Los ayuntamientos piden al Gobierno desbloquear 23.000 millones para vivienda

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• El escepticismo azota el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno: dudas sobre su efectividad

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclama al Ejecutivo autorizar el uso de todo el remanente de tesorería de los consistorios para construir viviendas y ampliar los plazos para poder ejecutar las obras.

El pasado 21 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde a su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que recoge la inversión de 7.000 millones de euros al alimón entre el Estado y las comunidades autónomas en el próximo lustro. El plan, que pone el foco en aumentar la oferta de vivienda protegida, fomentar la rehabilitación del parque actual e incrementar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, nació rodeado de escepticismo, tanto por tratar de forzar a las CCAA a aportar el 40% de los fondos como por el montante de estos, a todas luces insuficientes para solucionar la escasez de vivienda que sufre el mercado, con un déficit que podría alcanzar el millón de inmuebles este mismo año.

Por ello, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organización que representa a los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos de toda España, envió una carta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez pocas horas después de la aprobación del Plan en la que reclamaba el desbloqueo de unos 23.000 millones de euros procedentes del remanente de tesorería acumulado de los últimos ejercicios para poner en marcha políticas de vivienda. En su opinión "aunque el Plan Estatal de Vivienda supone un incremento respecto a planes previos, el presupuesto se queda corto", señala Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación.

Este importe se sumaría a los 45.000 millones de superávit de 2024 que el Gobierno autorizó a gastar a las entidades locales para Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) -entre las que se encuentran medidas para aliviar la tensión en el mercado de la vivienda- hasta 2027. Un plazo que desde la FEMP estiman insuficiente, por lo que volvieron a solicitar una nueva regulación de las inversiones que permita ejecutarlas en periodos superiores a un año, incluso de forma indefinida. "Es evidente que para poner en marcha una promoción de vivienda un plazo de uno o dos años es insuficiente para ejecutar los fondos", valora Martínez-Sicluna.

Según explica, "el sector local es el más saneado financieramente, con la inmensa mayoría de ayuntamientos cerrando sus presupuestos con superávit", lo que les permitiría convertirse en una palanca clave para la construcción de más viviendas públicas en un contexto de acuciante necesidad. "Estamos para colaborar y aportar soluciones", añade.

Simplificación necesaria

En esta línea, la FEMP ha elaborado una guía de recomendaciones para las entidades locales con el objetivo de establecer una hoja de ruta que permita simplificar y agilizar los trámites administrativos relacionados con la construcción de viviendas.

El documento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN en exclusiva, identifica varios "cuellos de botella" que estarían retrasando las licencias de construcción hasta dos años: la presentación de expedientes incompletos o incorrectos por parte de los promotores; la lentitud en la emisión de informes por parte de otras administraciones -como los relacionados con las carreteras, el medioambiente o la seguridad aérea-; la disparidad de criterios entre los propios técnicos municipales; y la falta de digitalización de todos los procesos.

Para solucionar estos problemas, la asociación de entidades locales propone a los ayuntamientos seguir avanzando en la profesionalización de los técnicos "para unificar criterios y dar seguridad jurídica" a los promotores de nueva vivienda. Asimismo, sugieren implantar un sistema de tramitación 100% electrónico "para validar proyectos de forma automática" y utilizar la inteligencia artificial para revisar los documentos de forma predictiva, liberando así a los técnicos "para tareas de mayor valor jurídico".

En esta línea, la FEMP sugiere la puesta en marcha de una "licencia básica" que autorizaría el inicio de las obras basándose sólo en un proyecto inicial que cumpla con unos parámetros considerados esenciales, algo que "permite ganar meses de trabajo mientras se tramita el proyecto de ejecución completo". Como ejemplo, señalan el caso de Zaragoza, que ya aplica una "licencia exprés" que autoriza trabajos por debajo de la cota cero del suelo -como el movimiento de tierras o la cimentación- en 24 horas.

Por otro lado, la guía plantea una remodelación de las formas de organización interna de los ayuntamientos enfocada a la gestión de los proyectos. Para ello, propone la creación de la figura del "responsable de expediente", una persona encargada de coordinar todas las áreas implicadas en una promoción "para que el expediente no se detenga en ningún departamento". También la puesta en marcha de comisiones de intervención -como ocurre en Madrid- para dictar instrucciones de obligado cumplimiento para los técnicos municipales, con el fin de evitar la arbitrariedad.

Por último, la FEMP sugiere la aprobación de incentivos que fomenten la productividad de los técnicos municipales, ligando sus complementos salariales al número de informes emitidos.

3.000 millones para inversiones sostenibles en 2026

Finalmente, y después de meses de reclamaciones y dos intentos fallidos, el Consejo de Ministros aprobó a principios de la semana pasada las entregas a cuenta de los entes locales para 2026, con una financiación récord de 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año pasado.

En paralelo a estos fondos, que suponen la confirmación de que el presente ejercicio cerrará con una nueva prórroga presupuestaria, el Gobierno también autorizó a los ayuntamientos que el año pasado tuvieron superávit a reinvertir 3.168 millones de euros hasta 2029 en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre las que se encontrarían algunas relacionadas con la vivienda o la gestión de las aguas urbana. La extensión del plazo, para Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, "va en el buen sentido y muestra que Hacienda se está abriendo a atender las peticiones de los ayuntamientos".

Sin embargo, el amplio abanico de iniciativas en las que se pueden utilizar estos fondos -desde la renovación del alumbrado público a la compra de nuevos autobuses eléctricos o la rehabilitación de polideportivos municipales o la instalación de placas solares, entre otras- hacen que los fondos destinados a la ampliación del parque de vivienda sean insuficientes para el grave problema de oferta que vive el mercado inmobiliario residencial.

En este caso, los fondos utilizados no computarán en la regla de gasto de los consistorios hasta dentro de cuatro años, si bien los proyectos deberán estar en fase de ejecución con anterioridad.

Por ello, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias señalan la necesidad de ampliar esta partida para impulsar la construcción.

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