El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, conversa con la comisaria de Ampliación, Marta Kos, durante la reunión de este martes en Luxemburgo Unión Europea
Europa Los 27 aprueban usar fondos europeos para los centros de deportación fuera de la UE pese al rechazo de SánchezEl pleno del Parlamento Europeo dará este miércoles luz verde final al reglamento que autoriza campos de migrantes en terceros países, siguiendo el modelo de Giorgia Meloni con Albania.
Más información: La Unión Europea aprueba crear centros de deportación fuera de su territorio: España, el único que vota en contra
Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 17 junio 2026 02:48h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a quedar aislado en Bruselas en política migratoria. Los Veintisiete han aprobado este martes destinar fondos europeos a financiar la puesta en marcha de centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios -siguiendo el modelo del acuerdo de Giorgia Meloni con Albania- pese al rechazo de España, que no ha logrado reunir los apoyos suficientes para bloquear la iniciativa.
Precisamente, el pleno de la Eurocámara dará este miércoles luz verde definitiva al reglamento que habilita la base legal para la creación de centros de migrantes en terceros países, una pieza clave del endurecimiento de la política migratoria de la UE.
Mientras el Gobierno de Sánchez ha anunciado su voto en contra prácticamente en solitario, una amplia coalición de países encabezada por Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia acelera ya los preparativos para poner en marcha estos dispositivos antes de final de año.
La Unión Europea aprueba crear centros de deportación fuera de su territorio: España, el único que vota en contraAunque hasta ahora se daba por hecho que estos centros serían financiados con presupuestos nacionales de los Estados miembros interesados en impulsarlos, los Veintisiete han cerrado un acuerdo que permite sufragarlos con fondos comunes europeos.
El dinero saldría de Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034, que tendría una dotación total de 190.000 millones, según la propuesta de Bruselas.
El reglamento de la Europa Global, que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, dice que este instrumento "también debería contribuir a retornos seguros, dignos, sostenibles y efectivos, a la readmisión y la reintegración, así como a soluciones innovadoras, incluida la prevención y la lucha contra la migración irregular, de conformidad con el derecho de la Unión y el derecho internacional".
"Soluciones innovadoras" es el eufemismo que se utiliza en la burbuja bruselense para designar a los centros de deportación en países terceros.
"Con respecto al fondo de la Europa Global, no podemos suscribir el concepto de soluciones innovadoras", ha señalado el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, durante el debate previo a la aprobación del reglamento, en el que ha anunciado la abstención de España.
Sampedro ha criticado la "indeterminación jurídica" de este término -que ha sido reconocida por los propios servicios jurídicos del Consejo- y ha considerado insuficientes las referencias al derecho europeo y el derecho internacional introducidas en el texto por la presidencia chipriota.
"Desde el punto de vista español consideramos que los denominados centros de retorno no tienen cabida dentro de estas soluciones innovadoras y no deberían ser financiados con Europa Global", ha zanjado. También Francia y Portugal han expresado reservas sobre el uso de fondos europeos para los campos de migrantes en países extracomunitarios, aunque el reglamento ha salido adelante de todas formas.
Reglamento de retornos
Por su parte, el Parlamento Europeo aprueba este miércoles de forma definitiva el reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, gracias a la denominada 'mayoría Venezuela', formada por el Partido Popular Europeo (PPE) y los tres grupos de derecha radical: Conservadores y Reformistas, Patriotas y Europa de las Naciones Soberanas. Socialistas, verdes e izquierda radical han anunciado su voto en contra.
La reforma deja de nuevo al descubierto la soledad absoluta en Bruselas en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo plan de regularización masiva de migrantes choca frontalmente con los objetivos y la filosofía de este reglamento. "Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles", advirtió el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, cuando se debatió la regularización de Sánchez en febrero en Estrasburgo.
En 2025, la tasa de retorno alcanzó el 27,5% de media en la Unión Europea, la cifra más alta en los últimos 10 años. España se situó entre los países con peores resultados: apenas ejecutó el 10,6% de las órdenes de expulsión dictadas, el tercer porcentaje más bajo de los Veintisiete, solo por delante de Países Bajos y Portugal. En el extremo opuesto figuran Malta, con un 97,7%; Lituania, con un 92,8%; y Letonia, con un 86,4%, muy por encima de la media comunitaria.
La reforma introduce por primera vez la posibilidad legal de devolver a un país tercero (distinto al de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un convenio concluido de forma bilateral o a nivel de la UE.
Estos centros de deportación podrían servir como destino final o como centros de transferencia que faciliten el retorno posterior al país de origen o a otro tercer país. Se trata de un modelo de "geometría variable" que puede ser usado por los Gobiernos interesados y descartado por el resto.
En una declaración para justificar su voto negativo, el Gobierno de Sánchez sostiene que este tipo de acuerdos con países terceros "no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas" y advierte de que "incluso las familias con niños podrán ser trasladadas a centros de retorno en países con los que no mantienen ningún vínculo".
La delegación española alerta además de un "alto riesgo de litigiosidad" por una posible vulneración del principio de no devolución consagrado tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestiona también la utilidad de estos centros fuera del territorio comunitario y avisa de que pueden erosionar "la credibilidad de las relaciones exteriores de la Unión con terceros países" e incluso deteriorar las relaciones entre socios, ya que los Estados miembros no están obligados a informar al resto cuando suscriban este tipo de acuerdos.
"En el plano operativo, España expresa serias dudas sobre su eficacia y eficiencia. Si no existe un vínculo familiar, social o económico, ¿qué incentivo tendrá la persona trasladada para no intentar regresar a la Unión cuando sus perspectivas de vida en un país tercero desconocido son escasas?", se pregunta el Gobierno, que reprocha además a Bruselas no haber realizado "ningún análisis mínimamente objetivo del coste-beneficio" de la medida.