- DIEGO S. ADELANTADO
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Las patronales de la alimentación reclaman que las microempresas y los autónomos queden exonerados de cumplir con las obligaciones de verificación de facturas a partir de 2027.
La tercera prórroga para la entrada en vigor de las obligaciones recogidas en la Ley Antifraude, aprobada in extremisel pasado diciembre, supuso un alivio para las empresas y los autónomos que todavía no habían adaptado sus sistemas informáticos de facturación a los requisitos de verificación de la Agencia Tributaria, recogidos en el sistema Verifactu.
Sin embargo, y a pesar de que su puesta en marcha definitiva se producirá el 1 de enero de 2027 -o el 1 de julio de ese mismo año, en el caso de los trabajadores por cuenta propia-, algunas voces comienzan a alertar sobre los costes ocultos del sistema.
Tres de las patronales que representan a las empresas dedicadas al comercio de proximidad, Fedepesca (pescaderías y productos congelados), Ceoppan (panaderías, pastelerías y bollerías) y Cedecarne (carnicerías), que en su conjunto suman cientos de miles de pequeños negocios, alertan sobre la elevada inversión que muchos de ellos tendrán que hacer para adaptar sus sistemas informáticos de facturación a las obligaciones de la Ley Antifraude. Especialmente los más pequeños, con menor capacidad económica y con los cuales el Fisco no ha levantado la mano ante su entrada en vigor.
En primer lugar, según denuncian, los negocios tendrán que realizar cuantiosas inversiones en renovar las básculas que ya incorporaban un sistema de TPV. "La adaptación de estos equipos a los requisitos Verifactu implica inversiones elevadas en hardware y software, sustitución de equipos plenamente operativos y mayor complejidad técnica que en otros sectores minoristas".
El coste estimado de una báscula adaptada al nuevo reglamento, capaz de generar un código QR por cada operación y enviar la información directamente a la Agencia Tributaria, ascendería a unos 3.000 euros. Teniendo en cuenta que en muchos casos serán necesarios varios dispositivos, el gasto se multiplica. Ante estas cifras, las organizaciones empresariales aseguran que "las micropymes no pueden asumir esta carga, contando con una capacidad muy limitada para afrontar inversiones tecnológicas significativas en plazos reducidos, especialmente cuando dichas inversiones no generan un retorno directo".
Por otro lado, las patronales del comercio de proximidad recuerdan que "una parte muy significativa del comercio minorista de alimentación está acogida al Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA. Estas empresas no presentan autoliquidaciones periódicas de IVA, no deducen el impuesto soportado y, en el desarrollo ordinario de su actividad minorista, una parte relevante de las operaciones no exige la expedición de facturas".
Mayor carga de trabajo para los autónomos del comercio
La llegada de Verifactu podría suponer para ellas, además de una inversión económica, un incremento sustancial de la carga de trabajo de los autónomos, ya que, por su actividad, estos negocios realizan un número elevado de operaciones cada día.
Por ello, desde Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne proponen eximir del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Verifactu a las micropymes, a los autónomos mayores de 60 años y a los acogidos al régimen de recargo de equivalencia en el IVA, así como poner en marcha un "régimen técnico para ventas mediante báscula o una moratoria ampliada hasta que existan soluciones homologadas y de coste asumible".
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