Los más lenguatones secuaces de Sánchez dotaron de un plus de credibilidad y verosimilitud a las tesis que sostenían que Sánchez practicaba «ingeniería electoral». Puente, Bolaños y ese Óscar López que campea por Madrid salieron en tromba cuando el Supremo suspendió la aplicación de la ley de nietos por existir un «riesgo de alteración del censo electoral» al incrementarse «excepcionalmente» el número de inscritos. Manifestaron trabucados que la Justicia y la derecha pretendían impedir que Sánchez revalidara su pírrica mayoría negativa. O sea, reconocieron el objetivo espurio de la nacionalización: arañar votos y voltear con ardides sus expectativas.
Sánchez ya lo había argumentado en una entrevista reciente; expuso que no cree en la alternancia porque no concede legitimidad a la alternativa que representa hoy la oposición. Desencriptada, su afirmación tiene exceso de carga putineja: Sánchez sólo autentifica como oposición legítima la que respalda sus decisiones (sic.). Esta concepción sultánica del poder no es nueva. Con Sánchez el Gobierno dejó de funcionar como órgano colegiado. Para él, la oposición fue Podemos, luego Sumar y siempre sus socios parlamentarios. Según Sánchez, la muestra de lealtad al Gobierno valida y consigna a la oposición. Citar este contrasentido no es una divagación. Sánchez ocultó a su partido su financiación en las primarias de 2017, antes trató de falsear una votación interna y finalmente impulsó una amnistía ad personam que homologaba el golpe del 1-O para mantenerse en Moncloa. También, en busca de un postrero escaño, elevó al TC recurso para recontar fraudulentamente 500 votos en Madrid. La ley de nietos es un recurso y artefacto de Sánchez emboscado en un cliché sentimental.
Hasta el pronunciamiento del Supremo, la discusión parecía centrada en la hipotética influencia sobre los resultados de la subi- da del censo. Los publicistas de Sánchez pusieron el foco en la aleatoriedad de los limitados efectos de la incierta iniciativa. Se ignoró el fondo: qué beneficios aporta a la comunidad política que decide sobre sí misma a través de sus representantes el censado de personas que ignoran mucho o todo de la nación de sus abuelos. Qué beneficios o arraigo les aporta a ellos. O si realmente el derecho al voto posee un fin reparador. Naturalizamos el procedimiento -el PP no se opuso en su momento- por temor a la descarga eléctrica que provoca cualquier mínimo pulso a la memoria colectiva que trata de reconstruir e imponer la izquierda. Muchos de esos nietos merecerán reconocimiento, recuerdo u homenaje, pero no son españolas sino descendientes de españoles.
Sofía Puente desembozó el motivo latente con una apresurada instrucción que eximía de demostrar la condición de represaliado del antepasado. Desbarató el supuesto espíritu de la ley. Eso fue en 2022; Sánchez ya renqueaba y calculaba los restos en cada distrito. Hasta ahora, la memoria, la Guerra y el exilio eran doctrinarias bazas electorales. Ahora se usan como pretexto regulador de la continuidad de Sánchez, que no se conduce como un ganador sino como un triunfante trampeador socorrido por Yolanda Díaz en pos de trajinar un puñado de votos detrás de un panel.