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El Gobierno sortea las limitaciones de la prórroga presupuestaria aprobando ampliaciones de crédito por 77.000 millones y transferencias entre ministerios por otros 41.000. Hacienda dispara un 250% los cambios para encajar las cuentas de 2023 al año 2025.
La paradoja del barco de Teseo plantea la cuestión filosófica de si una embarcación sigue siendo la misma que se lanzó originalmente al mar una vez que se le han acabado sustituyendo todos los tablones de madera primigenios por unos nuevos. La paradoja bien podría aplicarse sobre los Presupuestos Generales del Estado en España, pues aunque el Gobierno arrancó 2025 con una prórroga automática de las cuentas de 2023, para el final del ejercicio había aprobado ampliaciones, modificaciones y traspasos de crédito entre carteras por valor de 120.000 millones de euros, transformando el proyecto original en otro bien distinto.
Conviene recordar que el Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto presupuestario en lo que va de legislatura, incumpliendo sus obligaciones constitucionales por el temor a verlos tumbados en un Parlamento fragmentado en el que el precio político de los apoyos ha ido subiendo en cada votación. De forma inédita, el Gobierno ha sobrevivido a esta situación a costa de encadenar tres prórrogas presupuestarias consecutivas, cuyas limitaciones ha sorteado dotándose de mayor margen para efectuar modificaciones sin pasar por las Cortes.
Como resultado, entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno autorizó alteraciones presupuestarias por valor de 124.000 millones de euros, según los datos oficiales que acaba de terminar de recopilar la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La cifra incluye, de un lado, ampliaciones de crédito por más de 47.000 millones de euros, suplementos por 9.400 millones, créditos extraordinarios por 5.400 millones, la incorporación de 9.900 millones por remanentes, o la generación de 20.700 millones por ingresos públicos adicionales en un año en el que la Agencia Tributaria ha superado por primera vez la cota de los 325.000 millones de euros de recaudación de impuestos.
En total, las cifras oficiales de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, que hasta el viernes pasado descansaba en las manos de María Jesús Montero, reflejan un aumento del crédito presupuestario disponible por valor de 92.400 millones, tan solo rebajados en 15.500 millones por anulaciones y rectificaciones de partidas de gasto, lo que arroja un saldo neto de incremento de los créditos presupuestarios por valor de 76.950 millones.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha aprovechado sus capacidades reforzadas de reordenación de fondos para reorientar el destino de más de 41.000 millones de euros, ordenando transferencias de crédito entre diferentes proyectos y carteras ministeriales.
En conjunto, los cerca de 124.000 millones de euros de parches al Presupuesto adicional suponen un fuerte incremento del volumen de modificaciones frente a los 95.500 millones del ejercicio 2024, lo que revela las crecientes tensiones presupuestarias que sufre un Gobierno sin Presupuestos. Para entender la verdadera magnitud de las modificaciones aprobadas, sin embargo, conviene comparar con un ejercicio con cuentas públicas a medida. El último fue el año 2023, en el que el conjunto de alteraciones crediticias ascendió a 36.000 millones (con incrementos de crédito por 21.000 millones y transferencias entre carteras por 15.000 millones). Es decir, que el Gobierno aumentó la cuantía de las modificaciones presupuestarias en un 244% en el ejercicio 2025 respecto al año 2023.
Entre las principales modificaciones presupuestarias ejecutadas por el Gobierno en 2025 destacan las efectuadas para incrementar el gasto público en Defensa hasta el equivalente del 2% del PIB -como exigía la OTAN y rechazaban sus socios- sin pasar por el Parlamento. Financió por esta vía el plan de rearme por 10.500 millones de euros (6.300 en ampliaciones de crédito y 4.200 traspasados de otros ministerios).
A su vez, Hacienda ha parcheado los Presupuestos para destinar 30.000 millones más a cubrir la factura de la deuda pública; 18.000 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de las pensiones; 10.000 a Industria y 17.000 a Economía.
Poderes extraordinarios
Históricamente, los gobiernos han estado obligados a lograr el aval del Parlamento para poder ejecutar modificaciones sustanciales de los Presupuestos, en particular a la hora de ejecutar traspaso de fondos de unos ministerios a otros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, promovió un cambio legal en 2023 para dotarse de la facultad realizar transferencias entre secciones presupuestarias con el visto bueno del Consejo de Ministros y sin necesidad de pasar por las Cortes. Alegó que la herramienta era necesaria para optimizar la gestión de los fondos europeos Next Generation, aunque lo cierto es que esta flexibilidad le ha sido de gran ayuda para paliar la ausencia de nuevos Presupuestos en toda la legislatura.
Su negativa a presentar proyecto, en todo caso, ha sido recurrida por el Senado (gracias a la mayoría absoluta del PP) ante el Tribunal Constitucional, que ha aceptado pronunciarse al respecto.
30.000 millones y más flexibilidad en el inicio de 2026
La hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cedió el pasado viernes la cartera ministerial a Arcadi España junto al cada vez más incierto compromiso público de acabar presentando un proyecto presupuestario para 2026. De momento, sin embargo, lo cierto es que el Ejecutivo ha arrancado el año acometiendo cambios sustanciales sobre la tercera prórroga presupuestaria de las cuentas públicas del año 2023. En concretó, según los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y febrero se han llevado a cabo ampliaciones y modificaciones de crédito por valor de 25.600 millones de euros, a la vez que ha ejecutado transferencias entre carteras ministeriales por otros 3.100 millones. Como resultado, las cuentas prorrogadas han sido alteradas en unos 29.000 millones de euros en apenas dos meses, cerca de los 36.000 millones en cambios efectuados en todo el ejercicio 2023. Tener Presupuestos prorrogados "no está suponiendo un problema", defendió ayer al respecto la ministra portavoz, Elma Saiz, en RNE. La también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró que el Gobierno va a "cumplir con el compromiso de presentar" proyecto presupuestario para 2026 (como tenía que haber hecho en septiembre y se acabó prometiendo hacer antes de abril). "No me quiero pillar los dedos con las fechas, porque nos comprometimos a que fuera en el primer trimestre, pero quiero recordar que ha estallado una guerra", adujo ayer Saiz. A la espera, el Gobierno ha aprovechado el decreto de medidas frente a la guerra para dotarse de flexibilidad adicional y poder modificar el gasto en pensiones, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones sin tener que recurrir al Fondo de Contingencia -como exigía la ley- ni pasar por las Cortes.
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