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Los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados dos meses antes de las detenciones

Los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados dos meses antes de las detenciones
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Los dirigentes de la aerolínea vinculada al chavismo y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, se reunieron con abogados y borraron documentos antes de los registros de la UDEF el pasado 11 de diciembre. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la fuga de información sólo pudo producirse "desde dentro del Ministerio de Interior".

De izquierda a derecha: Roberto Roselli, Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola, investigados en el 'caso Plus Ultra'. Diseño: Arte EE

Tribunales EXCLUSIVA Los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados dos meses antes de las detenciones

Los dirigentes de la aerolínea vinculada al chavismo y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, se reunieron con abogados y borraron documentos antes de los registros de la UDEF el pasado 11 de diciembre.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la fuga de información sólo pudo producirse "desde dentro del Ministerio de Interior".

Publicada 12 enero 2026 03:25h

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Los imputados del caso Plus Ultra recibieron un aviso sobre la investigación policial dos meses antes de ser detenidos, lo que les permitió borrar mensajes y destruir documentos.

La investigación apunta a un posible soplo desde dentro del Ministerio del Interior que habría alertado a los directivos de la aerolínea y a asociados vinculados al chavismo.

Se investiga a diez personas por blanqueo de capitales y fraude, vinculados al uso indebido de ayudas públicas y movimientos de dinero ilícito relacionados con Venezuela.

La trama habría utilizado parte del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 para operaciones de blanqueo y desvío de fondos, con ramificaciones internacionales.

Los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados dos meses antes de las detenciones.

Según revelan fuentes del caso a EL ESPAÑOL, los dirigentes de la aerolínea vinculada al chavismo y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, buscaron abogados y borraron documentos antes de sus detenciones el pasado 11 de diciembre.

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, Roberto Roselli, CEO de la compañía, el empresario Julio Martínez Martínez y un abogado del que no ha trascendido el nombre fueron puestos en libertad 48 horas después.

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Todos ellos, junto al menos otras seis personas, están siendo investigados por blanqueo de capitales y fraude en una pieza que se mantiene aún secreta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Al menos desde el mes de octubre, los imputados habrían conocido que estaban siendo investigados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que podían ser detenidos en cualquier momento.

A partir de este soplo, los dirigentes de Plus Ultra y el amigo de Zapatero habrían contactado con varios abogados para preparar su defensa.

En este periodo de dos meses, según fuentes cercanas a la investigación, los imputados aprovecharon para borrar mensajes, emails y destruir documentos que eran de interés para las pesquisas de la UDEF.

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Hasta el momento no se ha podido precisar el origen de la fuga de información; sin embargo, estas fuentes aseguran que el soplo al presidente de Plus Ultra, al CEO de la aerolínea y al amigo personal de Zapatero "sólo puede proceder desde dentro del Ministerio del Interior".

Julio Martínez Martínez, según los investigadores, habría colaborado con sus sociedades al blanqueo de capitales.

Una de estas sociedades es Análisis Relevante SL, una consultora que está domiciliada en la calle Diego de León, 35 de Madrid.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL esta sociedad ha trabajado para Plus Ultra con la que mantenía una relación mercantil.

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Los imputados habrían "blanqueado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".

Estas actuaciones delictivas estarían vinculadas a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.

Y, según la querella de Anticorrupción, Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con sociedades vinculadas al expolio del oro.

Estos acuerdos habrían sido, presuntamente, empleados para el blanqueo de fondos ilícitos en fechas próximas a la recepción del rescate por parte de la aerolínea.

La trama habría utilizado los 53 millones de euros con los que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra en 2021 para delinquir, según la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia de la Fiscalía también relata venta de oro, por importe de 30 millones de euros, a una sociedad de Emiratos Árabes, por parte de una de las empresas que firmaron los mencionados contratos.

A su vez, Anticorrupción aludió a movimientos de dinero hacia Panamá y a la venta de relojes de lujo para el blanqueo de capitales.

El Ministerio Público apuntaba, en su denuncia, a un supuesto fraude en su modalidad de "uso indebido de ayudas públicas" (el conocido como fraude de subvenciones).

Conviene recordar que en 2020 el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, firmó un acuerdo para intercambiar petróleo (procedente de la petrolera estatal, PDVSA) por alimentos para sus programas CLAP.

Anticorrupción recibió la información sobre las supuestas actuaciones delictivas de Plus Ultra de las autoridades francesas (Parquet National Financier) y suizas (la Fiscalía de Ginebra).

En ambos países, según fuentes jurídicas, la trama investigada tendría ramificaciones y en ella también estaría implicado un abogado español.

Los 10 investigados

La investigación judicial en el caso Plus Ultra tiene, por el momento, una lista de diez investigados en una causa que instruye la magistrada Esperanza Collazos.

Todos figuran como investigados por su presunta participación en una estructura organizada, con ramificaciones internacionales, para blanquear dinero y defraudar con ayudas sociales en Venezuela.

Julio Martínez Sola

Presidente y propietario de Plus Ultra Líneas Aéreas, es la figura central de la compañía rescatada con fondos públicos.

Su nombre aparece ligado a la gestión de una aerolínea con pérdidas recurrentes y elevados riesgos financieros.

La UDEF le detuvo el 11 de diciembre de 2025 dentro de la operación judicial abierta por blanqueo de capitales. Permaneció 48 horas bajo custodia policial.

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Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares. Se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir de España. También debe comparecer semanalmente ante el juzgado.

En su trayectoria empresarial figura el antecedente de Air Madrid, una aerolínea que cesó su actividad años atrás tras una grave crisis operativa y financiera.

Roberto Roselli

Director ejecutivo de Plus Ultra desde 2021, había ejercido previamente como director financiero de la aerolínea.

Cuenta con una carrera vinculada al ámbito financiero y a la industria energética en Europa y América Latina.

Antes de su llegada a Plus Ultra, participó en varios proyectos empresariales y ocupó cargos de responsabilidad en Venezuela.

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Fue detenido el mismo día que el presidente de la compañía, dentro del mismo operativo policial. Tras su arresto, quedó en libertad con idénticas medidas cautelares.

La investigación le sitúa en el núcleo gestor de la aerolínea durante el periodo clave del rescate público. Su papel se analiza por su acceso directo a las decisiones financieras y a los movimientos de tesorería.

Julio Martínez Martínez

Empresario español al que la UDEF vincula con una extensa red societaria creada durante años y que no tiene casi actividad oficial.

Los investigadores le consideran una figura clave por su relación con negocios conectados con Venezuela y vieja amistad con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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En los meses posteriores al rescate de Plus Ultra, asumió cargos de administrador en varias sociedades de forma simultánea. En el ejercicio de 2021 declaró elevados importes en efectivo y activos líquidos en una de sus empresas, Zenzap.

Fue detenido el 11 de diciembre de 2025 y quedó en libertad con medidas cautelares. La causa analiza su papel como posible intermediario y su relación con estructuras empresariales con escasa actividad real.

Luis Felipe Baca Arbulu

Empresario de nacionalidad peruana con experiencia en el sector bancario internacional.

Ha residido en Suiza, Francia y España, y actualmente vive en República Dominicana. En los meses previos al rescate en 2020, concedió un préstamo millonario a Plus Ultra desde cuentas suizas para cubrir gastos operativos.

La Fiscalía le atribuye la organización de flujos financieros relevantes entre empresas extranjeras sin justificación económica aparente.

Se sospecha que el dinero inyectado en Plus Ultra provenía de fondos venezolanos desviados a través de cuentas en Ginebra.

Está siendo investigado en varios países europeos por blanqueo de capitales. No fue detenido al encontrarse fuera de España cuando se produjo la operación policial.

Enrique Martín Baca Arbulu

Hermano de Luis Felipe Baca Arbulu y residente también en República Dominicana.

Se sospecha que él y su hermano utilizaron estructuras en Luxemburgo para aflorar al menos 7 millones de euros tras el cobro del rescate público otorgado por la SEPI.

Figura como administrador único de varias sociedades españolas. Tras las detenciones de diciembre de 2025, llevó a cabo la disolución de una de ellas, Kaimana Capital.

Está siendo investigado por autoridades judiciales de España, Francia y Suiza. No fue arrestado al encontrarse fuera del país.

Gabriela Puente Garaboa

Ciudadana venezolana que actúa como asistente personal de los hermanos Baca Arbulu. Forma parte del entorno directo de los empresarios peruanos y reside con ellos en República Dominicana.

Los investigadores analizan su papel como apoyo operativo y administrativo dentro del entramado.

No fue detenida durante la operación policial al no encontrarse en España. Su imputación se centra en su presunta colaboración con las actividades bajo sospecha.

Kristhian Alegre Walter

Empresario peruano afincado en Tenerife, donde desarrolló labores de intermediación financiera.

Figuró como administrador de varias sociedades vinculadas a los hermanos Baca Arbulu. Su actividad conecta la estructura investigada con Canarias y con sociedades registradas en Luxemburgo.

En 2021 asumió la gestión de una nueva empresa, Makaha, relacionada con el entramado. La Fiscalía le atribuye un papel relevante en la expansión territorial de la red liderada por los hermanos Baca Arbulu.

Está siendo investigado por blanqueo de capitales, aunque no fue detenido en diciembre de 2025.

Danilo Alfonso Diazgranados Manglano

Bróker venezolano con una larga trayectoria vinculada a operaciones financieras del entorno chavista.

Manejó importantes volúmenes de capital público en operaciones internacionales durante la etapa de Hugo Chávez. Su patrimonio fue estimado en cifras multimillonarias hace más de una década.

Reside a caballo entre la República Dominicana, en el mismo enclave que los hermanos Baca, y Nueva York.

Está siendo investigado por las autoridades francesas en una causa bajo secreto. En el Caso Plus Ultra se le investiga por su presunta integración en la organización criminal.

Simon Leendert Verhoeven

Empresario neerlandés y acreedor de Plus Ultra durante los meses previos al rescate público.

Concedió varios préstamos puente a la aerolínea a través de sociedades de inversión radicadas en distintos países. Los contratos incluían intereses elevados y cláusulas de devolución automática tras el rescate.

Las fiscalías de Suiza y Francia le investigan como presunto cabecilla del entramado financiero vinculado a Venezuela.

La investigación en España sostiene que, una vez que el Gobierno inyectó los 53 millones de euros del rescate, la aerolínea priorizó la devolución de la deuda a Verhoeven, lo que se sospecha fue una maniobra para aflorar capitales.

La UDEF le sigue el rastro por el presunto uso de sociedades en España, como Gerencia Deep, para blanquear dinero mediante la compra de casas de lujo en Mallorca.

Abogado español imputado

Se trata de un abogado español cuya identidad no ha salido aún a la luz.

Está imputado por su presunta participación en la creación de sociedades pantalla y en operaciones inmobiliarias investigadas por la Fiscalía.

Su actuación habría sido clave en el diseño jurídico de estructuras utilizadas para mover capitales.

Fue detenido durante el mismo operativo policial de diciembre de 2025. Tras declarar, quedó en libertad con medidas cautelares.

Los investigadores le atribuyen un papel técnico esencial en el entramado societario analizado.

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