- EXPANSIÓN
Las imágenes de miles de hectáreas calcinadas, pueblos evacuados y viviendas destruidas se han convertido en un clásico de terror cada verano.
Las promesas de reforzar los medios de extinción y la coordinación entre administraciones para solucionar el problema son un déjà vu desesperante.
Y cada otoño el debate finaliza y hasta la siguiente campaña. Así durante años. Los incendios forestales no son sólo una emergencia ambiental, son un problema económico de primer orden que abarca destrucción de patrimonio natural, pérdidas en agricultura, ganadería, producción forestal y turismo; sin olvidar el enorme coste de extinción, indemnizaciones, reconstrucción y contaminación atmosférica.
Todo el mundo sabe que es mucho más barato mantener un monte limpio que extinguir un gran incendio. Sin embargo, lejos de atajar el problema se deja crecer, porque el impacto de la España vaciada, la desaparición de la ganadería extensiva, el descenso del aprovechamiento maderero y la expansión natural de la masa forestal generan una acumulación de biomasa sin precedentes que urge gestionar. Algunos expertos indican que esta evolución da lugar a lo que denominan incendios de sexta generación, capaces de crear su propia meteorología.
El problema no es tanto jurídico como político y presupuestario, porque España tiene una legislación amplia -que convendría simplificar- como es la ley de montes del año 2003, que obliga a las CCAA a elaborar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, y al Estado a fijar la política general. Pero la gestión forestal está excesivamente fragmentada entre administraciones con prioridades distintas, presupuestos desiguales y una coordinación débil en la prevención cotidiana.
Es urgente un cambio de modelo. España necesita un presupuesto plurianual de prevención, blindado frente a los cambios políticos, que garantice todo el año la limpieza de montes, los aprovechamientos forestales, el mantenimiento de cortafuegos y también apoyo a la ganadería extensiva. Y, sobre todo, convendría simplificar los procedimientos administrativos para facilitar la actividad en el monte a sus propietarios.
Mientras el debate siga centrado en cuántos medios aéreos desplegar cuando las llamas ya son imparables, España continuará pagando una factura económica y ecológica infinitamente superior a la inversión necesaria para cuidar sus montes.
El bosque no se quema sólo por el calor, arde por décadas de abandono y de falta de gestión. Y esa es una decisión política.
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