- RICARDO T. LUCAS
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Cada vez más españoles se cuestionan dónde va la recaudación fiscal récord si hay más retrasos en el transporte público, aumentan las listas de espera en sanidad y la Justicia funciona peor.
En las últimas semanas, antes incluso del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y del colapso del servicio de Rodalies en Cataluña, las redes sociales se han llenado con denuncias de ciudadanos anónimos por el mal funcionamiento de la mayoría de los servicios públicos en nuestro país. Transporte, sanidad y justicia focalizan las quejas. Aumento de los retrasos acumulados en las líneas de tren con mayor demanda (que en muchos casos no acarrean indemnizaciones por el cambio de política de Renfe), listas de espera interminables en la sanidad, fallos en los sistemas de prevención de enfermedades, agravamiento del colapso de la Justicia, errores en el sistema de control de los dispositivos electrónicos que tratan de proteger a las mujeres maltratadas... Lo cual explica que cada vez más españoles se cuestionen dónde van los récords de recaudación que ha atesorado Hacienda en los últimos años.
La última encuesta del CIS (organismo poco sospechoso de ir en contra del Gobierno) sobre política fiscal ya reflejaba que un 48,4% de los españoles opina que pagan demasiados impuestos. Un porcentaje que ha ido creciendo conforme aumentaba también la carga fiscal sobre el conjunto de los contribuyentes debido sobre todo a la no deflactación de la tarifa del IRPF por parte del Ministerio que dirige María Jesús Montero. En paralelo, se ha disparado el porcentaje de encuestados (57,9%) que considera que la sociedad se poco o nada de lo que paga en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. El mismo estudio recogía que un 71,5% dice estar poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la Justicia, un 61,9% con la ayuda a personas dependientes, un 59,8% con las obras públicas y un 51,9% con la asistencia sanitaria. Pero sin duda el dato más llamativo es que un 79,2% considera que la Administración hace poco o ningún esfuerzo por explicar a los ciudadanos en qué se gastan los impuestos.
La explicación a eso puede estar en lo que apunta Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides. Según sus cálculos, el gasto público se ha incrementado desde 1995 en España en 4.324,5 euros por persona corregido el impacto de la inflación, pero más de la mitad del mismo se ha dedicado al pago de pensiones (52,5%), mientras que a la sanidad sólo se ha destinado el 18,8% de la nueva recaudación (813,2 euros), y a educación un 7,7% (336,1 euros) de los mayores ingresos. Lo más contradictorio con el discurso oficial del Gobierno es que el gasto estatal en políticas de transporte se ha reducido en 138,7 euros por habitante, y en vivienda 66,4 euros menos por persona.
Es decir, que el pago de las pensiones está consumiendo la mayor parte de los nuevos ingresos que recauda el Estado de asalariados y empresas, por más que Pedro Sánchez y María Jesús Montero sostengan que se dedican a reforzar los servicios públicos.
Brecha creciente
Es cierto que no se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país, ya que se está produciendo en toda Europa, pero su intensidad es mayor en España debido a la decisión avalada por la mayoría de los partidos políticos de volver a vincular la revalorización anual de las prestaciones por jubilación a la marcha del IPC promedio. Según los datos recopilados por Pablo García-Guzmán, economista asociado del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el gasto público destinado a pensiones y servicios para la tercera edad se ha incrementado un 111% en España desde el año 2004, mientras que el resto del gasto estatal excluida la sanidad lo ha hecho un 31%.Sólo Finlandia tiene una brecha mayor entre las principales economías europeas (allí el gasto para pensionistas ha subido un 108% en dos décadas, frente al 13% del resto de partidas), mientras que en Portugal esa diferencia es de 64 puntos porcentuales en favor de los pensionistas y de 50 puntos en Bélgica. Los países con el gasto más equilibrado entre ambos grupos de población son Alemania e Italia, en los que las diferencias son de tan solo 4 puntos y 1 punto.
Desde que Sánchez llegó al poder la carga de impuestos que soportan los españoles ha pasado del 34,4% al 36,7% del PIB, un alza que triplica al de la media de la OCDE, pero esa recaudación no ha supuesto la mejora de los servicios públicos, sino todo lo contrario, como refleja el aumento año a año de las quejas presentadas al Defensor del Pueblo por la recurrente falta de citas para ser atendidos por la Administración, los retrasos de trámites esenciales o las dificultades para conseguir consulta con un médico especialista.
La presión fiscal reduce el poder adquisitivo de los salarios
Una de las banderas del Gobierno del PSOE es la mejora de los salarios, esencialmente a través de los aumentos del salario mínimo desde 2018. Sin embargo, la cara oculta de su política salarial es que ha reducido el poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados. Según la OCDE, en España el poder adquisitivo de los salarios reales ha caído un 4,2% los últimos cuatro años, lo cual se debe a la elevada inflación desde 2022 y a la decisión de Hacienda de no deflactar el IRPF, que ha supuesto que buena parte de las mejoras salariales hayan acabado engordando la recaudación fiscal al no ajustar las tarifas de la Renta. La conocida como 'recaudación en frío' es la vía principal de aumento de los ingresos públicos: un 40% de los nuevos recursos del Estado. Y se concentra en la banda salarial intermedia del mercado, no sobre los sueldos más elevados como sostiene Pedro Sánchez de forma falaz.
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