Política andaluza
Los centros de datos abren otra brecha entre el Gobierno y AndalucíaLa Junta alega contra la norma estatal al temer por 10.000 millones en inversiones mientras Moncloa defiende su sostenibilidad
Regala esta noticia Añádenos en Google Interior de un centro de procesamiento de datos. (Sur)Sevilla
01/09/2026 a las 15:32h.La incesante batalla política entre San Telmo y La Moncloa ha encontrado una nueva trinchera. Esta vez el motivo de confrontación no es una infraestructura ... ferroviaria ni el modelo de financiación autonómica, sino el mapa de los servidores que darán soporte a la Inteligencia Artificial. El proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno central para regular la implantación de los centros de datos en España ha prendido la mecha de un nuevo choque institucional y ha elevado la temperatura de una relación marcada por la permanente tensión competencial.
El desencuentro radica en la letra pequeña del borrador estatal. Moncloa pretende exigir que las instalaciones de más de un megavatio cumplan estándares ambientales estrictos, garantizando que el 80% de su electricidad provenga de energía limpia sincronizada hora a hora. Sin embargo, San Telmo denuncia que se está penalizando a los territorios líderes en producción renovable. La Junta sostiene que refrigerar instalaciones tecnológicas con temperaturas elevadas requiere mayor esfuerzo térmico, por lo que reclama calcular la huella renovable por comunidades y adaptar los exigentes parámetros de eficiencia energética al contexto geográfico del sur de Europa. La advertencia andaluza es clara: si el texto no cambia, España acabará exportando su energía limpia mientras el talento informático y los grandes inversores huyen hacia latitudes con regulaciones más amables.
Otras comunidades, como Aragón o Extremadura, muestran las mismas reservas que Andalucía
Andalucía no camina sola en esta batalla. Comunidades como Aragón y Extremadura han mostrado idéntica reserva ante un decreto que consideran centralista. La Junta aboga por flexibilizar la norma, crear periodos transitorios para los proyectos ya comprometidos -como el macromódulo tecnológico de 1.257 millones proyectado en Málaga- y armonizar los plazos con las directivas europeas para evitar duplicidades legales.
Agravio artificial
La respuesta del Ejecutivo central no se ha hecho esperar y ha corrido a cargo del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien salió al paso para rebatir de plano las acusaciones y acusar al autonómico de fabricar un agravio artificial. Según Fernández, el rechazo de la Junta responde a un mero intento de confrontación política basado en el desconocimiento de un texto que aún se encuentra en fase de información pública y alegaciones.
Desde el Gobierno de Sánchez se defiende que la futura norma no busca vetar proyectos ni castigar al tejido andaluz, sino ordenar un sector con enorme impacto territorial para no repetir las crisis de abastecimiento eléctrico y tensión hídrica registradas en países como Irlanda o Estados Unidos. Para Moncloa, exigir las más altas categorías de sostenibilidad ambiental y garantizar la soberanía de los datos dentro de la Unión Europea es una obligación ética y técnica indispensable en una comunidad castigada por la sequía.
El choque revela cómo la transición digital ha dejado de ser un asunto puramente técnico para convertirse en materia de alto voltaje político. Mientras la Junta reivindica la autonomía territorial para sacar partido a sus ventajas energéticas, el Gobierno central blinda su potestad reguladora en nombre de la protección ambiental. La tramitación del decreto dirimirá si prima el entendimiento o si el pulso tecnológico deriva en un prolongado conflicto normativo, uno más, entre ambas administraciones.
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