El gasto de la Administración Central en sentencias judiciales ascendió a 20.000 millones entre 2014 y 2025, según la AIReF
Regala esta noticia Añádenos en Google La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz. (EFE) 17/06/2026 Actualizado a las 13:54h.Los riesgos fiscales asociados a los desastres naturales preocupan a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el período comprendido entre 2005 y 2025, ... estos fenómenos costaron a las arcas públicas más de 65.000 millones de euros, según la Opinión sobre riesgos fiscales publicada por el organismo este miércoles.
La DANA de Valencia de octubre de 2024 hizo saltar las alarmas ante la gravedad de este tipo de catástrofes. El impacto fue de más de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia y otros 4.200 millones en indemnizaciones del CSS. De hecho, las reservas del CSS se redujeron un 30% con motivo de la tragedia, pasando de 10.000 millones de euros a 7.000 millones, según fuentes de la AIReF.
El coste de las sentencias
Las sentencias judiciales también costaron a la Administración Central 20.000 millones de euros entre 2014 y 2025, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones de euros. La AIReF calcula que, en estos años recientes, las sentencias judiciales contra el Estado tuvieron un impacto conjunto sobre el déficit público superior a 14.400 millones de euros. En concreto, el efecto ascendió a más de 11.200 millones en 2024, el 0,7% del PIB, y a 3.100 millones en 2025. Las cifras confirman su relevancia como «riesgo fiscal», según el organismo.
Actualmente, el conflicto judicial en torno al tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, aplicado entre 2013 y 2018 acarrea el mayor riesgo para las finanzas públicas, añadieron desde la AIRef. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal el tramo autonómico y el Tribunal Supremo dictaminó que las operadoras petrolíferas y no particulares podían reclamar el pago del mismo, valorado en millones de euros.
A falta de conocer el valor del importe final, desde la AIRef, consideran que se trata de un proceso con un «criterio claro contra el interés del Estado».