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Un miembro del servicio de urgencias de un hospital al sur de Gaza es trasladado herido tras un bombardeo contra las instalaciones. AFP Los hospitales, objetivo de guerraCasi 2.000 trabajadores sanitarios y pacientes fueron asesinados en 2025, sobre todo en Sudán, Myanmar y Gaza, lo que revela la pérdida de protección de las instalaciones médicas en los conflictos armados, según MSF
Miércoles, 21 de enero 2026, 10:27
... las agresiones contra los centros de salud en este tipo de escenarios han alcanzado cifras récord. Según las estadísticas, a lo largo del pasado año un total de 1.981 pacientes y trabajadores sanitarios y humanitarios perecieron en 1.348 ataques armados contra instalaciones médicas.Los denominados 'ataques por error' han dado paso a un discurso que justifica su conversión en objetivo lícito al perder la protección del Derecho Internacional. «Este cambio refleja, a menudo, una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población», afirma Erik Laan, experto en incidencia política de la organización promotora del dossier.
La responsabilidad ha cambiado dramáticamente. Las instalaciones sanitarias, en vez de ser consideradas automáticamente civiles y, por tanto, protegidas, deben ahora demostrar que no son objetivos militares. «Con frecuencia, se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque», explica. «Esto impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes».
El 81% de los incidentes registrados se atribuye a efectivos progubernamentales. «La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas», afirma Raquel González, coordinadora de MSF España y responsable de la campaña 'Nuestra línea roja', que denuncia este tipo de agresiones y pide el respeto del derecho internacional humanitario.
Consejo de Seguridad
El 3 de octubre de 2015 un centro de traumatología de la ciudad afgana de Kunduz fue alcanzado por la aviación estadounidense, que lanzó más de 211 bombas. Perdieron la vida 42 personas, entre ellas 17 miembros de MSF. La destrucción fue enorme y la organización dejó de prestar servicios en la clínica que atendía a más de 2.500 pacientes.
El mando militar buscó coartadas. «Se nos acusó de que el hospital era una base talibán, que estábamos curando al enemigo e, incluso, de actuar en autodefensa ante una hipotética amenaza proveniente del lugar», explica Paula Gil, presidenta de la sección española, en un documental incluido en esta iniciativa, en el que también lamenta que no se facilitara ninguna investigación externa e independiente de cara a obtener resultados imparciales.
Los ataques al sector médico siempre han existido, explica la responsable «No es que vengamos de una Edad de Oro en la que todo se respetaba y la acción humanitaria se podía ejercer con seguridad, pero tras Kunduz sí que se vio una mayor respuesta», alega. Entonces, el sector humanitario presionó para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara una resolución, la 2286, sobre protección de personal e instalaciones médicas en la que se pedía el fin de la impunidad para los responsables de estas acciones.
Diez años después, sin embargo, la atención humanitaria sufre un mayor número de acciones similares con efectos aún más graves. Hace tres meses, el Hospital Saudita de Maternidad, el único que funcionaba en la ciudad sudanesa de Al Fasher, sometida a un largo asedio, fue objeto de un asalto en el que murieron tiroteados 460 pacientes y sus acompañantes, y seis trabajadores fueron secuestrados. La Organización Mundial Sanitaria apunta que, desde el comienzo de conflicto en la república africana en 2023, se han producido 185 incursiones armadas contra la red sanitaria.
Los Estados deben cumplir el derecho internacional y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar con el fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir que sus instalaciones sean utilizadas con fines militares e integrar la protección de estas entidades en la toma de decisiones, añade Laan en el informe. «También tienen que rendir cuentas cuando se incumplan las leyes, y deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias pesquisas y compartir los resultados de forma transparente», indica.
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