Una de las patrulleras de la Guardia Civil debajo de una narcolancha. Cedida
Política PARTIDO POPULAR Llega al Congreso una ley del PP para "proteger jurídicamente" a los agentes en enfrentamientos armados contra el narcoLos populares reivindican más medios materiales y humanos contra el narcotráfico y que el Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el Guadalquivir sean declarados "zona de especial singularidad" ante el avance de las mafias.
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Alberto D. Prieto Publicada 22 junio 2026 02:33h Las clavesLas claves Generado con IA
El Congreso abordará una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El objetivo de la norma, registrada por el PP, es dotar a Guardia Civil y Policía Nacional de "un escudo jurídico protector" en sus enfrentamientos armados contra las mafias del narcotráfico.
El texto, al que ha tenido acceso este periódico, crea un nuevo artículo 5 bis que pretende fijar "criterios claros" para el uso de armas de fuego cuando los agentes se enfrentan a delincuentes armados o a embarcaciones como las narcolanchas.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, lo resumía así ante los medios en Tarifa: "Frente a personas, embarcaciones u otros medios de transporte que se resisten y que utilizan las armas contra nuestros agentes, se necesitan reglas claras de enfrentamiento".
La dirigente popular ya sostenía, en una entrevista reciente con EL ESPAÑOL, la necesidad de responder a lo que le reclaman quienes están "en la primera línea" de la lucha contra el narco. "Si aquellos que nos protegen desde el frente las piden, la obligación de los responsables públicos es analizarlas, plantearlas y aprobarlas".
Falta de medios
El mensaje político es inequívoco: "Hay que declararles la guerra con medidas claras, contundentes y eficaces, con todos los instrumentos que ofrece el Estado de derecho". Gamarra insiste en que "no cabe la indiferencia" y que ni Pedro Sánchez ni Fernando Grande-Marlaska "pueden ser ya garantía de seguridad para nuestros agentes".
Interior da chalecos antibalas caducados hace 4 años a los policías del Campo de Gibraltar en plena guerra con el 'narco'El PP busca así capitalizar el malestar de guardias civiles y policías en el sur ante el aumento de la violencia de los clanes. En paralelo a la reforma legal, el plan del partido de Alberto Núñez Feijóo pone el foco en la falta de medios.
Los populares explican que la propuesta del PP introduce ese nuevo artículo 5 bis "para dotar de instrumentos a los agentes que les permitan reaccionar cuando les atacan".
Pero lo acompaña de un compromiso de más recursos humanos y materiales. El documento del partido recoge expresamente medidas “para dotar a quienes luchan contra el narcotráfico de más medios materiales y humanos".
La reforma
La proposición de ley modifica el actual artículo 5.2.d de la Ley Orgánica 2/1986 para remitir el uso de las armas a los "casos y términos" fijados en la propia norma.
El nuevo artículo 5 bis concreta cuándo y cómo pueden recurrir los agentes a las armas de fuego. Establece que podrán hacerlo cuando exista "un riesgo racionalmente grave" para su vida, su integridad o la de terceros, o un "grave riesgo para la seguridad ciudadana", siempre bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
El texto regula también la necesidad de advertencia e intimación previas al uso de armas, pero prevé excepciones cuando la inminencia del peligro haga inviable esa advertencia sin incrementar el riesgo.
Lo mismo ocurre con la identificación previa de los agentes de paisano, que podrá omitirse en situaciones de peligro extremo. El objetivo declarado es evitar lagunas interpretativas en escenarios de máxima tensión, como persecuciones marítimas o embestidas contra patrulleras.
Además, la norma delimita un catálogo de "situaciones de necesidad absoluta" en las que se considera justificado el uso de armas de fuego.
Los guardias civiles exigen la dimisión de Marlaska tras el "asesinato" de dos agentes en CádizEntre ellas figuran los enfrentamientos con personas armadas que se resisten a la detención o a entregar sus armas, una vez realizadas advertencias "claras y terminantes".
También se contemplan los casos en los que embarcaciones u otros medios de transporte se niegan a detenerse y se utilizan como instrumento de agresión o acoso contra los agentes.
Aunque el texto no emplea expresamente el término "fuego inhabilitante" en su articulado, la exposición de motivos lo menciona como técnica para inutilizar los sistemas de propulsión o guiado de las narcolanchas.
La propuesta cita la legislación comparada de Bélgica, Italia, Francia y Portugal para justificar un modelo que, según el PP, adapta el ordenamiento español a los estándares europeos. La discusión parlamentaria dirimirá ahora si esa "protección jurídica" refuerza de verdad a los agentes sin cruzar las líneas rojas de los derechos fundamentales.
"Zona de especial singularidad"
Otro eje es el territorio de lucha. El PP quiere que el Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el resto del cauce del Guadalquivir se declaren "zona de especial singularidad", como lo fue el País Vasco en los años de ETA.
Esa figura, reivindicada desde hace años por asociaciones profesionales, pretende reconocer la presión específica del narco en la zona y permitir complementos y refuerzos especiales. "Un Estado tiene que proteger a los suyos y no podemos permitir que esto esté costando la vida de los servidores públicos", subraya Gamarra.
El PP también envuelve la iniciativa en un discurso de fondo, según el cual la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es un problema de Estado. Frente a esa visión, Gamarra acusa al Gobierno de Sánchez y Marlaska de dejar que "las mafias campen a sus anchas, y así se agudiza el problema y el abandono de los agentes".
El trasfondo inmediato de esta propuesta está en el desmantelamiento del OCON Sur, la unidad de coordinación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Andalucía.
Marlaska rechaza dimitir y desliga los dos asesinatos en Barbate de la falta de medios contra los narcosInterior decidió integrarla en otras estructuras, lo que provocó la protesta de asociaciones profesionales, que hablan de "un antes y un después" en la lucha contra los clanes. En ese contexto, las muertes de agentes en operaciones en Barbate o frente a la costa de Huelva han alimentado la sensación de desprotección.
Crítica política
Asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales se quejan de patrulleras obsoletas, de plantillas insuficientes y de turnos sin cubrir en zonas especialmente sensibles.
A las carencias físicas se suma, según su relato, una inseguridad jurídica que habría llevado a muchos mandos a extremar la prudencia para evitar verse luego desautorizados en los tribunales.
Es esa doble crítica la que el PP trata de recoger con su proposición de ley.
De hecho, el coordinador nacional de Emergencias del PP y consejero andaluz, Antonio Sanz, también acusa a Marlaska de haber "traicionado a los Cuerpos de Seguridad" y de haberlos "abandonado a su suerte".
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