La denuncia de Manos Limpias que derivó en la apertura de las diligencias hace dos años desemboca en un juicio sin precedentes ante un tribunal popular
Regala esta noticia Añádenos en Google Begoña Gómez. (EFE.) 16/07/2026 a las 20:41h.Pedro Sánchez agrupó en tres bloques las causas abiertas que, según tachó desde la tribuna del Congreso el 24 de junio, componen la «maraña judicial» ... que le rodea y con la que la oposición trata de crear «una sensación de corrupción generalizada que no existe». Uno de estos bloques se centraba en las investigaciones abiertas por presunta corrupción a su hermano, David Sánchez —que este martes ya fue condenado a nueve años de inhabilitación—y a su esposa, Begoña Gómez, que se sentará ante un jurado popular acusada de tráfico de influencias y malversación por decisión final de la Audiencia Provincial de Madrid. La sección 23 avala en buena parte la instrucción del polémico juez Peinado, que comenzó hace dos años con una denuncia fundamentada en informaciones periodísticas y que ha provocado un cuestionamiento constante desde entonces del Gobierno con las decisiones del magistrado.
Aquella apertura de diligencias desató una tormenta política cuando trascendió públicamente —saltando incluso al plano internacional— y, en especial, cuando Sánchez publicó su carta a la ciudadanía, ocho días después, denunciando una campaña contra su esposa y anunciando la suspensión de cinco días de su agenda para reflexionar acerca de su continuidad al frente del Gobierno. Sánchez se quedó para combatir «el fango». La citación de Gómez para declarar en calidad de investigada llegó el 4 de junio, cuando Peinado citó a la mujer del presidente para que declarase el 5 de julio.
El juez puso el foco en las cartas de apoyo firmadas por la propia Gómez para respaldar dos ofertas presentadas por una UTE en la que participaba Innova Next, compañía vinculada a su amigo Juan Carlos Barrabés, para optar a contratos públicos que le fueron adjudicados; el empresario ha sido excluido ahora por la Audiencia del juicio por el 'caso Begoña', pero sigue investigado, por esos contratos, en un procedimiento paralelo que también lleva Peinado y que comenzó la Fiscalía Europa, que tomó cartas en el asunto para reclamar la parte de las actuaciones relativa a los contratos de Red.es, financiados con fondos comunitarios.
La esposa del presidente se acogió a su derecho a no declarar el 19 de julio —tras el primer intento de declaración fallido y el juez cambió la condición procesal de Barrabés, tras ser citado inicialmente como testigo, para incorporarlo formalmente a la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios después de que confirmase reuniones en Moncloa. Esas citas se convirtieron en uno de los pilares sobre los que Peinado ha sustentado su tesis de que Gómez se prevalió de su posición a la vera del presidente para propulsar su carrera.
El juez entra en Moncloa
A finales de julio de 2024 llegaría uno de los grandes acontecimientos que ha dejado el recorrido judicial de la causa: la citación de Sánchez como testigo, lo que implicó el desplazamiento de Peinado a La Moncloa para interrogarlo. Sánchez se acogió a la dispensa de no declarar contra su cónyuge. La Abogacía del Estado presentó luego una querella contra el magistrado por un supuesto delito de prevaricación, una denuncia a la que también se sumó la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho.
Aquel octubre, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid revisó los recursos presentados contra la investigación y exigió a Peinado que delimitase la causa para concretar con mayor precisión qué hechos concretos iban a ser el objeto de la misma. Fue la primera vez que el tribunal mandó el mensaje al juez de que procedía que siguiera hurgando en el rescate a Air Europa.
En este punto de la investigación, la defensa de Gómez aportó correos -en una decisión involuntaria- en los que aparecía por primera vez la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, descubriéndose que trabajaba como persona de confianza de la mujer del presidente y le ayudaba en las gestiones relacionadas con sus actividades en la Universidad Complutense. Lo presentado como elemento defensivo terminó abriendo una nueva línea que ha terminado son la propia Álvarez enjuiciada también por la Audiencia.
Arsys identifica a Gómez como titular del software
Un año después, y después de que Peinado explorase el origen de la contratación de Álvarez como asesora de la Presidencia del Gobierno citando como testigo, en un tenso cara a cara, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en agosto de 2025, el juez amplía la imputación contra la mujer del presidente y su asesora por presunta malversación, después de que Arsys, la empresa que gestionaba el 'software', comunicase que el dominio y el correo asociados al mismo estuvieron registrados a nombre de Gómez.
Esta imputación, por la que la encausada va a sentarse en el banquillo además del tráfico de influencias, fue avalada por la Audiencia en diciembre de 2025, manteniendo vivo el bloque ha terminado situando la causa bajo la competencia de un jurado. Con todo, el tribunal anuló en febrero el primer intento de Peinado de sentar a Gómez ante un jurado ciudadano, al considerar que el juez no justificó los suficiente qué indicios concretos atribuía a cada investigado, apreciando una vulneración de la tutela judicial efectiva. Así, el magistrado dictó un nuevo auto, mucho más extenso para encauzar toda la causa hacia el jurado. Y citó a Gómez, Álvarez y Barrabés para comunicarles formalmente la nueva situación procesal.
En el auto de cierre de instrucción dictado en junio, Peinado propuso que fueran juzgados por un tribunal popular la mujer del presidente y Álvarez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación; aunque la medida que suscitó una oleada de críticas fue la retirada del pasaporte a ambas por riesgo de fuga, bajo el argumento de que Gómez podía valerse de sus escoltas oficiales -policías- para que le facilitasen la huida. En paralelo a esa resolución, que le ha costado la apertura de un expediente que puede acabar en sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial, el juez asumió la citada nueva línea de investigación, ya iniciada por la Fiscalía Europea, para indagar en la adjudicación de contratos públicos a Barrabés.
Retirada del pasaporte
La última semana de la causa, hasta la llegada de la decisión de la Audiencia madrileña este jueves, ha estado protagonizada por la autorización requerida por la defensa de Begoña Gómez para realizar dos viajes internacionales: uno, para acompañar al presidente a la cumbre de la OTAN en Ankara (Tuquía); y un segundo a Londres, para asistir a la graduación de una de sus hijas. Finalmente, un juez que sustituyó a Peinado, entonces de vacaciones, decidió autorizarla a desplazarse únicamente a la capital británica.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado en lo nuclear la investigación llevada a cabo por Peinado, aunque delimitando los delitos por los que se enjuiciará a Gómez a dos: el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos. Los magistrados aprecian indicios suficientes de que Gómez se prevalió de su matrimonio con éste para promocionar su propia carrera profesional, al tiempo que acota también el enjuiciamiento de Álvarez a ese mismo ilícito de malversación por el uso del 'software'. Barrabés se libra de este juicio por jurado, aunque no, de momento, de la otra causa paralela. Y la sala, en el último gran pulso de Peinado y la defensa de la mujer del presidente -amparada asimismo por la Fiscalía, como ha ocurrido en el caso de su hermano-, sí que devuelve a Gómez su documento de identidad para poder salir del país.
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