Uno de cada tres niños en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que, según el informe La pobreza infantil en España 2026, publicado por la Plataforma de Infancia (POI), corresponde a cerca de 2,6 millones de menores.
"No hay que lanzarse al triunfalismo", afirmaba Ricardo Ibarra, director de la organización, quien, a pesar de que los datos reflejen una mejora de nueve décimas respecto al año anterior, denuncia que la pobreza infantil sigue siendo un problema estructural en España que se concentra cada vez más en los grupos más vulnerables.
A este ritmo de reducción, España necesitaría doce años para alcanzar las cifras que hoy registra la media europea. Por ello, Ibarra afirma que se necesitan "políticas más ambiciosas" para dejar atrás unos datos que ha descrito como "vergonzosos".
Presentación del Informe La pobreza infantil en España 2026Plataforma de InfanciaLos hogares monoparentales, los más afectados
Según el informe, nutrido de los últimos microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, los hogares monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres, son el único modelo familiar en el que la tasa de riesgo ha aumentado en el último año, hasta alcanzar el 50,8%. Uno de cada dos niños que vive con un solo progenitor está, en la práctica, al borde de la exclusión, y la pobreza severa afecta ya al 22,3% de estas familias.
Las cifras se agravan en los hogares numerosos. El 68,2% de los menores que conviven con más de tres hermanos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Y la situación de la infancia migrante resulta también alarmante, con el 67,5% de los niños con ambos progenitores de origen extranjero viviendo en esa situación. Estas cifras contrastan drásticamente con el 22,7% de riesgo entre las niñas, niños y adolescentes con madres o padres de nacionalidad española.
Una brecha estructural
Lo que el informe describe, más allá de los números, es una fractura que separa a la infancia del resto de la población española. El indicador AROPE, que identifica a la población en riesgo de pobreza o exclusión social, refleja una diferencia de casi 8 puntos entre los menores de 18 años y el resto de la ciudadanía.
Los adolescentes de 13 a 17 años —los grandes olvidados de las políticas de protección, como los calificó la técnica de incidencia política de la POI, Débora Quiroga— registran las tasas más elevadas dentro de la propia infancia. "Las ayudas están muy concentradas en la etapa de 0 a 3 años", señaló Quiroga.
Además, el informe pone sobre la mesa la realidad de que tener hijos empobrece. Las personas que viven en hogares con menores tienen una renta media un 35,9% inferior a las que viven sin ellos. Una diferencia de 5.770 euros anuales por persona, siendo la mayor brecha de toda la serie histórica.
Factores cómo el precio de la vivienda aparecen como un factor de empobrecimiento adicional. Más de una cuarta parte de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las familias con menores ingresos, viven en casas sobreendeudadas por el coste del alquiler o la hipoteca, obligando a estas a tener que recortar en alimentación o educación.
Murcia, Andalucía y Castilla - La Mancha, a la cabeza
El análisis territorial revela que la pobreza infantil no se reparte de manera uniforme. Murcia encabeza el ranking autonómico con un 44% de menores en riesgo; le siguen Castilla-La Mancha (43,1%) y Andalucía (42,9%). En el extremo opuesto, el País Vasco registra la tasa más baja del país. La diferencia entre la comunidad más rica y la más pobre en este indicador supera los 25 puntos.
España firmó el compromiso de reducir a la mitad la pobreza infantil para 2030, tomando como referencia la tasa de 2015, que era del 34,4%. Una década después, el indicador apenas ha bajado 1,2 puntos. La distancia entre la trayectoria real y la meta marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de 10,3 puntos, por lo que, de mantenerse este ritmo, el objetivo será, en la práctica, inalcanzable.
La Plataforma de Infancia reclama una ayuda universal a la crianza, la duplicación del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) —extendido a los mayores de 6 años—, y políticas ambiciosas de acceso a la vivienda. "Solo un cambio drástico, con políticas ambiciosas en vivienda y en ayudas a la crianza, puede revertir esta situación.", afirmó Ibarra.