminal ahora investigada, logrando finalmente la desarticulación total de este entramado criminal en la ciudad balear.
Eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo, por lo que la organización cobraba más a los clientes
Las víctimas eran captadas mediante anuncios en las redes sociales y engañadas sobre la verdadera naturaleza de la actividad que iban a desempeñar, siendo obligadas a ejercer la prostitución. Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España tras aceptar supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras.
La red criminal asumía los gastos del traslado, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución. La organización se hacía cargo del traslado desde la península a la la ciudad de Palma. Una vez en la isla, las víctimas eran recogidas y trasladadas hasta los prostíbulos, donde las obligaban a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin libertad para moverse y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, llegando a ser agredidas física y sexualmente. Además, eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo, por lo que la organización cobraba más a los clientes.
Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente a la organización, recibiendo únicamente el 50% de los beneficios restantes una vez descontados los gastos de alquiler y manutención.
La red ofrecía a las víctimas la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a través matrimonios fraudulentos mediante el pago de elevadas cantidades de dinero. Una vez regularizada su situación, la red utilizaba su identidad para dar de alta el acceso a suministros, cuentas bancarias o números de teléfonos, con el fin de ocultar la identidad de los principales investigados como responsables de los negocios de prostitución.
Más drogas y sexo
Los integrantes del entramado criminal también se lucraban con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes a los clientes que acudían a los prostíbulos, lo que suponía un incremento considerable de sus ganancias. En uno de los tres prostíbulos investigados se ha constatado que, en el periodo de un año, los beneficios obtenidos ascendieron a 1,2 millones de euros, lo que evidencia el elevado lucro derivado de la explotación de estas mujeres.
Igualmente, se ha podido constatar que la organización criminal llevaba un exhastivo control económico de la actividad delictiva, utilizando distintas páginas web para interactuar con los clientes y ocultar la identidad de los cabecillas. Asimismo, se realizaban envíos de dinero a ciudadanos chinos encargados de efectuar el cambio de moneda a yuanes, ingresándose posteriormente en cuentas bancarias en China.
La Policía ha intervenido pistolas taser, puñales, cuchillos, katanas así como joyas, relojes y otros artículos de lujo
La investigación ha culminado con la liberación de 15 víctimas de explotación sexual y la detención de 14 personas en las provincias de las Islas Baleares (12) y Barcelona (2). Siete de los detenidos han ingresado en prisión provisional, y se han realizado diez entradas y registros de inmuebles, decretándose las clausura de tres de ellos en los que se han intervenido cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros de dinero en efectivo, pistolas taser y de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas, nunchakus, xirequetes y otros armas. Así como joyas, relojes, teléfonos móviles y otros artículos de lujo. Además, de abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.
Entre los bienes intervenidos se encuentran varios terminales punto de venta (TPV), propiedad de las principales investigadas, que se encuentran asociados a negocios comerciales sin actividad real, utilizados exclusivamente para el cobro de servicios sexuales.
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