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Los registradores españoles gestionan 35.000 alertas al año contra el blanqueo de capitales: una fórmula única en el mundo

Los registradores españoles gestionan 35.000 alertas al año contra el blanqueo de capitales: una fórmula única en el mundo
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La centralización de la información de más de 1.100 registros y la inteligencia artificial permiten acceder a los datos sobre la titularidad real de los activos. Más información: En las entrañas de la UDEF Central: Así detuvieron a Karim Bouyakhrichan, "El Padrino de la Costa del Sol"

Un agente recoge parte del dinero intervenido en una operación contra el blanqueo de capitales. EFE

Política Los registradores españoles gestionan 35.000 alertas al año contra el blanqueo de capitales: una fórmula única en el mundo

La centralización de la información de más de 1.100 registros y la inteligencia artificial permiten acceder a los datos sobre la titularidad real de los activos.

Más información: En las entrañas de la UDEF Central: Así detuvieron a Karim Bouyakhrichan, "El Padrino de la Costa del Sol"

Publicada 17 enero 2026 02:49h

Las claves nuevo Generado con IA

España gestiona más de 35.000 alertas anuales contra el blanqueo de capitales, gracias a un modelo único con registradores de la propiedad como actores clave.

El sistema español combina centralización de datos registrales, inteligencia artificial y cooperación institucional para detectar patrones de riesgo y operaciones sospechosas.

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) y el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado son fundamentales en la lucha contra el lavado de dinero.

España ha recibido altas calificaciones internacionales y su modelo es referencia en foros globales, aunque persisten desafíos en la cooperación transfronteriza y la identificación de titulares reales.

España cuenta con un modelo "único en el mundo y altamente eficaz" para prevenir el blanqueo de capitales, que se ha convertido en referente internacional.

Su éxito se basa en cuatro pilares fundamentales: el papel activo de los registradores de la propiedad, la centralización de la información registral, una infraestructura tecnológica avanzada que incluye el uso de inteligencia artificial y la cooperación entre instituciones.

Por ello, nuestro país ha obtenido las mejores calificaciones del GAFI, el grupo de acción financiera de la OCDE, como país que ataca el fenómeno del blanqueo tanto desde el punto de vista penal como preventivo.

Así lo reconoce también la organización Transparency International en uno de sus últimos informes, en el que avala la gestión española para prevenir el lavado de dinero de origen ilícito.

España cuenta con dos órganos clave en este ámbito: el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), gestionado por los registradores de la propiedad, y el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP).

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Ambos trabajan en coordinación con las unidades policiales y administrativas especializadas, como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la Unidad de Inteligencia Financiera o la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Su trabajo permite identificar patrones de riesgo, trazar vínculos entre operaciones y facilitar la detección temprana de actividades sospechosas.

El informe de Transparency International subraya especialmente la importancia del CRAB, que se creó en 2015 a raíz de una serie de carencias detectadas anteriormente y como consecuencia del mediático caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de capitales realizada hasta 2005 en Europa.

Aquella investigación destapó un despacho de abogados en Marbella que canalizaba inversiones millonarias de grupos relacionados con el crimen organizado y dedicados al narcotráfico o tráfico de armas.

El caso evidenció que, pese a contar con profesionales diligentes, el sistema adolecía de falta de coordinación y herramientas legales claras.

Antes de la creación del CRAB, el sistema presentaba importantes carencias: la información estaba fragmentada en más de 1.100 registros, había limitaciones para acceder a los datos sobre la titularidad real de los activos y, además, los registradores carecían de un marco jurídico claro que les respaldara para denunciar operaciones sospechosas.

Además, tampoco había por aquel entonces una cooperación transfronteriza eficaz entre las distintas jurisdicciones, lo que dificultaba la detección de patrones comunes y la trazabilidad de las operaciones.

Pero con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los registradores dejaron de ser meros colaboradores para convertirse en sujetos obligados, con responsabilidad legal de comunicar indicios de blanqueo.

Este paso reforzó tanto la seguridad jurídica como la eficacia preventiva del sistema.

Por ejemplo, ante operaciones como la inyección de efectivo sin justificación clara, los registradores de la propiedad se enfrentaban a la disyuntiva de paralizar la operación con el riesgo de equivocarse, o de permitirla sin respaldo normativo suficiente.

Cómo funciona el CRAB

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es un órgano centralizado que analiza la información procedente de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

Cada año gestiona más de 35.000 alertas, generadas a partir de los llamados "factores de riesgo".

Según Transparency International, este organismo se ha convertido en una auténtica fuente de inteligencia financiera, capaz de detectar patrones "indiciarios" y conexiones entre operaciones.

"Es un ejemplo especialmente significativo de buena práctica y representa un modelo de prevención centralizada con alto valor estratégico", expone el informe.

Hay que tener en cuenta que los infractores intentan dar apariencia de legalidad a su actividad mediante complejos entramados societarios o registros de beneficiarios. Y todo ello deja rastro en notarías y registros.

Desde el momento en que se genera una alerta en un registro, toda la información relativa a la operación se envía al CRAB.

Así lo asegura un registrador de la propiedad consultado por este periódico, quien explica que el proceso se pone en marcha cuando se detectan unas "cantidades que no cuadran o que llaman la atención": "Es entonces cuando se redacta un expediente y se eleva al CRAB".

Muchas veces, explica, son los valores de una vivienda los que "levantan la liebre": "Cuando los precios de una zona contrastan drásticamente con el valor de un inmueble, se genera una alerta automática. Lo mismo ocurre con las formas de pago a través de las escrituras".

También, detalla, cuando el método de pago o la nacionalidad corresponde a un país listado como paraíso fiscal o incluido en las llamadas listas negras de la Unión Europea, se genera una notificación automática, que alerta sobre un posible riesgo.

El sistema informático del CRAB recibe y procesa todas las alertas generadas por los registradores, para cruzar datos de personas, sociedades, inmuebles y operaciones.

Además, utiliza la inteligencia artificial para optimizar la preparación de informes y automatizar aquellos de menor complejidad.

La inteligencia artificial

La inteligencia artificial juega un papel clave. "Sin análisis masivo de datos y automatización, la prevención moderna del blanqueo sería inviable", señala a EL ESPAÑOL Luis Rubí, inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

"La IA permite detectar incoherencias, identificar conexiones ocultas e incluso localizar información adversa en fuentes abiertas relacionada con los intervinientes en una operación".

El valor del modelo español no se limita a la detección temprana o al apoyo a investigaciones complejas.

Cuando unidades especializadas como la UDEF o el SEPBLAC necesitan información que implica coordinar múltiples registros, el CRAB actúa de intermediador.

"Si el blanqueador sabe que el notario, el registrador, el banco o el promotor inmobiliario pueden comunicar una operación sospechosa al Sepblac, se lo pensará mucho", explica Rubí.

Esta lógica preventiva ha demostrado ser especialmente eficaz cuando las investigaciones penales se acompañan de un análisis paralelo de la trama económica, como ocurrió en los años noventa con el narcotráfico gallego bajo la supervisión de la Audiencia Nacional.

Este enfoque cobra especial relevancia en un contexto político marcado por las investigaciones judiciales que cercan al PSOE, en el que se atribuye a la trama Koldo un posible delito de blanqueo de capitales.

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Por todo ello, el modelo español se presenta como referencia en foros internacionales, especialmente en el ámbito iberoamericano.

Varios países han explorado la posibilidad de implantar sistemas similares, aunque, según Transparency International, ninguno ha alcanzado todavía un grado de operatividad comparable.

Otras jurisdicciones gestionan sus registros bajo ministerios, o cámaras de comercio y registros mercantiles autónomos, lo que dificulta la interoperabilidad.

El principal desafío sigue siendo la dimensión transnacional del blanqueo. Pero, según detalla Rubí, España ha creado recientemente el Registro de Titulares Reales, destinado a identificar a personas físicas que en último extremo son propietarias o tienen una participación significativa en una sociedad, fundación o asociación.

Su objetivo es operar "como punto de conexión con el resto de la UE". "Esto nos permitiría consultar los titulares reales de cualquier sociedad europea desde este registro.

Sin embargo, este registro, lamentablemente, todavía no está operativo y no parece que vaya a estarlo próximamente", detalla Rubí.

Por último, el informe señala que, pese a los avances, siguen existiendo importantes barreras legales y diferencias institucionales entre países.

  1. Fraude fiscal
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