Andalucía
Los lanzamientos judiciales caen un 45% en Andalucía entre creciente tensión socialLas estadísticas reflejan un notable descenso hasta marzo, pero colectivos y sindicatos advierten del auge de desahucios invisibles
Regala esta noticia Añádenos en Google Protesta contra un lanzamiento judicial en la provincia de Granada. (Sur)Sevilla
25/09/2026 a las 13:41h.Los órganos judiciales andaluces practicaron un total de 616 lanzamientos durante el primer trimestre de 2026, lo que representa una drástica reducción del 45,2% ... en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la región se posicionó en términos absolutos como la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de ejecuciones forzosas entre enero y marzo, únicamente por detrás de Cataluña (921) y la Comunidad Valenciana (741), y situándose justo por encima de la Comunidad de Madrid (582).
Esta tendencia a la baja coincide con la perspectiva histórica que ofrece la última memoria anual del TSJA relativa a 2025. Durante el pasado ejercicio, los 61 servicios comunes de notificaciones y embargos contabilizados en las ocho provincias andaluzas recibieron 8.134 solicitudes de lanzamiento -un 5% menos que en 2024-, de las cuales 4,033 concluyeron con cumplimiento positivo. La distribución territorial constata un impacto muy desigual: Málaga encabezó la actividad con 2.253 solicitudes y 1,264 ejecuciones efectivas, seguida de Cádiz (1.239 recibidas y 569 practicadas), Granada (1.175 y 504) y Almería (1.076 y 641). En el caso de Sevilla, se registraron 977 peticiones con 395 cumplimientos positivos, lo que supuso un repunte del 12% en las solicitudes recibidas respecto al año anterior, una dinámica al alza que también se replicó en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén.
Las plataformas sociales advierten de que las cifras oficiales arrojan un diagnóstico incompleto
Sin embargo, las plataformas sociales advierten de que las cifras oficiales arrojan un diagnóstico incompleto de la crisis habitacional. Desde el sindicato Inquilinas Andalucía, su militante Javier Jover sostiene que los datos judiciales no logran captar las diversas situaciones en las que una persona se ve forzada a abandonar su hogar. El colectivo denomina «desahucios invisibles» a aquellos casos en los que, tras finalizar el contrato, el arrendador plantea una subida inasumible de la renta que obliga al arrendatario a marchar antes de incurrir en una demanda judicial.
Pisos compartidos
Esta situación problemática resulta alarmante en capitales como Sevilla, donde multitud de inquilinos deben recurrir a habitaciones en pisos compartidos o al alojamiento con familiares tras ser incapaces de afrontar las exigencias del mercado libre. El colectivo alertó sobre prácticas donde los propietarios ofrecen sumas económicas para rescindir contratos antes de tiempo con el objetivo de destinar los inmuebles a alojamientos turísticos o vender el edificio. Además, denuncian el uso engañoso de la cláusula de necesidad de la vivienda para recuperar la propiedad y volver a ofertarla posteriormente a precios superiores. La falta de margen de reacción agrava estos escenarios, ya que los afectados suelen acudir a los colectivos de ayuda cuando las fechas de lanzamiento son inminentes. Las alternativas ofrecidas por las administraciones tras un desalojo suelen limitarse a estancias temporales en hostales o habitaciones compartidas, lo que deja a numerosas familias en la exclusión social.
El impacto social de la vivienda y casos mediáticos recientes de desalojos a personas de avanzada edad han reavivado la exigencia de respuestas políticas urgentes. El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha reclamado un marco regulatorio con coberturas efectivas para colectivos extremadamente vulnerables que evite la pérdida sistemática del techo. El líder sindical ha enfatizado el papel de la movilización ciudadana y la presión social como instrumentos clave para instar al Congreso de los Diputados a legislar sin demoras, advirtiendo de que la inacción institucional fomenta una creciente desafección hacia la clase política.
En una línea de confrontación más directa, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado la política de vivienda del Ejecutivo central como una «traición» cómplice con la especulación financiera y los fondos buitre. García ha urgido a articular de forma inmediata topes legales a los alquileres, la prohibición de compras especulativas e incluso la expropiación de inmuebles en manos de fondos de inversión. Desde la formación andalucista de izquierdas se ha hecho un llamamiento a la movilización permanente junto a los sindicatos de inquilinas para contener la escalada de los precios y garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna en la comunidad.
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