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Los abusos de un joven a su primo menor en Málaga, al descubierto tras subir archivos pedófilos a la redEl rastro digital llevó a la Policía Nacional hasta el domicilio del sospechoso, al que la Audiencia Provincial ha impuesto a 10 años de prisión
Miércoles, 4 de marzo 2026, 00:29
... interpusieron una denuncia a la Policía Nacional tras detectar que alguien había colgado más de 40 vídeos e imágenes de contenido pedófilo en la red. Su rastro digital llevó a los agentes hasta su vivienda, en Málaga, en la que el sospechoso residía con su familia. Los investigadores no tardaron en identificarlo: él mismo aparecía en parte del material, que también registraba las agresiones a un primo menor.La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado recientemente sentencia: diez años de cárcel para el procesado como autor de un delito de abusos a menores con prevalimiento y otro de producción y tenencia de pornografía infantil. Según el fallo, al que ha tenido acceso SUR, los hechos se remontan a 2020, cuando el acusado aún era menor, aunque esta conducta persistió tras cumplir la mayoría de edad (la condena únicamente se aplica a los hechos ocurridos desde los 18 años).
Sin capacidad de reacción
La víctima tenía entre 12 y 13 años cuando sufrió estos hechos. Aunque residía fuera de España, solía viajar a Málaga en temporadas de vacaciones, que coincidían con el verano y las fiestas navideñas, y era habitual que acudiera al domicilio del investigado y su familia, donde también pernoctaba algunos días. Durante esas visitas, según recoge la resolución, el acusado aprovechó «dicha convivencia y la confianza» que inspiraba al menor para llevar a cabo las agresiones.
El menor «carecía de capacidad de entender ni reaccionar» a los abusos y, a pesar de mostrar rechazo, acababa accediendo a los mismos por «el respeto que su primo mayor le generaba», de acuerdo con el fallo. Al menos hubo cinco episodios que han quedado probados porque el acusado los grabó -y posteriormente subió a la red- sin el conocimiento ni el consentimiento de la víctima.
No obstante, la Sala aclara que no se ha acreditado que estas filmaciones las hubiera elaborado siendo mayor de edad, a excepción de una de ellas: se trataba de una imagen tomada en diciembre de 2021, poco después de que ya hubiera cumplido los 18 años, por lo que es la única por la que la Audiencia Provincial puede realizar un reproche penal, ya que los hechos anteriores irían en otro procedimiento y en la Fiscalía de Menores.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hechos en abril de 2023, tras recibir una denuncia del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Según alertó la organización, alguien había subido a una plataforma de almacenamiento online una carpeta que contenía 42 archivos de pornografía infantil.
Una fotografía, clave
Tenían la cuenta, los terminales asociados y la dirección IP desde la que se habían colgado en Internet. Los investigadores se fijaron en una fotografía -la que había sacado siendo mayor de edad- y rastrearon su metadata para averiguar dónde fue tomada, aunque en la carpeta había otras dos imágenes que también revelaban la identidad del sospechoso: una de su DNI y otra de él.
El acusado, siempre según recoge la sentencia en el apartado de hechos probados, había empezado a subir estos archivos en una cuenta online en diciembre de 2021, las cuales dejó depositadas en una nube, aunque no fueron descubiertos hasta casi dos años después. No se ha acreditado que los hubiera llegado a compartir o intercambiar a través de la red, puntualiza la resolución. Además de los abusos a su familiar, también había colgado imágenes que previamente descargó con su móvil en las que aparecían menores de corta edad y de alto contenido pornográfico.
Para la Audiencia Provincial, ha quedado acreditado que estos hechos han causado en la víctima un severo trauma, el cual ha repercutido en su día a día y en su rendimiento escolar. Tras un año y siete meses de faltas a clases y sesiones psiquiátricas, finalmente tuvo que ser internado en un centro juvenil para recibir tratamiento al tiempo que retomaba los estudios tras casi dos cursos de abandono.
Por todo ello, el fallo impone una condena de diez años y un día de cárcel para el joven, así como una orden de alejamiento e incomunicación hacia su primo, también de una década de duración. Del mismo modo, la pena incluye su inhabilitación durante 14 años para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con menores.
Además, la Sala ha establecido que deberá cumplir seis años de libertad vigilada e indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos.
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