La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, durante la votación de este jueves en Bruselas Parlamento Europeo
Europa Los Gobiernos socialistas de Dinamarca y Malta apoyan los centros de deportación y dejan a Sánchez aislado en la UELa presidencia chipriota insiste en que "es esencial garantizar que quienes no tienen derecho legal a permanecer en la UE sean efectivamente retornados"
Más información: La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenes
Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 27 marzo 2026 02:50hLas claves nuevo Generado con IA
La votación en la Eurocámara del nuevo reglamento de retornos -que pretende acelerar la expulsión de migrantes en situación irregular y dar cobertura legal a centros de deportación fuera de la UE- ha vuelto a evidenciar el aislamiento absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez en la Unión Europea cuando se habla de política migratoria.
La posición del Parlamento Europeo -que ha salido adelante por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones- ha sido acordada por la denominada 'mayoría Venezuela', formada por el Partido Popular Europeo (PPE) y los tres grupos de derecha radical: Conservadores y Reformistas, Patriotas y Europa de las Naciones Soberanas.
El grupo socialista -liderado en la Eurocámara por la española Iratxe García, muy cercana a Sánchez- había instado a votar en contra de la norma, acusando al Partido Popular Europeo (PPE) de haber preferido un pacto con la “extrema derecha” antes que negociar a fondo en el marco de la 'gran coalición'.
La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenesSin embargo, los eurodiputados socialistas de Dinamarca y Malta -los únicos, junto a España y Lituania, con Gobiernos liderados por esta familia política- han roto la disciplina de partido y han votado a favor de la directiva de retorno.
Es decir, Sánchez ni siquiera cuenta con el apoyo de los pocos primeros ministros socialistas que quedan en la UE. La danesa Mette Frederiksen ha cimentado su éxito electoral en una política migratoria de perfil muy restrictivo, mientras que el maltés Robert Abela dirige uno de los Estados miembros con mayor presión migratoria.
Por su parte, los socialistas suecos -que actualmente no forman parte de la coalición de Gobierno- se han abstenido. El resto de miembros del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) sí se han ajustado a la disciplina y han votado en contra del reglamento de retornos, al igual que los verdes, la izquierda radical y la mayoría de los liberales.
La votación supone un espaldarazo al modelo ensayado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania para crear allí centros de deportación de migrantes. Y deja de nuevo al descubierto la soledad en la UE del Gobierno de Sánchez, cuyo plan de regularización masiva de migrantes va contracorriente de la política comunitaria.
"No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen", ha dicho el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.
Zarzalejos ha destacado que este reglamento "entra en contradicción con la política migratoria del Gobierno de España, que abre la puerta a regularizaciones masivas y muestra una clara ausencia de estrategia para controlar la inmigración irregular".
Por su parte, los socialistas europeos sostienen que el texto aprobado por la Eurocámara "está más inspirado en las políticas de la administración Trump y en un régimen de deportaciones al estilo ICE que en los valores europeos".
Los Conservadores y Reformistas y los Patriotas hablan de "victoria histórica". "Vox y Patriotas logran aprobar la propuesta del Parlamento para un nuevo reglamento europeo de retornos, que sienta las bases de las deportaciones masivas. La remigración, cada vez más cerca", ha señalado el partido de Santiago Abascal.
La votación de este jueves en la Eurocámara no es todavía el final del procedimiento. Los representantes del Parlamento deben negociar ahora la versión definitiva del reglamento con los Gobiernos de la UE, que ya adoptaron su posición en diciembre de 2025. En aquel momento, el Gobierno de Sánchez fue el único que votó en contra de esta norma.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska expresó entonces “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los centros de retorno y alegó que podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.
Nada más concluir la votación de este jueves, la presidencia chipriota de la UE ha celebrado la primera ronda de contactos con la Eurocámara, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo antes de fin de año.
"Es esencial garantizar que quienes no tienen derecho legal a permanecer en la UE sean efectivamente retornados y que las decisiones de retorno se apliquen en la práctica en toda la Unión", ha dicho el viceministro de Inmigración chipriota, Nicholas A. Ioannides.
Obligación de cooperar
El nuevo reglamento introduce la posibilidad legal de devolver a un país tercero (distinto al de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un convenio concluido de forma bilateral o a nivel de la UE.
Es decir, se trata de un modelo de "geometría variable" que puede ser usado por los Gobiernos interesados y descartado por el resto.
La norma impone además a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, los migrantes sufrirán sanciones adicionales como multas, detención o ampliación del periodo de detención.
Las deportaciones forzosas serán obligatorias cuando un migrante que se encuentra ilegalmente en la UE no coopera, se fuga a otro Estado miembro, no se marcha de la UE en la fecha límite establecida para la salida voluntaria o plantea un riesgo para la seguridad.
El reglamento permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses.
La detención también podrá aplicarse a menores no acompañados y familias con hijos, como medida de último recurso, por el periodo más corto apropiado y teniendo en cuenta el interés superior del menor