El Gobierno regional inicia la tramitación de la nueva Ley de Empresa Familiar, que extenderá los beneficios fiscales a hermanos, tíos, sobrinos y primos hermanos, y eliminará el requisito de tener más de 65 años para donar el negocio.
La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso administrativo para reformar la normativa sobre empresa familiar. El Consejo de Gobierno ha conocido el informe sobre el anteproyecto de la Ley de Empresa Familiar, una norma cuyo eje central es una rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones diseñada para garantizar el relevo generacional.
El Ejecutivo autonómico prevé que la Asamblea de Madrid apruebe la norma a mediados de este mismo año, entrando en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Del 95% al 99% de bonificación
La principal novedad de la ley es el incremento de la reducción aplicable en la base imponible del impuesto en los casos de adquisición por sucesión o donación de una empresa individual, negocio profesional o participaciones. Esta reducción, que actualmente se sitúa en el 95% según la normativa estatal, se elevará hasta el 99% en la Comunidad de Madrid.
Para acceder a este beneficio fiscal casi total, el nuevo propietario deberá cumplir un requisito fundamental: mantener los bienes adquiridos en su patrimonio durante los cinco años siguientes a la operación.
La nueva normativa no solo aumenta el porcentaje de la bonificación, sino que amplía considerablemente quiénes pueden beneficiarse de ella. Hasta ahora restringido a un círculo familiar más estrecho, el Gobierno regional incorporará a los ascendientes y a los parientes colaterales.
En concreto, se incluirá a los integrantes del grupo III de parentesco (hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos y nueras) y, como novedad destacada, se extiende al grupo IV, abarcando a los primos hermanos.
Asimismo, se flexibilizan las condiciones para realizar la transmisión en vida. Se eliminará la exigencia actual de que el donante deba tener más de 65 años o encontrarse en situación de gran invalidez o incapacidad permanente para poder aplicar la bonificación, facilitando así el relevo en edades más tempranas y productivas.
Impacto en el tejido productivo
Según las estimaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estas medidas tendrán un impacto directo en la economía real de la región. Se calcula que beneficiarán a cerca de 450.000 firmas, lo que representa el 93% del tejido empresarial madrileño. Este sector es vital para la economía autonómica, ya que aporta el 65% del PIB y genera el 60% del empleo privado.
En términos tributarios, el Ejecutivo estima que unos 1.500 contribuyentes se acogerán a estas nuevas deducciones, lo que supondrá un ahorro fiscal conjunto de aproximadamente 2 millones de euros anuales para las familias empresarias madrileñas. Estas medidas serán compatibles con las bonificaciones generales ya vigentes en la Comunidad.
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