El empresario hispano-libanés Noel Jammal y el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez. Arte EE
España EXCLUSIVA Los investigadores descubren en Sudáfrica y Reino Unido el rastro del dinero del cohecho con fondos UE para material sanitario de CanariasEl empresario Noel Jammal y el director del servicio de Salud con Ángel Víctor Torres, entre los imputados.
La Fiscalía europea a punto de cerrar las pesquisas sobre contratos y un fraude superior a los 9M.
Jorge CalabrésDavid VicenteAntonio Blanco Publicada 13 julio 2026 02:39h Las clavesLas claves Generado con IA
Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto en Reino Unido y Sudáfrica el rastro del dinero del cohecho de los contratos de material sanitario del Gobierno de Canarias durante la pandemia.
La causa se centra en las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services. Ambas estaban administradas por el empresario hispano-libanés Noel Jammal Fernández y recibieron contratos de emergencia para suministrar mascarillas, guantes, batas, test rápidos, hisopos y jeringas.
La instrucción está avanzada y muy cerca de cerrarse. Se ha prolongado en el tiempo por un requerimiento de extradición a Emiratos Árabes Unidos de uno de los investigados.
El '2' de Ángel Víctor Torres cerró el trato con el socio de Aldama: "Prepárame una oferta con 2M. Lo negocié con Koldo"Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el seguimiento de los movimientos bancarios ha permitido reconstruir parte del recorrido internacional de los fondos utilizados para pagar comisiones a miembros del Gobierno de Canarias, cuando Ángel Víctor Torres era presidente.
Entre los investigados está Conrado Domínguez, director entonces del Servicio Canario de Salud (SCS) y que también ejecutó las compras de material sanitario a las empresas vinculadas por Víctor de Aldama.
Además de Conrado Domínguez, en este caso se investiga a políticos y altos cargos del Gobierno de Canarias durante los años en los que Ángel Víctor Torres fue presidente.
Entre ellos están también Lucas Bravos de Laguna, presidente del partido Unidos por Gran Canaria, y Christian Cerpa, empresario y vocal del partido.
Cerpa habría mediado en la contratación de las empresas con el Servicio Canario de Salud. Los investigadores le señalan como uno de los beneficiados del destino final de los fondos.
Por su parte, Noel Jammal es un empresario hispano-libanés que fue piloto de Fórmula 3 entre 2009 y 2012.
El inventario completo de expedientes suma trece adjudicaciones (diez a Damco y tres a Tanoja) por 23.927.610 euros entre 2020 y 2021.
La investigación se centra en determinar qué parte respondió al suministro real, qué importes remuneraron servicios efectivos y cuáles pudieron encubrir sobreprecios, comisiones o desvíos de fondos públicos.
El origen del caso
El procedimiento nació a partir de una inspección de la Agencia Tributaria sobre la forma en que varias sociedades declararon los beneficios obtenidos con las ventas.
La Dependencia Regional de Inspección de Canarias trasladó sus conclusiones al Ministerio Público.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias y terminó presentando una querella contra Noel Jammal, Miguel Ángel Ramírez —empresario y máximo accionista de la UD Las Palmas—, Lucas Bravo de Laguna —presidente del partido Unidos por Gran Canaria (UxGC)— y Christian Cerpa, empresario y vocal de la formación política.
El Juzgado de Instrucción número cinco de Las Palmas de Gran Canaria admitió la denuncia y comenzó a investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública.
El escrito fiscal dejó abierta la posibilidad de que los hechos también pudieran encajar en delitos de malversación, blanqueo de capitales o corrupción.
Según la Fiscalía, una parte sustancial de los pagos, cifrada inicialmente entre nueve y diez millones, no guardaba correspondencia suficientemente acreditada con el material entregado.
La aparición de financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cambió la dimensión del caso. Una parte de los contratos había sido cofinanciada con fondos de la UE destinados a afrontar la crisis provocada por la Covid.
Ese elemento activó la competencia de la Fiscalía Europea, responsable de perseguir delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.
La Audiencia Nacional avaló la continuidad de las pesquisas. Los magistrados consideraron que existían indicios suficientes para investigar los contratos financiados con cargo al programa Feder y rechazaron el archivo solicitado por los investigados.
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La investigación patrimonial ha resultado especialmente compleja. Los agentes han tenido que seguir transferencias entre sociedades, revisar cuentas bancarias y reclamar información a entidades financieras situadas fuera de España.
Según las fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, una parte de ese seguimiento ha conducido hasta cuentas localizadas en el Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países.
Los investigadores tratan ahora de identificar a sus titulares reales, conocer quién ordenó las operaciones y determinar el concepto empleado para justificarlas.
Las comisiones rogatorias, las solicitudes de información bancaria y las peticiones de cooperación judicial han alargado la instrucción.
También se han examinado medidas relacionadas con personas investigadas que mantienen vínculos o intereses fuera de España.
La causa comenzó a tomar forma en 2022, pero la revisión de documentos y comunicaciones ha impedido cerrarla. La UDEF ha analizado correos electrónicos, contratos privados, facturas, albaranes y justificantes de pago.
Los investigadores intentan completar una trazabilidad que comienza en el presupuesto del Servicio Canario de la Salud.
El recorrido continuaría por Damco y Tanoja, pasaría por sociedades que actuaron como intermediarias y terminaría en otras cuentas nacionales e internacionales para pagar comisiones a políticos y altos cargos de Canarias.
El contrato clave
Una de las piezas principales de la investigación es el acuerdo firmado por Damco y Tanoja con Tabaiba Capital, sociedad vinculada a Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
El contrato atribuía a Tabaiba la tarea de localizar potenciales clientes en Canarias y facilitar la venta de productos higiénicos y sanitarios.
A cambio, la sociedad percibiría "el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para los lotes de productos".
La investigación pretende aclarar qué servicios justificaron ese margen. También analiza si Tabaiba intervino realmente en la captación del SCS como cliente, puesto que se trataba de una Administración pública que tramitaba contratos de emergencia para cubrir necesidades sanitarias durante la pandemia.
La Fiscalía sostiene que las empresas de Noel Jammal transfirieron cantidades millonarias a la sociedad de Ramírez. La documentación manejada por los investigadores sitúa el total alrededor de 9,1 millones de euros.
La querella atribuyó a Tabaiba ganancias netas de 3,29 millones en 2020 y 3,47 millones en 2021. El beneficio conjunto alcanzaría así los 6,76 millones.
Tabaiba subcontrató una parte de las gestiones a B&M Sport Marketing, administrada por Lucas Bravo de Laguna. El político había ocupado puestos en el Parlamento autonómico, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Brígida.
El acuerdo atribuía a B&M labores relacionadas con la recepción, distribución y control de la mercancía.
La Fiscalía examina si esos servicios se prestaron realmente y si las empresas contaban con medios humanos y materiales suficientes.
La acusación inicial consideró que algunas de las sociedades interpuestas carecían de una estructura acorde con los ingresos obtenidos.
La cadena societaria investigada seguía, por tanto, un esquema definido. El SCS pagaba a Damco y Tanoja. Estas transferían fondos a Tabaiba Capital y la mercantil de Ramírez abonaba después una parte a B&M Sport Marketing.
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Los contratos fueron concedidos mediante procedimientos de emergencia o negociados sin publicidad. Este sistema permitió acelerar las compras en los momentos más duros de la pandemia, cuando los hospitales sufrían escasez de equipos de protección.
Damco recibió encargos para suministrar test rápidos, mascarillas, guantes, batas, escobillones, hisopos y jeringas. Tanoja obtuvo contratos para entregar mascarillas quirúrgicas y millones de guantes de nitrilo.
Entre los expedientes destaca una adjudicación de 6,99 millones para 200.000 batas, seis millones de guantes, 600.000 escobillones y 700.000 mascarillas KN95. Otra operación alcanzó los 4.071.610 euros por test rápidos, guantes y un millón de mascarillas FFP2.
La UDEF ha detectado incidencias documentales en parte de los procedimientos. Los informes señalan la ausencia de firmas o sellos, errores en facturas, listados de embalaje sin numeración y plazos de pago que no siempre coincidían con las condiciones de los expedientes.
En uno de los suministros, algunos documentos parecían reproducciones del mismo original con fechas distintas. También existían recepciones donde la cantidad y el estado del producto figuraban pendientes de comprobación.
La investigación analiza además dos contratos de 900.000 euros cada uno para adquirir tres millones de guantes de nitrilo. Ambos fueron adjudicados con menos de una hora de diferencia y describían un objeto prácticamente idéntico.
Otros expedientes fueron rectificados meses después para incorporar la referencia a los fondos europeos.
Responsabilidad pública
Los investigadores también revisan la actuación de los responsables del Servicio Canario de la Salud que tramitaron y autorizaron las adquisiciones.
Entre ellos apareceConrado Domínguez, entonces director del organismo y coordinador del dispositivo sanitario durante gran parte de la pandemia.
Las pesquisas tratan de aclarar quién propuso a las empresas, qué controles se realizaron y por qué se aceptaron determinadas condiciones económicas.
También buscan conocer si existió algún pago destinado a influir en las decisiones administrativas.
La instrucción continúa abierta. El recorrido del capital fuera de España abre ahora una nueva etapa.
Después de reconstruir la cadena empresarial utilizada en Canarias, los investigadores deberán determinar quién controlaba las cuentas extranjeras y cuál fue el destino definitivo del beneficio generado por las compras sanitarias.
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