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Pie de foto, Información del artículo- Autor, Cecilia Barría
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Muchos trabajan en servicios esenciales para los estadounidenses como centros de salud y hogares de ancianos.
EE.UU. los acogió después de un devastador terremoto en Haití en 2010, otorgándoles un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que fue extendido sucesivamente debido a la crisis de seguridad que enfrenta un país dominado por brutales pandillas.
Pero ahora, unos 350.000 haitianos que han vivido por más de una década en EE.UU. bajo la protección del TPS corren el riesgo de ser deportados luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara el fin del programa.
Estaba previsto que el programa llegara a su fin esta semana, pero una jueza federal suspendió temporalmente este lunes la aplicación de ese final, dándole un respiro a los haitianos que con angustia se preguntaban qué pasaría con sus vidas.
Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, quienes le han dado trabajo a cientos de miles de haitianos se preguntan dónde van a conseguir gente para ocupar puestos tan importantes como auxiliares de enfermería, asistentes en centros de rehabilitación, cuidadores en hogares de ancianos, médicos, cocineros, personal de aseo o de mantenimiento.
"Los hospitales y los ancianos los necesitan", dice Leonie Hermantin, directora de Proyectos Especiales de la organización Sant La, en Miami, Florida, el estado que concentra la mayor población de haitianos de EE.UU.
Muchos de los trabajadores sanitarios, explica, pusieron en riesgo su vida durante la pandemia de Covid y, si el TPS es eliminado, afectará el cuidado de los pacientes por falta de personal. "Los pacientes van a sufrir las consecuencias".
Como se trata de trabajadores esenciales, apunta, será muy difícil reemplazarlos. "Son los primeros que llegan y los últimos que se van" y siempre están dispuestos a hacer horas extra.
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Pie de foto,Así lo confirma Rob Liebreich, presidente y director ejecutivo de Goodwin Living, una organización sin fines de lucro con orientación religiosa dedicada a la atención y el cuidado de personas mayores en Virginia y Washington D.C.
Si se elimina el TPS, "es desgarrador que personas realmente buenas que disfrutan cuidando a personas mayores sean obligadas a dejar sus trabajos".
Las proyecciones, explica, apuntan a que el sector de atención y servicios para personas mayores en Estados Unidos necesitará más de tres millones de trabajadores adicionales para el año 2040.
Liebreich cuenta que su organización podría atender a cientos de personas más, "si contáramos con más miembros del equipo clínico, como enfermeros y terapeutas".
La comunidad haitiana, agrega, contribuye al cuidado de los adultos mayores, paga impuestos y enriquece a las comunidades locales. "Aportan mucho más de lo que reciben".
"No es un programa de asilo"
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), le dijo a BBC Mundo que el TPS "nunca fue concebido como un programa de asilo de facto, sin embargo, así lo han utilizado los gobiernos anteriores durante décadas".
El gobierno de Trump, agregó en una declaración escrita, está restaurando la integridad del sistema de inmigración para proteger al país.
Durante décadas, el TPS ha sido objeto de "abusos, explotación y politización", apuntó.
Es completamente falso, agregó McLaughlin, que la única manera de cuidar a los adultos mayores sea permitiendo que "inmigrantes indocumentados sin antecedentes verificados y extranjeros con antecedentes penales permanezcan en el país".
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Trabajadores haitianos que temen por su futuro demandaron al gobierno, argumentando que el DHS no siguió el proceso adecuado para determinar si es realmente seguro que regresen a su país.
La demanda presentada ante los tribunales también argumenta que la decisión de poner fin al TPS está motivada, entre otras razones, por prejuicios raciales, una acusación que el gobierno niega.
Según la Casa Blanca, las leyes no le permiten a los jueces revisar este tipo de determinaciones. A su juicio, la decisión le compete exclusivamente al Departamento de Seguridad Nacional.
Y, por otro lado, sostiene que las condiciones en Haití han mejorado como para permitir el retorno seguro de sus ciudadanos.
Sin embargo, la jueza Ana Reyes, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, determinó que el gobierno ignoró varios requisitos legales antes de tomar la decisión.
También cuestionó el argumento gubernamental de considerar seguro el retorno a un país que el propio Departamento de Estado considera tan peligroso como para emitir alertas de viaje y prohibir los vuelos.
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Pie de foto,"Es una verdadera injusticia"
Según un análisis realizado por la centro de estudios Migration Policy Institute, con datos de la Oficina del Censo de EE. UU. de 2023, existen 111.000 inmigrantes haitianos que trabajan en el sector de la atención médica.
Ellos, junto a la gran población de haitianos que trabaja en el sector de cuidados del adulto mayor, se han transformado en un recurso laboral importante para satisfacer las necesidades de pacientes y ancianos.
Según Katie Smith Sloan, presidenta y directora ejecutiva de LeadingAge, una asociación de proveedores sin fines de lucro de servicios para personas mayores, muchos de sus miembros están perdiendo a cuidadores con amplia experiencia y autorización legal.
Esta situación, afirma, "destruye relaciones de confianza y agrava la escasez de personal", le dice a BBC Mundo.
A final de cuentas, la falta de trabajadores en el sector termina perjudicando a los adultos mayores y sus familias. "Es una verdadera injusticia", apunta.
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Pie de foto,En los últimos días han proliferado manifestaciones pacíficas en distintas partes de EE.UU. para pedir un camino hacia la residencia permanente de los haitianos con TPS.
Ellos no quieren regresar porque sus vidas correrían peligro pero, además, muchos han formado familias en EE.UU. "Algunos tienen hijos estadounidenses que nacieron aquí. ¿Qué van a hacer si sus padres tienen que irse?", dice Leonie Hermantin.
Haití ha sido por décadas el escenario de una profunda crisis económica, social y política, que escaló tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Pandillas y grupos paramilitares han tomado el control de una parte del país en medio de un clima de asesinatos indiscriminados, hambre y un sistema de salud decrépito.
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Pie de foto,Pero los haitianos no son los únicos beneficiarios del programa que han estado en la mira del gobierno, en el marco de su campaña por reducir el número de inmigrantes en el país.
También ha ocurrido con ciudadanos de otros países como Venezuela, Honduras, o Nicaragua.
En todos los casos, el gobierno ha argumentado que las condiciones en sus países de origen ya no cumplen con los criterios para ser beneficiarios del programa, como enfrentar dificultades extremas en medio de un conflicto armado o un desastre natural.