La asociación ADAX pide revisar títulos y expedientes antes de nuevas asignaciones de recursos hídricos regenerados, desalados o regulados en la comarca oriental
Regala esta noticia Añádenos en Google Imagen del embalse de La Viñuela, que acumula 143 hectómetros cúbicos, al 87% de su capacidad. (E. CABEZAS) 28/08/2026 a las 23:02h.Concesiones, derechos anteriores a la Ley de Aguas de 1985, inscripciones registrales, aprovechamientos de pozos y manantiales, autorizaciones temporales y expedientes de regularización que continúan ... pendientes. La situación jurídica del regadío histórico de la Axarquía se ha convertido en el nuevo frente abierto por la Asociación para la Defensa de la Agricultura de la Axarquía (ADAX), que ha solicitado a la Junta de Andalucía revisar caso por caso los derechos y títulos existentes antes de que las nuevas fuentes de agua modifiquen el actual reparto de los recursos.
futuros recursos regenerados o desalados. La asociación define el escenario actual como una situación de «creciente inseguridad jurídica».El problema, según ADAX, es que no todas las comunidades de regantes de la comarca parten del mismo régimen. Algunas pueden disponer de concesiones administrativas; otras se vinculan históricamente al sistema Guaro-La Viñuela; también existen derechos anteriores a 1985, inscripciones en el Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas y procedimientos iniciados años atrás que no habrían culminado todavía. La asociación sostiene por ello que carecer de una concesión moderna no permite concluir automáticamente que un aprovechamiento histórico «carezca de cualquier posición jurídica susceptible de protección».
ADAX pide revisar títulos y expedientes antes de nuevas asignaciones para evitar daños irreversibles a comunidades históricas
El escrito aporta como ejemplo documentación de la Junta Central de Regantes de la Axarquía, fechada el pasado 2 de julio, que incluye comunidades y usuarios dentro de una petición conjunta correspondiente a 1.302,3018 hectáreas y 1.823.222,58 metros cúbicos de agua. ADAX recalca expresamente que ese documento no demuestra por sí mismo que cada integrante tenga una concesión, pero considera que evidencia la coexistencia dentro de los mecanismos colectivos de situaciones jurídicas diferentes que deben ser clarificadas individualmente.
Especial preocupación generan los expedientes que continuarían sin respuesta administrativa. ADAX afirma haber recibido información sobre comunidades que iniciaron procedimientos de concesión, reconocimiento o regularización «en algunos casos, más de dos décadas» atrás sin obtener todavía resolución definitiva, extremo que la propia asociación advierte de que deberá comprobarse documentalmente. Su tesis es que una falta de resolución prolongada no equivale a obtener una concesión por silencio, pero tampoco debería utilizarse después para perjudicar al solicitante.
Títulos por comunidades
La reclamación cobra especial relevancia, según la organización agraria, porque la Axarquía se encuentra en plena transformación de su mapa hídrico, con aguas reguladas, regeneradas, desaladas, subterráneas y futuros sistemas de mezcla. ADAX reclama que, antes de consolidar nuevas asignaciones, se determine qué título tiene cada comunidad, qué expedientes mantiene pendientes, a qué recursos puede acceder y mediante qué acto administrativo. También solicita que no se adopten mientras tanto medidas irreversibles que impliquen exclusiones, cortes o pérdidas de dotaciones en comunidades con expedientes o antecedentes pendientes de aclaración.
Este nuevo movimiento se suma a otras actuaciones emprendidas este mes por ADAX relacionadas con la gestión y control del agua. Una de ellas afecta a Comares, después de que el suministro procedente de la red Conca-Ventorros fuera declarado temporalmente no apto para beber y cocinar debido a una incidencia vinculada al parámetro clorato. La organización ha solicitado al Ayuntamiento y a la Junta acceder al resultado exacto, la muestra de confirmación, el laboratorio, el método utilizado, el sistema de desinfección y la investigación sobre la causa de la anomalía.
En este caso, ADAX pone también el foco en determinar qué valor paramétrico correspondía aplicar. Su escrito recuerda que el Real Decreto 3/2023 fija con carácter general 0,25 miligramos por litro para clorato, aunque contempla 0,7 mg/l cuando se utilizan determinados sistemas de desinfección que pueden generarlo, como hipoclorito o dióxido de cloro. La entidad pide conocer el dato exacto registrado en Los Ventorros, el sistema empleado y la serie analítica de 2025 y 2026. No acusa al laboratorio ni a la Administración de manipulación, sino que reclama que pueda auditarse toda la trazabilidad.
La asociación exige las analíticas de cloratos de Comares y la trazabilidad de los controles por E. coli en las playas de Málaga
La tercera actuación se ha trasladado a la capital malagueña, después de varios episodios de contaminación microbiológica en sus aguas de baño durante este año. El expediente presentado por la asociación recuerda que el pasado 17 de agosto se colocaron banderas rojas en Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo después de difundirse la detección de E. coli en muestras tomadas por EMASA tras las lluvias y alivios de aguas residuales registrados días antes. ADAX deja expresamente claro que no cuestiona de antemano la existencia de contaminación ni sostiene que las restricciones fueran ilegales.
Lo que pide la asociación es conocer los valores completos, diferenciar qué muestras correspondían al control sanitario oficial y cuáles al autocontrol o seguimiento municipal, comprobar también los resultados de enterococos intestinales y reconstruir la cadena de muestreo que fundamentó las restricciones y posteriores reaperturas. «Ni se debe ocultar una contaminación real ni puede generarse alarma sin una base técnica plenamente verificable», resume ADAX en su nota. Las tres actuaciones -regadíos históricos, agua potable de Comares y aguas de baño de Málaga-orman parte de una ofensiva administrativa con un denominador común: exigir acceso a los expedientes y trazabilidad de las decisiones públicas relacionadas con el agua en la Axarquía y la capital malagueña.
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