Los grupos políticos vigilan las fechas del debate presupuestario de fin de año para adivinar un posible adelanto electoral

Carlos Cuerpo y Arcadi España, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Hacienda, respectivamente. César Vallejo Rodríguez / Europa Press

La falta de un día fijo para presentar los PGE ha levantado las alarmas.

Si el Gobierno no supera las enmiendas a la totalidad puede haber elecciones.

Más información: El entorno de Page desafía a Sánchez por la financiación y alimenta una posible rebelión socialista en el Congreso.

Tanto el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, como su fiel escudero del Ministerio de Hacienda, Arcadi España, se resisten a garantizar que los Presupuestos y su libro amarillo estarán listos para ser presentados antes del 30 de septiembre, como mandan los cánones.

“Se presentarán cuando estén”. Es la excusa perfecta para levantar todas las sospechas sobre el manejo de los tiempos a la hora de presentar unas cuentas públicas, cuyo rechazo anunciado por el arco político puede dar lugar, otra vez, a una convocatoria electoral.

Tanta precaución ha hecho que en el seno de los grupos parlamentarios, nacionalistas vascos y catalanes incluidos, estén ya haciendo cábalas con la premisa de que cualquier retraso en el debate presupuestario puede marcar el inicio de un proceso electoral.

La negativa de Cuerpo y España (y el propio Sánchez) a poner una fecha concreta, ni siquiera a comprometerse con el plazo legalmente establecido, ha levantado las alarmas en el Congreso, ante un posible “adelanto técnico electoral” a primeros del año que viene.

Y todo viene precedido por un encuentro del presidente con sus diputados y senadores de inicio de curso en el que se habló de elecciones en 2027 y de darlo todo en este periodo de sesiones de final de año. Sin más concreciones.

Entre las propias filas socialistas, cercanas a Moncloa y presentes en ese encuentro, se cuenta con los Presupuestos y la financiación autonómica como los dos grandes parapetos económicos con los que cuenta el Gobierno para justificar una nueva cita con las urnas.

Eso evitaría profundizar más en el desgaste que está suponiendo la crisis de Ceuta, el deterioro que acumulan los casos Koldo, Leire, Zapatero, y la guinda al pastel que le ha puesto el listado de periodistas de Interior.

Los dos meses y medio que se tarda en aprobar unos Presupuestos, si todo va bien, dan muchas opciones para cortar el proceso en caso de rechazo frontal. Si se presentaran a finales de septiembre, el primer encontronazo serían el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso, en el mes siguiente.

Un rechazo al texto del Gobierno que provoque su vuelta a la casilla de salida por no tener los 176 votos necesarios para pasar al debate en comisión, colocaría casi en noviembre cualquier cita electoral posterior, que se debe convocar con los 54 días de antelación que marca la Constitución.

A estas alturas del mes de septiembre, lo lógico es que en el Ministerio de Hacienda se tengan ya cuadradas las peticiones presupuestarias de todos los ministerios y los programas en los que se dividirán las partidas. La idea lanzada por el Ejecutivo es hacer unas cuentas públicas con un marcado gasto social y muy centradas en la vivienda.

Fuentes internas del Departamento de Arcadi España admiten que el proceso está en marcha, aunque el ánimo no sea el mejor por tratarse de un año electoral. Después de tres años sin Presupuesto y con el Gobierno bajo mínimos, la presión es mayor. La única pauta clara es que hay que presentarlos: "No puede no haber Presupuestos", señalan desde Hacienda.

Financiación en barrena

Mientras el debate presupuestario busca su desenlace, el otro foco económico que puede suponer un fracaso sonado para el Gobierno de Sánchez es la financiación presupuestaria. El rechazo frontal a la propuesta de todas las CCAA salvo Cataluña y Canarias cosechado hace una semana hace prever los peores augurios.

Hacienda tenía toda la estrategia centrada en una negociación 'one to one' con cada gobierno autonómico, para poner sobre la mesa los millones de euros de más que pueden llegar a tener si aceptan el modelo prepactado con Cataluña.

Sólo Castilla-La Mancha y Asturias, las dos comunidades socialistas, se han sentado a la mesa, pero con un resultado muy negativo para el conjunto. Ni Barbón ni Page están dispuestos a perder votos, a nueve meses de sus comicios, si ceden en su discurso antinacionalista.

El caso es especialmente grave en Castilla-La Mancha. Tal y como publica El Digital de Castilla-La Mancha, de EL ESPAÑOL , el entorno político del presidente Emiliano García-Page alimenta la posibilidad de que los diputados socialistas de la región puedan romper la disciplina de voto en el Congreso si la reforma es aprobada en el Consejo de Ministros y avanza sin cambios en su tramitación parlamentaria.

La opción no se ha planteado todavía como una decisión adoptada por el PSOE de Castilla-La Mancha ni como una instrucción formal a sus parlamentarios. Pero dos voces relevantes del ámbito socialista regional han dejado abierta esa puerta en los últimos días: el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido.

Más allá de la guerra interna en el PSOE por la financiación, para que el modelo pase por el Congreso debe contar con el apoyo de Junts. Hasta ahora lo ha rechazado, porque procede de un pacto PSOE-ERC, pero todo puede ocurrir.

Desde Hacienda se han afanado en poner un nuevo fondo para arreglar peculiaridades de cada autonomía. Incluso a ceder 4.000 millones más entre las CCAA (además de los 21.000 millones que ya supone la propuesta) si las autonomías quieren aprovechar sus superávit en políticas sociales, como vivienda.

Si con todo ese reparto millonario, fruto de una recaudación tributaria disparada, el Gobierno no logra hacer valer el nuevo sistema de financiación en el Congreso, para aprobarlo con toda la legitimidad de un proyecto de ley, estaremos ante otra ventana de oportunidad para tirar la toalla y convocar elecciones.

Fuentes consultadas en los grupos parlamentarios entienden que Presupuestos y financiación son dos caras de una misma moneda, que no pueden tratarse por separado. Pero su uso como baza para justificar un adelanto electoral es independiente de ese hecho y se maneja ya en los pasillos de Moncloa.

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