- Montero promoverá su reforma de la financiación regional pese al rechazo generalizado de las CCAA
- Fedea denuncia "arbitrariedad" en la propuesta de financiación regional de Hacienda para "darle a Cataluña una jugosa prima"
- Análisis. 2.000 millones extra a Cataluña vía mecanismos a medida
Montero busca descargar las culpas de haber cedido a las exigencias del separatismo. Incluso Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, estudia recurrir la reforma de la financiación.
Ante el rechazo casi unánime de las comunidades autónomas (salvo Cataluña) a su propuesta para reformar la financiación pactada sólo con ERC, María Jesús Montero recurrió ayer al truco de presentar como voluntaria la aplicación en cada región del nuevo modelo, que implica una mayor cesión por parte del Estado de los ingresos por IRPF e IVA. Una posibilidad que lejos de amainar el enfado expresado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por la mayoría de los consejeros autonómicos de Hacienda provocó un rechazo todavía mayor. Primero, porque la vicepresidenta del Gobierno sabe que ninguno de ellos está en condiciones de renunciar a una mayor inyección de recursos (21.000 millones de euros en total a partir de 2027), debido a las evidentes deficiencias del actual modelo, aprobado en 2008 por el Ejecutivo que dirigía José Luis Rodríguez Zapatero para satisfacer las exigencias de los nacionalistas catalanes. Sobre todo las comunidades que han estado peor financiadas desde entonces (Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha), a las que Montero no ha ofrecido compensación alguna por ese maltrato financiero prolongado.
Segundo, porque los expertos denuncian que la reforma diseñada por Hacienda a la medida del separatismo catalán concede un trato preferencial a la Generalitat que preside Salvador Illa. No sólo por la aplicación del principio de ordinalidad impuesto por Oriol Junqueras, sino también por el reparto arbitrario del nuevo fondo creado para paliar los efectos del cambio climático en las regiones mediterráneas y por el mecanismo que faculta a los gobiernos regionales a gestionar parte del IVA generado por las pymes en sus territorios.
Desconfianza generalizada
Cabe recordar que tanto Montero como Junqueras, autor intelectual de la reforma, presentaron los cambios en el modelo de financiación como beneficiosos para todas las regiones. "Todas ganan y ninguna pierde", proclamó el líder de ERC tras pactar los detalles de la misma en su reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, quien lo recibió con honores pese a estar aún inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer ningún cargo público debido a su papel principal en el procés independentista. Pero el desglose de la reforma desmiente a ambos. De ahí la desconfianza generalizada de los consejeros autonómicos ante una propuesta que ha resultado tener más vericuetos de lo anunciado, y todos ellos orientados a entregar a la Generalitat catalana un porcentaje superior de los nuevos recursos que el disponible para el resto de comunidades. Lo cual, en términos prácticos, implica dinamitar las bases del sistema financiero de régimen común, cimentado en el principio de igualdad y el de solidaridad entre los territorios. Debido a ello, incluso las comunidades gobernadas por el PSOE (Asturias y Castilla-La Mancha) rechazan la oferta "voluntaria" de Montero. También el ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page se plantea denunciar en los tribunales, igual que las regiones del PP, esta reforma de la financiación por considerarla discriminatoria.
Elevado coste político
Ese carácter opcional de la nueva financiación, a sabiendas de que sólo Cataluña está a favor, parece un intento de la todavía ministra de Hacienda por descargarse las culpas de haber cedido a todas las exigencias financieras del separatismo catalán. Montero, que será la candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas de Andalucía que deben celebrarse como tarde en junio, tendrá muy difícil explicar a los andaluces por qué la Generalitat catalana recibirá un mayor porcentaje de los nuevos fondos para las comunidades autónomas y, también, que vaya a impedir a los gobiernos regionales seguir bajando sus impuestos para frenar el supuesto 'dumping' fiscal de la Comunidad de Madrid que los expertos rechazan que exista. Pero como esta medida implicaría una mayor carga fiscal sobre los votantes andaluces, la vicepresidenta matizó que sólo afectará al IRPF y no al Impuesto de Sucesiones. Una rectificación interesada que incrementa los recelos.
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