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Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de Extranjería

Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de Extranjería
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Alerta de "efectos negativos significativos": riesgos de seguridad ciudadana y amenazas para la seguridad nacional, tensiones sociales y 'efecto llamada'. El documento al que ha accedido EL ESPAÑOL advierte de que la carga para comisarías y brigadas de Extranjería será "inasumible". Más información: Mandos de Extranjería avisan a Interior del "efecto llamada" y la "ruta turca": de Argel a Estambul en avión y "a España, en coche".

Varios migrantes subsaharianos, a la salida del CETI de Ceuta, tras la entrada de más de 500 irregulares en febrero. EP

Política CRISIS MIGRATORIA Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de Extranjería

Alerta de "efectos negativos significativos": riesgos de seguridad ciudadana y amenazas para la seguridad nacional, tensiones sociales y 'efecto llamada'.

El documento al que ha accedido EL ESPAÑOL advierte de que la carga para comisarías y brigadas de Extranjería será "inasumible".

Más información: Mandos de Extranjería avisan a Interior del "efecto llamada" y la "ruta turca": de Argel a Estambul en avión y "a España, en coche".

Publicada 21 febrero 2026 02:49h

Las claves nuevo Generado con IA

La regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno no afectará a 500.000 personas, como sostiene la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

Según un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, los beneficiarios directos ascenderán a aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que la cifra "supone un 250%" más "de la estimación que el Ministerio de Inclusión ha plasmado en documentos oficiales". También supera con creces los más de 840.000 que calculó Funcas.

Además, el informe advierte de que su propia "estimación" se verá "ampliamente aumentada" al sumar a los beneficiarios indirectos: familiares que accedan a reagrupaciones y solicitantes de protección internacional que desistan de sus peticiones para acogerse al nuevo proceso.

El documento, fechado el 2 de febrero y firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, fue remitido a la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, entonces todavía ocupada por el dimitidoJosé Ángel González Jiménez.

Se trata de la evaluación interna que los especialistas de la Oficina de Migración y Extranjería elaboraron sobre la pertinencia, preparación y consecuencias del proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1155/2024.

"Efectos negativos significativos"

El informe contiene un análisis estratégico que advierte de que la regularización, en las cifras y plazos previstos durante el primer semestre del año, "puede generar efectos negativos significativos".

Entre ellos enumera un "efecto llamada para futuros flujos irregulares", "tensiones sociales", "problemas de seguridad ciudadana, orden público o incluso de seguridad nacional" y una "desconfianza social sobre la gestión de las fronteras".

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La Policía detalla cuatro grandes riesgos. El primero es el citado efecto llamada: según el informe, las redes de tráfico de personas ya utilizan el anuncio en terceros países a través de redes sociales y las mafias están generando un "mercado negro de documentos falsos" para acreditar la permanencia en España.

También prevé movimientos migratorios desde otros Estados de la UE hacia España para aprovecharse de la norma. La imagen de una política migratoria "muy laxa" incentivará a extranjeros a desplazarse al país, apunta el documento. Bien para beneficiarse de forma fraudulenta, bien a la espera de futuras ampliaciones de las medidas.

El segundo riesgo es la saturación de servicios públicos. La incorporación masiva de nuevos beneficiarios "aumentará la presión" sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, que "podrían carecer de la capacidad de absorción necesaria" ante un volumen tan elevado y unos plazos tan breves.

"Regularización de terroristas"

El tercero afecta a la convivencia. La rápida incorporación de un gran volumen de población puede generar tensiones ciudadanas y favorecer "la posible entrada y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados al crimen organizado".

El cuarto es la presión sobre el mercado laboral. El aumento de la oferta de mano de obra podría elevar la competencia por empleos no cualificados y presionar los salarios a la baja.

Según el experto en Extranjería de la Policía Nacional, esto generará "incertidumbre sobre el futuro económico del país" si la medida no va acompañada de políticas integrales de empleo e integración.

¿Decreto urgente?

Uno de los puntos más duros del informe cuestiona la tramitación urgente del decreto.

El Gobierno la justifica como una medida "sobrevenida". Pero la Policía replica que, si el proyecto toma como antecedente la ILP admitida a trámite el 9 de abril de 2024, ésa es una "necesidad detectada hace casi dos años", de modo que "no parece que se trate de una situación sobrevenida".

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El documento oficial señala que el requisito de "encontrarse en España" es "claramente insuficiente" en su redacción.

Permitirá beneficiarse a solicitantes de asilo que se hubieran desplazado a otros países europeos en los últimos años, provocando "movimientos desde otros países UE hacia España" en colisión directa con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Eso permitirá que extranjeros que estuvieron en España pero se desplazaron a otro país Schengen regresen pretendiendo "hacer creer que nunca han abandonado el país". Las mafias de tráfico y trata encontrarán "una oportunidad para crear un mercado negro de provisión de documentos" que certifiquen falsamente esa permanencia.

El texto policial desmonta también el sistema de acreditación de la permanencia de cinco meses para la vía de regularización "única".

No se delimitan qué tipo de documentos serán válidos "ni se exige que sean nominativos", lo que abre la puerta a la acreditación fraudulenta mediante documentos falsos u obtenidos de terceras personas.

Otra contradicción afecta a las reagrupaciones familiares. Los hijos obtendrían un permiso de cinco años, mientras que el adulto que motiva esa autorización sólo recibiría uno de un año: si el progenitor no renueva, sus hijos mantendrán la residencia mientras la del padre habrá expirado.

Coladero de antecedentes

El capítulo de antecedentes penales recibe una de las críticas más severas. El plazo de cinco meses es tan breve que resulta "altamente improbable" que conste una sentencia penal contra un extranjero en ese periodo, y cualquier causa judicial abierta pasaría inadvertida.

Además, el solicitante puede omitir su residencia previa en otros países, ocultando posibles antecedentes allí.

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Y si el país de origen no envía el certificado de penales, la norma permite suplirlo con una "declaración responsable", lo que para la Policía "no puede ser admitida bajo ningún concepto" porque permite dar por buena la carencia de antecedentes "con la mera palabra" del solicitante.

Los expertos proponen consultar de oficio la base de datos europea ECRIS-TCN para comprobar si a los solicitantes les constan antecedentes en otros Estados miembros. Y alertan de que el efecto llamada generará "una nueva bolsa de irregulares" que, en el plazo de un año, "reemplazará al grupo que se haya regularizado".

A todo ello se suma la carga operativa que el Gobierno desdeña.

La memoria del decreto afirma que "no tiene impactos presupuestarios ni en materia de personal", pero la Policía lo desmiente: el proceso provocará un aumento "exorbitado" de la expedición de Tarjetas de Identidad de Extranjeros, una carga que se repetirá cada año con las renovaciones masivas.

Los solicitantes sin pasaporte podrán presentar una cédula de inscripción. Ya se están detectando fraudes en el extravío de pasaportes, y se prevé una solicitud "masiva y urgente" de estas cédulas que sobrecargará las Brigadas de Extranjería.

Cada expediente requerirá además un informe policial individual sobre si el extranjero supone una amenaza para el orden público, una carga que será "inasumible", concluye el informe.

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