Los socios han dejado de marcar distancias por la corrupción; las tres primeras semanas del primero de los juicios del 'caso Koldo' han transcurrido sin que el bloque de investidura haga reproche alguno
Regala esta noticia Pedro Sánchez comparece el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno ante la mirada sonriente de los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. (JJ. Guillén / EFE)Madrid
03/05/2026 a las 00:04h.«Yo reflexiono, reflexiono, reflexiono y concluyo, sinceramente, a ver si con esto les puedo persuadir, de que España lo que necesita son ocho más ... de Gobierno socialista», replicó Pedro Sánchez el pasado miércoles, con tono irónico y cierto desdén, al portavoz de UPN Alberto Catalán en el Congreso. El diputado navarro le había instado a darle una vuelta a su negativa a adelantar los comicios; argumentó que llegó al poder para, supuestamente, «acabar con la corrupción» que ahora «le acecha en su entorno, en su partido, en su Gobierno»; le acusó de «gobernar de espaldas al Congreso», de «pactar con los herederos de ETA», de impulsar «una regulación masiva de inmigrantes sin control», de practicar una política exterior «sectaria y sin consenso», y apuntó que no tiene mayoría para aprobar unos Presupuestos. Se desgañitó en balde.
socios del bloque de investidura también lo habían incorporado a sus análisis. La hipótesis de que aprovecharía las elecciones de Andalucía para someterse él también a las urnas o que aprovecharía alguna ventana de oportunidad en la que se viera más fuerte sobrevolaba el ambiente. Ahora, lo que trasladan desde muchos de esos partidos es que ven «Sánchez para rato». «Hace un año no me lo creía, pero ahora lo veo, va aguantar hasta último día. Nadie convoca para perder», resumía hace unos días uno de esos aliados. «Cuando vi que hacía vicepresidente a Carlos Cuerpo me dije: 'ya está'», apunta otro.Sobre el papel, no es un momento fácil para el Gobierno. El primer juicio del 'caso Koldo', el que juzga al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, a su asistente Koldo García y al empresario considerado por la Guardia Civil el «nexo corruptor», Víctor de Aldama, por la trama de las mascarillas, transcurre en el Tribunal Supremo en coincidencia con la campaña para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía, a las que concurre con negras expectativas la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero; la huelga de médicos que comenzó el pasado febrero y, según las autonomías, ha agravado el problema de las listas de espera sigue sin resolverse y la derogación del real decreto ley de la vivienda el martes en el Congreso evidencia su dificultad para arbitrar una solución de consenso en torno al que los españoles consideran su principal problema, el de la vivienda.
A eso hay que añadir que a agenda legislativa está comprometida. Junts, necesario para completar una mayoría suficiente, rompió hace meses con el Ejecutivo y la relación no se ha enderezado. Y el PNV, al que los socialistas califican siempre de «socio prioritario», ha advertido de que ya no va a «tragar» con reales decretos leyes (una fórmula excepcional que el Ejecutivo ha convertido en cotidiana) que no hayan sido negociados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Hace dos semanas la portavoz del Congreso, Míriam Nogueras, preguntó al presidente qué «argumentos democráticos» le quedan para no convocar elecciones. Esta, la del grupo vasco, Maribel Vaquero, si es que pretende llegar solo al final de la legislatura. Fuentes de la formación se muestran convencidas, no obstante, de que en Moncloa «han entendido el mensaje».
«Mayoría negativa»
Sánchez, en cualquier caso, cuenta con un as en la manga. Una cosa es que pueda cuajar, como alertó Aitor Esteban en julio del pasado año, una «mayoría negativa» que hace muy difícil aprobar leyes - en el Congreso hay más de 130 textos varados, acumulando plazos de enmiendas, por las apenas 60 normas (en su mayoría, reales decretos leyes) que el Ejecutivo ha logrado aprobar en tres años- y otra que esa mayoría vaya a forzar unos comicios. El PP tiene muy asumido que ni los de Puigdemont ni el PNV apoyarán nunca una moción de censura que también requeriría de Vox. Y todos los grupos reconocen que el jefe del Ejecutivo está jugando bien sus cartas erigiéndose en némesis de Trump.
Un síntoma de que los socios creen que ese intento de liderar un discurso alternativo al del presidente estadounidense en el ámbito internacional funciona y sirve también de bálsamo interno es cómo se han vivido en la Cámara baja los primeros compases del juicio contra Ábalos. Mientras el secretario general del PP, Miguel Tellado, emplazaba a los grupos de la investidura a reconsiderar su apoyo si no quieren ser «cómplices», estos apenas han hecho mención a las acusaciones vertidas por Aldama contra Sánchez y si lo han hecho ha sido, como en el caso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián para desacreditarlo y exigirle pruebas. Quien más lejos ha podido llegar ha sido Podemos. Y se limitó a decir que el PSOE ha puesto «muy difícil» distinguir lo que es una «guerra sucia judicial», a su juicio evidente, y lo que es «verdadera corrupción».
En junio de 2025, cuando un informe de la UCO destapó los vínculos del sucesor de Ábalos en Organización, Santos Cerdán, con la trama corrupta, todos marcaron distancias y exigieron medidas. El propio Sánchez afirmó que se había planteado la dimisión, pero acabó ofreciendo a sus socios, en un pleno monográfico, un plan de 15 medidas que sirvió para apaciguarlos. Once meses después, buena parte de ellas siguen pendientes de implementación. Pero casi nadie se acuerda.
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