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El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Xavier Vilajoana, reclama en el Congreso el desbloqueo político de la Ley del Suelo. Sólo en Cataluña identifica potencial para construir más de 210.000 viviendas que no se inician por los retrasos en los permisos y los "riesgos jurídicos derivados del sistema actual".
El bloqueo político a la reforma de la Ley del Suelo, que busca agilizar los trámites y facilitar la creación de nuevas viviendas, está generando un retraso de años en la construcción de nuevas promociones a pesar de contar con un amplio consenso entre los agentes del sector. Así lo ha asegurado este lunes Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), durante su intervención en la Mesa de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados.
En su opinión, "sabemos cuál es el problema, conocemos la solución y también sus consecuencias. Es difícil encontrar otras reformas legislativas con un consenso técnico tan amplio, el problema es que el sistema político español ha sido incapaz de convertir este consenso en una mayoría parlamentaria", ha lamentado, subrayando que el debate ya no es de diagnóstico, sino de voluntad política.
La entrada en vigor de la reforma permitiría, en su opinión, desbloquear la construcción de cientos de miles de viviendas, en un momento donde el déficit de oferta es la principal causa del alza de precios hasta máximos históricos. En este sentido, Vilajoana estima que sólo en Cataluña -una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis residencial- "hay identificados 179 sectores con potencial para desarrollar hasta 214.000 viviendas, muchos de ellos todavía pendientes de gestión o expuestos a riesgos jurídicos derivados del sistema actual".
Según explica, los promotores y constructores de vivienda se enfrentan a una "contradicción evidente" por la falta de consenso político. "Reclamamos más vivienda, pero mantenemos mecanismos que dificultan generar suelo y activar nuevas promociones". En este sentido, el presidente de APCE insiste en que cada anulación de planeamiento supone años perdidos, inversión desaprovechada y vivienda que no llega al mercado cuando es necesaria.
La falta de vivienda ya es "un problema de gobernabilidad del territorio"
A tenor de la creciente crisis de acceso a la vivienda, y con un déficit acumulado que podría alcanzar el millón de unidades este mismo año, los promotores consideran que el desbloqueo de la reforma no es una reivindicación del sector, sino que es una cuestión estructural que afecta a todo el territorio. En este sentido, Vilajoana recuerda que múltiples alcaldes de todo signo político vienen compartiendo su preocupación "por un sistema que puede hacer caer planes urbanísticos completos después de más de una década de trabajo por defectos formales".
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el organismo que agrupa a todos los ayuntamientos y cabildos del país, llevan tiempo reclamando el desbloqueo de más fondos procedentes de su propio remanente de tesorería para poner en marcha nuevas promociones de vivienda. Asimismo, han elaborado una guía con recomendaciones para agilizar los permisos de construcción y la gestión de los defectos formales mientras la Ley del Suelo continúa paralizada en el Congreso a pesar de las mínimas diferencias en los planteamientos del PSOE y del PP.
En concreto, desde la FEMP identifican varios "cuellos de botella" que estarían retrasando las licencias de construcción hasta dos años: la presentación de expedientes incompletos o incorrectos por parte de los promotores; la lentitud en la emisión de informes por parte de otras administraciones -como los relacionados con las carreteras, el medioambiente o la seguridad aérea-; la disparidad de criterios entre los propios técnicos municipales; y la falta de digitalización de todos los procesos.
Para solucionar estos problemas, la asociación de entidades locales sugiere la puesta en marcha de una "licencia básica" que autorizaría el inicio de las obras basándose sólo en un proyecto inicial que cumpla con unos parámetros considerados esenciales, algo que "permite ganar meses de trabajo mientras se tramita el proyecto de ejecución completo". Como ejemplo, señalan el caso de Zaragoza, que ya aplica una "licencia exprés" que autoriza trabajos por debajo de la cota cero del suelo -como el movimiento de tierras o la cimentación- en 24 horas.
Llamamiento al desbloqueo de la Ley del Suelo
Ante esta situación, los promotores insisten en hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios, instándoles a evitar que esta reforma vuelva a quedar bloqueada por debates ideológicos que exceden su núcleo técnico.
El presidente de APCE España ha cerrado su intervención con un mensaje con el que apela a la responsabilidad política para transformar el consenso técnico en una decisión efectiva. "Todo el mundo habla de emergencia habitacional, pero seguimos sin aprobar las normas que permiten generar vivienda", ha afirmado, concluyendo que "la reforma que hoy se debate no es ideológica. Es una reforma de sentido común jurídico. Y ha llegado el momento de tomar una decisión política porque si esta reforma fracasa de nuevo, no será por falta de diagnóstico. Será un fracaso colectivo".
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