Las presuntas agresiones sexuales que hoy sientan en el banquillo Francisco C., el ex sacerdote de Velez-Málaga (Málaga) acusado de sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres de su entorno más cercano, comenzaron en la época en la que él ejercía como diácono y continuaron cuando ya se había ordenado como sacerdote.
Algunas de las situaciones denunciadas tuvieron como escenario el domicilio que el Obispado había facilitado al encausado mientras se formaba y otras en la casa parroquial de Ardales (Málaga), municipio en el que residía una de las parejas sentimentales del detenido, así lo han explicado a EL MUNDO los abogados que representan a las cuatro denunciantes en el juicio, que han cuestionado la actitud de la Diócesis de Málaga en un caso en el que -dicen- "no hay lugar a dudas" porque todos están "perfectamente identificados".
Tanto la identidad de él como la de las perjudicadas ha quedado probada, así lo han indicado a este diario los letrados. Además, se han "hecho pruebas periciales que acreditan que era él el que aparecía en las fotografías", con lo que no hay lugar para la controversia en ese aspecto, ha asegurado el abogado Jesús Marín.
Las acusaciones particulares de las víctimas señalan al Obispado malagueño como responsable civil subsidiario de lo ocurrido ya que "las chicas le conocen -al detenido- siempre por su relación con la Iglesia y se acercan a él buscando ese apoyo y esa confianza que les da su condición", ha indicado a EL MUNDO el abogado de una de ellas, Alfonso Sell.
En este sentido, reclaman a la Iglesia que se haga cargo de las indemnizaciones económicas que habrían de percibir las víctimas llegado el caso ya que, insisten, desde la Diócesis "nunca se hizo nada".
"Por parte del Obispado se ha manifestado que iban a ofrecer dinero, pero finalmente no", han recalcado los letrados, que pensaban que "las cantidades de la indemnización a las perjudicadas habían quedado consignadas mediante un aval bancario y ahora, en fase de plenario, nos hemos enterado de que existe una póliza de seguros para responder de los desaguisados que pueda haber cometido un miembro de la Iglesia".
Las acusaciones particulares niegan que la Diócesis malagueña haya contactado con las víctimas. "Ni han pedido perdón ni han consignado cantidades" para las indemnizaciones, "el Obispado -insisten Marín- nunca se ha puesto en contacto con ninguna de las afectadas y nunca les ha pedido perdón, muy al contrario, ofreció una cantidad de dinero al principio y posteriormente, la retiró".
Si bien desde el Obispado aseguran haberlo hecho y en una rueda de prensa celebrada el viernes 22 de mayo, el actual obispo de Málaga, José Antonio Satué, que no es el mismo que estaba en activo cuando arrancó la causa, lamentaba el "profundo dolor" que lo sucedido ha causado a las víctimas y a sus familias, se comprometía a indemnizarlas si el acusado resultaba condenado, aún cuando no lo fuese la Iglesia, e insistía en que hasta la fecha las denunciantes habían declinado reunirse con él.
"La actitud de los abogados de la Diócesis en la sala es completamente contraria a lo que ha dicho el Obispo", han lamentado los letrados. "No sé a qué juego están jugando", ha señalado Jesús Marín respecto a la actitud, a su juicio contradictoria, entre los abogados de la Iglesia en la sala y las declaraciones del obispo
Este miércoles tendrá lugar la tercera jornada del juicio, que se celebra a puertas abiertas en la Audiencia Provincial de Málaga, y en el testificarán varios testigos pero en el que todavía no se oído en declaración al acusado, que se espera lo haga antes de que acabe la semana.