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Casa en primera línea de playa en Cabopino declarada por Fernández como su domicilio. Juan Carlos Domínguez Marbella pide que se investigue a la empresa dueña de la casa de lujo donde vive Carlos FernándezEl Ayuntamiento reclama a la Audiencia Nacional que ponga el foco en una sociedad administrada por la madre del exedil que es propietaria de esta y otra vivienda
Marbella
Sábado, 24 de enero 2026, 00:14
... cocina, salón-comedor, garaje y patio, y la alta, con cuatro dormitorios y dos baños, a la que se suman una piscina de 34 metros cuadrados y dos terrazas (una en cada planta) de 39 metros cuadrados. Son los datos que consta en el Registro de la Propiedad de una vivienda unifamiliar ubicada en primera línea de playa en la Urbanización Cabopino, en Marbella, en la que reside el exedil Carlos Fernández. permanecer casi 20 años fugado, y en la que fue condenado a indemnizar al Ayuntamiento con 258.678,31 euros, una cantidad que, sumada al interés legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Consistorio cree que puede acabar siendo cercana a los 550.000 euros. Tras haber sido requerido por la AN al pago de la indemnización, el exedil ha solicitado su declaración como insolvente, a la que el Ayuntamiento de Marbella no solo se ha opuesto, sino que ha pedido a la Audiencia que abra una investigación patrimonial en en torno a esta vivienda cuyo valor a precios de mercado se situaría actualmente en 3,8 millones de euros.La sociedad fue constituida en 2000 y su sede social está en un inmueble de Málaga que consta como dirección de una póliza de «vida jubilación» suscrita por el edil meses antes de fugarse
La casa de la Urbanización Cabopino, y otra situada a escasos metros, y también en primera línea de playa, son propiedad de Aldeconda SL, una sociedad constituida en agosto de 2000 —poco más de dos años después de que el exedil fuera expulsado del GIL y cuando ya se había integrado en el Partido Andalucista— cuyos socios son los progenitores del exconcejal, el padre, nacido en 1939 (86 años) y la madre, nacida en 1948 (77 años), y que figura como administradora única.
Sospechas del Ayuntamiento
En el escrito dirigido al Servicio Común de Ejecutorias Penales de la AN, el Ayuntamiento solicita que se requiera a la madre y administradora de la empresa una «certificación comprensiva de la identidad de los titulares de las participaciones sociales de la mencionada sociedad» al no constar en las últimas cuentas depositadas por la empresa, de 2024, y haberle sido rechazada por falta de legitimidad una petición en este sentido realizada al Registro Mercantil.
El Ayuntamiento considera «evidente» que la madre no gestiona la sociedad, y teme que se esté «despatrimonializando» a la empresa a través de la transmisión de acciones o de los inmuebles
Para el Consistorio, «resulta evidente que la madre no gestiona directamente» la sociedad, de modo que, advierte, podríamos estar «ante un supuesto de administración de hecho por terceros». Así, el Ayuntamiento considera que «no es descabellado que, ante la avanzada edad de los padres y socios de la sociedad Aldeconda SL se esté llevando a cabo una posible acción de despatrimonialización de la mercantil bien mediante la transmisión de las participaciones sociales o/y transmisión del/los inmueble/s todo ello en perjuicio del acreedor».
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El Ayuntamiento sitúa el valor de mercado de la vivienda en unos 3,8 millones de euros. J. C. DomínguezEn su petición, el Ayuntamiento se apoya en otro dato: Aldeconda SL tiene su sede social en un inmueble de la capital malagueña que consta como dirección de una póliza de «vida jubilación» suscrita por el exedil con una entidad aseguradora con fecha de efecto a 1 de marzo de 2006, menos de cuatro meses antes de su fuga en la segunda fase de detenciones de la Operación Malaya.
Fernández, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, fue declarado culpable por el 'caso Saqueo II' de malversación de caudales públicos y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por los que fue condenado a penas de un año y seis meses de prisión y de tres meses de cárcel, respectivamente, que fueron sustituidas por multas, además de la indemnización al Ayuntamiento.
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