Los abogados de los agentes (Fuster-Fabra Abogados y Statera Legal) buscan sentar un precedente sobre el tratamiento de las fuerzas de seguridad en contextos de violencia política organizada.
El conflicto jurídico por el reconocimiento de los agentes de la Policía Nacional heridos en los disturbios de 2019 en Barcelona ha dado un paso decisivo. La representación legal de dos de los funcionarios más gravemente afectados, los agentes A.G.B. y A.M.H.S., ha formalizado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El objetivo es revocar la resolución del Ministerio del Interior que les deniega la condición de víctimas del terrorismo.
La ofensiva jurídica está encabezada por un equipo de especialistas del ámbito penal y administrativo: José Carlos Velasco Sánchez (de Fuster-Fabra Abogados), Ibor Fernandes Romero (de Statera Legal) y Juan Ignacio Fuster-Fabra Toapanta (Fuster-Fabra Abogados). Estos letrados han estructurado una impugnación que cuestiona los criterios técnicos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la Administración ha ignorado el marco de violencia organizada y los indicios de criminalidad terrorista que rodean los hechos de la plaza Urquinaona.
De izquierda a derecha: Juan Ignacio Fuster-Fabra (Fuster-Fabra Abogados) José Carlos Velasco Sánchez (Fuster-Fabra Abogados) e Ibor Fernandes Romero (Statera Legal)Una estrategia legal frente a la "vía administrativa"
El recurso se presenta después de que la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y el propio Ministro del Interior desestimaran los recursos de reposición de los agentes. Según la tesis de los abogados, existe un "error de derecho" en la interpretación de la Ley 29/11 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Para los letrados, el hecho de que las actuaciones fueran instruidas en su día por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional bajo la premisa de delitos de terrorismo debería ser vinculante para la Administración. Sostienen que la naturaleza de los ataques —que incluyeron el lanzamiento de adoquines, ácido y objetos contundentes, dejando a un agente con incapacidad permanente y a otro con cuadros graves de estrés postraumático— no puede ser despachada como un mero altercado de orden público.
Relevancia del caso
La representación legal de los agentes subraya que este procedimiento trasciende el caso particular de estos dos agentes. Se trata de una batalla por la dignidad profesional y el amparo legal de quienes sufrieron lesiones irreversibles en el cumplimiento de su deber bajo un escenario de violencia extrema.
La demanda, interpuesta bajo el rigor del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), obliga ahora a la Audiencia Nacional a examinar el fondo del asunto. Los abogados confían en que la vía judicial repare lo que consideran una "arbitrariedad administrativa" y se reconozca, de forma definitiva, que los agentes fueron víctimas de una estrategia terrorista diseñada para desestabilizar el orden constitucional.
Con este movimiento, la representación jurídica de los policías busca sentar un precedente sobre el tratamiento de las fuerzas de seguridad en contextos de violencia política organizada, poniendo el foco en la necesidad de que la protección administrativa sea coherente con la realidad de los hechos sufridos en primera línea.
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