- A. MEDINA.
Los inversores en centros de datos se muestran sorprendidos por el Real Decreto anunciado para el sector y piden un marco regulatorio estable y razonable para seguir atrayendo inversión.
Los grandes inversores en centros de datos se han mostrado sorprendidos por el Real Decreto anunciado por el Gobierno para el sector, al tiempo que piden una marco regulatorio estable y razonable que evite la inseguridad jurídica y atraiga nuevas inversiones, según se puso de manifiesto en la segunda mesa del Encuentro Expansión Centros de datos, organizado por EXPANSIÓN con el patrocinio del Gobierno de Aragón, CEEI Aragón, Schneider Electric, Endesa y Consolis Tecnyconta, celebrado en el Espacio Ibercaja Xplora de Zaragoza.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC (Asociación Española de Data Centers), expresó su sorpresa por conocer la existencia del Real Decreto sin haber hablado previamente con el sector, asegurando que éste no comparte ninguna de las restricciones que incluye. "Nosotros somos el 0,8% del consumo de energía, frente al 21% de Irlanda. Somos 439 megavatios a día de hoy, por tanto no está justificado", aseguró Villacís. "El decreto es infumable, es una suma de limitaciones que directamente lo convierte en una prohibición. Aquí tenemos el ejemplo de Europa, que acaba de publicar el etiquetado la semana pasada, y dejo fácil el titular: Europa etiqueta, pero España veta".
A su juicio, el decreto no atrae nuevas inversiones. "No puede venir nadie a poner un centro, es prácticamente imposible, no no ha habido nadie que levante la mano para decir que pueda cumplirlo. Y no nos hemos quedado solos", en relación a todas las asociaciones de renovables, que han presentado alegaciones.
Aunque mostró sus esperanzas en que el Gobierno se de cuenta y rectifique, y de la respuesta de los dictamenes de la CNMC o el Consejo de Estado.
Peter Knapp, director general de Tillion Data Center, filial del Azora especializada en infraestructuras de centros de datos de gran escala en Europa, apuntó a los inversores. "España estaba en una posición positiva a nivel mundial hace dos meses; ahora ha cambiado. Pero personalmente estoy más tranquilo, porque he visto estos procesos en muchos países y al final se ha establecido un marco positivo. Los inversores quieren un marco regulatorio estable, saber cuáles son las reglas, aunque sean un poco difíciles de seguir, y la incertidumbre es malísima. El capital es miedoso y hablamos de miles de millones de inversiones". El grupo Azora está promoviendo un campus de centros de datos en Villamayor de Gállego (Zaragoza), con una inversión superior a los 2.300 millones de euros.
"La industria del data center quiere una regulación específica de centros de datos, que esté alineada con la descarbonización, con la eficiencia energética y con la eficiencia de consumo de agua. Y queremos una regulación que se pueda cumplir, que sea razonable y que se consensue tanto con el sector privado, como con asociaciones y con el Gobierno", apuntó Bruno Bravo, director de pre-desarrollo de QTS Data Centers.
La empresa estadounidense de centros de datos a gran escala, perteneciente a Blackstone, acaba de recibir vía líbre del Gobierno de Aragón para su campus en Calatorao (Zaragoza), con una inversión superior a 13.400 millones. "Es un proyecto que se empezó hace más de tres años, con un diseño ya cerrado en cuanto a la infraestructura electromecánica, con unos permisos ya concedidos, y es muy complicado cumplir con el Real Decreto a día de hoy como está redactado. Tenemos la esperanza en que se va a flexibilizar", añadió.
Amazon Web Services también mantiene sus proyectos en España.
David Blázquez, director de Políticas Públicas de Infraestructura y Energía para Amazon Web Services en España y Portugal, aseguró que la incertidumbre no es sólo para los inversores, también para "las personas que trabajan en estos proyectos y sus familias, con las que tenemos un compromiso, al igual que con las constructoras y las más de 100 empresas aragonesas locales con las que trabajamos". El directivo de AWS, que está invirtiendo cerca de 33.700 millones de euros en España en infraestructura de centros de datos, invitó al Gobierno "a vivir el europeísmo con firmeza y a participar de esos debates, de manera que España no esté en otra velocidad diferente a la de los temas que se están discutiendo en Europa".
"Son proyectos que nos cuestan tres o cuatro años de diseñar y hasta 10 años de ejecutar completamente, necesitamos seguridad jurídica y previsibilidad", añadió Ana Liesa, directora de Relaciones Comunitarias de Microsoft para España y Grecia. Además, indicó "nosotros somos embajadores de nuestro país en las sedes donde se toman las decisiones o donde se termina de conformar la decisión. Por lo tanto, muchas veces, cuando te encuentras con escenarios como el que hemos visto con el Real Decreto, se hace muy difícil competir contra otras localizaciones que tienen esa estabilidad jurídica o un marco regulatorio mucho más estable y más claro a corto o a largo plazo".
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