Los centros de datos amenazan con compensaciones millonarias y frenan la inversión por las exigencias «imposibles de cumplir»

Tres grandes proyectos por 9.000 millones preparan alternativas fuera de España si el texto sale adelante sin cambios y el sector ve en riesgo hasta el 90% del montante previsto

José A. González

Casi 20 días han pasado desde que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los ... requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. «Desde entonces, el teléfono ha dejado de sonar», explica una fuente del sector a este periódico. «Los inversores son muy serios», remacha.

«España ha pasado de ser el país más interesante para el sector internacional a ser el menos interesante», resume Emilio Díaz, presidente de SpainDC. La asociación sostiene que el daño va más allá de estos tres proyectos y habla ya de «efectos devastadores» sobre la imagen del país y de un deterioro de la percepción de «riesgo país» por la inseguridad jurídica e incertidumbre generadas por el texto.

El problema, advierten, puede ser mucho mayor. SpainDC calcula que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar comprometida si la regulación se aprueba sin cambios. Las previsiones que manejaba hasta ahora la patronal contemplaban unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros y una potencia conectada a la red de unos 2.600 MW en 2030.

A ello se suma el capital ya comprometido. La asociación estima que los grupos tecnológicos han ejecutado entre 27.000 y 33.000 millones de euros en proyectos previstos para entrar en funcionamiento de aquí a 2030. «A los operadores se les han cambiado las reglas del juego de un momento para otro», lamenta Díaz.

«Las inversiones internacionales se han hecho en base a un contexto legal y se han cambiado las reglas»

Es precisamente la aplicación de las nuevas exigencias a proyectos ya en marcha uno de los principales focos de conflicto. Las compañías llevan años identificando terrenos, asegurando puntos de acceso, realizando ingeniería y comprometiendo capital bajo un marco regulatorio que ahora puede cambiar antes de que las instalaciones entren en funcionamiento. El documento de alegaciones del sector advierte de que las nuevas obligaciones alteran las premisas bajo las que se tomaron decisiones de inversión y comprometen el principio de seguridad jurídica.

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