El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Arte EE
EmpresasOPA HOSTILLos inversores extranjeros ponen en revisión sus planes en España a la espera de un cambio políticoEl primer trimestre ha sido muy discreto para la inversión porque se asume que en un año habrá elecciones y un nuevo Gobierno.
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Fernando Cano Publicada 14 junio 2026 02:22h Las clavesLas claves Generado con IA
Los inversores extranjeros han decidido poner en pausa sus proyectos para España a la espera de que la situación política se clarifique. El sector la mira con lupa y no ve con buenos ojos lo que está pasando.
Desde fondos de capital, asesores de grandes empresas extranjeras hasta analistas de bancos de inversión confirman que el contexto no es para nada propicio, por lo que grandes corporaciones han decidido esperar a que comience un nuevo ciclo político.
El diagnóstico es similar al de los empresarios españoles, que dan por amortizado a Pedro Sánchez y más después de la avalancha de casos de corrupción que se han agolpado en las últimas semanas.
El escudo antiopas ha obligado a 386 empresas extranjeras a pasar por el Gobierno para invertir en España desde 2022Nadie quiere invertir en un país donde su Gobierno está cercado judicialmente por cada vez más frentes y en especial después de que se haya puesto en duda la entrega de ayudas públicas y la contratación estatal, como en los casos de Tubos Reunidos o Plus Ultra.
El sector cree que el cambio político se producirá pronto y que -como tarde- llegará en un año, cuando se agote la actual legislatura. En este sentido, ven positiva la llegada de un nuevo Gobierno para dar tranquilidad al inversor extranjero.
Los saudíes llegaron a Madrid tras el 23J y aprovecharon su resultado para cerrar 'la toma' de TelefónicaNo se mojan políticamente, pero muchos reconocen que el desembarco del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóosería la única manera de desbloquear la situación.
Y es que estas mismas fuentes advierten de que todo ha ido a peor en lo que va de 2026. A la conocida inseguridad jurídica, el riesgo latente de subidas de impuestos y parálisis parlamentaria que impide mover ficha en el apartado económico, se le ha sumado una grave crisis institucional en el Gobierno y el PSOE con insospechadas consecuencias.
España se convierte en el 'caballo de Troya' de los coches chinos en la UE en plena crisis de la industria europeaLos asesores de inversores extranjeros reconocen que España -y Sánchez- vivieron una época dorada entre 2023 y 2024 gracias al tirón de proyectos que se comenzaron a gestionar tras la pandemia.
Un mix de energía barata, una fiscalidad accesible para las renovables y un contexto económico que parecía no tener sobresaltos logró que inversiones vinculadas a la sostenibilidad generaran la falsa sensación de que España era un destino prioritario para la inversión extranjera.
El comité de inversiones del Gobierno dará el poder a Moncloa para controlar los grandes proyectos de empresasEn 2023 se llegó a los 31.418 millones de euros de inversión extranjera directa (IED) y en 2024 se superó esta cifra hasta los 39.351 millones. Cifras condicionadas por un elevado nivel de gestión de deuda, lo que redujo considerablemente la inversión real neta en capital y patrimonio.
Es así como el desplome en 2025 fue del 21,8%, hasta los 30.754 millones. Un desplome que tiene dos explicaciones: el agotamiento de algunos proyectos que ya se han completado -y que generaron las subidas de cursos anteriores- y la pérdida de atractivo de España como destino de inversiones.
La banca de inversión ya recibe consultas de sus clientes sobre la corrupción del PSOE y la crisis institucional españolaEn la primera parte de este año fueron pocas las grandes operaciones de M&A que cristalizaron. Se produjeron compras como la del banco TSB por parte del Santander, pero la mayoría involucraron a empresas españolas fuera de nuestras fronteras.
Dentro de España sólo se registró la adquisición del Atlético de Madrid por parte del fondo Apollo por 1.425 millones o la adquisición de Ayesa Engineering por parte de Colliers por unos 600 millones de euros.
La inversión de las empresas españolas en el extranjero se desploma un 56% hasta su nivel más bajo en 27 añosDe no mediar sorpresa, las cifras del primer trimestre no serán buenas. Aunque la baja base comparativa registrada entre enero y marzo de 2025 con apenas 4.067 millones (un 45% de caída respecto de igual periodo de 2024) puede minimizar las caídas, se estará lejos de un buen comportamiento.
En su último informe de abril, la firma de consultoría estratégica Kearney reflejó que España cayó cuatro puestos, de la posición 11 a la 15, en el ranking de los países más atractivos para la inversión extranjera.
El análisis, que destaca en áreas como las energías renovables y el transporte de mercancías, penalizó a España por factores como la deuda pública, el desempleo y el blindaje a las inversiones extranjeras en sectores clave.
El Índice de Confianza para la Inversión Extranjera Directa (FDI) de 2026, elaborado por el Global Business Policy Council de Kearney reflejó un "reposicionamiento del país en torno a sectores estratégicos" y enmarcó los resultados en un "contexto de creciente competencia internacional" por atraer esta inversión.
España aleja la confianza
Es decir, mientras otros países facilitan la inversión en medio de una oleada proteccionista y de constantes conflictos globales que afectan las cadenas de suministros, España pierde fiabilidad y aleja la confianza.
Los inversores extranjeros siempre han criticado a España por la excesiva burocracia y la rigurosa legislación laboral, pero es que ahora se suma la inestabilidad política y la inseguridad jurídica.
Si a esto le sumamos la elevada deuda pública, las altas tasas de desempleo y las recientes disrupciones en los servicios de transporte y suministro como el cero energético de hace un año o la crisis de los transportes y del tren de alta velocidad, tenemos un peligroso cóctel que no hace más que empeorar la situación.
Los cambios normativos frecuentes y falta de estabilidad legislativa generan desconfianza a la hora de planificar estrategias a largo plazo, mientras que la presión impositiva, unida a la inestabilidad política y la falta de presupuestos gubernamentales, siembra dudas sobre el retorno de grandes desembolsos de capital.
Deuda pública y desempleo
Del mismo modo, la insistencia de una elevada deuda pública y una tasa de desempleo estructural restan atractivo competitivo frente a otras economías europeas.
Pero es que en el caso del Gobierno de Sánchez hay que agregarle su insistencia en querer controlar a las grandes corporaciones privadas y la entrada de inversores extranjeros.
En el primero de los casos, los inversores extranjeros no ven con buenos ojos los asaltos a grandes del Íbex como Telefónica o Indra. Ni tampoco el bloqueo que el Gobierno hizo a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, implementando exigencias adicionales a las que ya había planteado Competencia.
Y en el segundo de los casos, desde el exterior -en especial grandes inversores de Estados Unidos- se critica el escudo 'antiopas' que está en vigor desde la pandemia y que durante este 2026 se ha vuelto a prorrogar para empresas europeas.
Escudo 'antiopas'
Esto significa que cualquier empresa que quiera invertir en sectores estratégicos, sin importar su origen, debe pedir el plácet de Moncloa si es que quiere superar el 10% del capital.
Esto convierte una decisión eminentemente técnica en un juego político en el que el Gobierno impone condiciones a su medida y obliga a las grandes empresas extranjeras a tener buena disposición ante las exigencias de Moncloa.
De hecho, la intención del Gobierno es mantener al menos durante todo el año 2027 este escudo 'antiopas', lo que implicaría realizar una nueva prórroga antes de que finalice este año.
Conjunto de controles en los que el Gobierno ha dado un paso más con la creación del Comité de Inversiones Estratégicas. Un organismo con el que oficiosamente aumentará su control sobre empresas privadas y supervisará durante todo su desarrollo los grandes proyectos de inversión.
Comité de inversiones
Este comité dependerá directamente de Moncloa y ejercerá el control con un sistema de dádivas y castigos a los grandes proyectos estratégicos en el que se pueden quitar prebendas si es que no se cumple la hoja de ruta marcada por el Gobierno.
En definitiva, un contexto que ahuyenta la inversión y que ha empeorado en lo que va de año donde la parálisis parlamentaria ha ido a más y la inestabilidad política e institucional ha tocado máximos.
Es por ello que los inversores creen que la mejor manera de afrontar esta situación es esperar. Esperar el fin del ciclo político y confiar.
Confiar en que se produzca un cambio de Gobierno o que al menos el nuevo presidente del Ejecutivo que salga de las urnas el próximo año tenga el suficiente apoyo parlamentario real para desatascar la actual situación de parálisis.