Hay una imagen que se repite cada vez con más frecuencia en las carreteras de la Comunidad de Madrid: cabinas de radar con los cristales destrozados, dispositivos cegados con pintura blanca o directamente inutilizados a pedradas. Lo que hace unos años podía considerarse un acto vandálico puntual se ha convertido en un fenómeno creciente que preocupa hasta el punto que se ha pedido a la Guardia Civil de Tráfico que vigile estos sabotajes. En los últimos meses, varios radares han sido objeto de ataques sistemáticos que no solo generan un elevado coste económico —más de 200.000 euros en daños en la región—, sino que también comprometen uno de los pilares fundamentales de la seguridad vial: el control de la velocidad.
Los métodos utilizados para inutilizar estos dispositivos son variados, pero todos comparten un objetivo claro: impedir su funcionamiento. Algunos radares han sido rociados con pintura blanca para anular sus cámaras, mientras que otros han sufrido la rotura de sus cristales a golpes o mediante el lanzamiento de piedras. En casos más extremos, incluso se han introducido objetos y señales en el interior de las cabinas.
El récord de vandalismo lo tiene un radar fijo situado en la M-607, en sentido Colmenar Viejo, a la altura del kilómetro 20,700, cerca del Tanatorio de La Paz. Controla un tramo con límite de 80 km/h, reducido respecto a los 100 km/h anteriores, y su ubicación parcialmente oculta entre vegetación lo ha convertido en uno de los más polémicos entre los conductores. Ha padecido de todo: cristales rotos, objetos introducidos en su interior, intervenciones técnicas repetidas. Y sigue siendo un blanco recurrente. «Lo han reparado y al día siguiente lo han vuelto a destrozar metiendo dentro el poste de una señal de tráfico», según explican desde la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil).
El segundo punto más conflictivo se sitúa en la M-505, en el tramo entre Galapagar y El Escorial. Aquí, un radar de tramo instalado en noviembre de 2024 fue vandalizado incluso antes de comenzar a multar. El dispositivo aún no ha funcionado tras 17 meses desde su montaje.
Este aparato, instalado a la altura de Molino de la Hoz, en Las Rozas, y al final del puerto de Galapagar, restringe la velocidad de los vehículos a 50 kilómetros por hora entre los kilómetros 9 y 12, en sentido ascendente a la vía. Se trata de una calzada donde se registra una alta concentración de accidentes, debido a la celeridad con la que los conductores toman alguna de las curvas.
Un rada de cabina roto en la M-607.EL MUNDOEl sistema, diseñado para calcular la velocidad media entre dos puntos mediante cámaras y lectura de matrículas, sufrió pedradas que dañaron sus componentes, incluidas cámaras infrarrojas. Los restos de cristal y plástico quedaron esparcidos en el entorno, evidenciando la violencia del ataque.
El Ayuntamiento de Galapagar ya aprobó hace cuatro años una moción en el Pleno para pedir este cinemómetro de tramo, aunque más tarde solicitó una reunión con la DGT para reclamar que se revise el límite de velocidad establecido de 50 kilómetros por hora e intentar subirlo.
El listado de radares vandalizados continúa en la M-513, entre Boadilla del Monte y Brunete, donde un radar fijo en el kilómetro 12,2 —con límite de 70 km/h— ha sufrido ataques recurrentes.
A este se suma otro radar en el kilómetro 12,500 de la M-505, antes de bajar hacia el puerto de Galapagar en dirección a Las Rozas, cuyo cristal ha sido roto en varias ocasiones.
Detrás de cada cabina hay una inversión considerable. Un radar fijo ronda un precio de 70.000 euros; uno de tramo, unos 80.000. No son simples cámaras: incorporan tecnología láser de captura continua, sistemas de comunicación entre puntos de control y ordenadores que calculan velocidades medias en tiempo real. Destruirlos no solo supone un gasto económico, sino también dejar sin vigilancia tramos especialmente peligrosos durante el tiempo que dura la reparación o reposición.
El radar de la M-607 tras ser vandalizado y pintado con espray.EL MUNDOLejos de ser una simple gamberrada, el vandalismo contra radares está tipificado como delito en el Código Penal, concretamente en los artículos 263 a 267. Según la legislación vigente, quienes causen daños a bienes públicos pueden enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años y multas de doce a veinticuatro meses, especialmente si se afecta al uso público o a intereses generales. Además, los responsables deberán asumir el coste de reparación o reposición de los dispositivos.
Ante esta escalada, se ha pedido a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que vigile los puntos más conflictivos. La investigación sigue abierta y se centra en esclarecer quién está detrás de estos actos. «No tenemos pruebas para sospechar de un grupo organizado, da la impresión de que se trata de personas que viven en la zona y que deciden por su cuenta romper estos dispositivos», señalan fuentes de la Guardia Civil.
Desde la DGT se insiste en que los radares no son un instrumento recaudatorio, sino una herramienta clave para reducir la siniestralidad. Desde que en 2005 llegó a España el primer plan de radares fijos, estos dispositivos han contribuido a reducir en un 75% el número de víctimas mortales en carretera. Sus datos actuales apuntan a que la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor en el 24% de los siniestros mortales, con 307 fallecidos en 2024 en los que este factor estuvo presente.
La destrucción de estos dispositivos, por tanto, no solo supone un perjuicio económico, sino también un riesgo añadido para la seguridad de todos los usuarios de la vía. Lo que sucede en Madrid no es un hecho aislado. Los actos vandálicos contra radares de la DGT se han incrementado un 62% en los últimos años en toda España, según datos oficiales. De los 32 registrados en 2018 se pasó a 52 en 2024, con un pico de 55 en 2022.