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Política Marlaska deberá explicar dónde está el dosier de la Guardia Civil que revelaba que Plus Ultra era incapaz de operar legalmenteLa fiscal jefe de Madrid cerró en 2025 el paso a la vía penal y, cuando la unidad Ares llevó sus pruebas a la AESA, Interior ordenó disolverla y borró el rastro del expediente de Plus Ultra, según una pregunta parlamentaria.
Más información:'Ares', la unidad de seis guardias civiles que Marlaska disolvió al revelar irregularidades en el tonelaje de Plus Ultra en Barajas.
Alberto D. Prieto Publicada 3 junio 2026 02:50h Las clavesLas claves Generado con IA
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que explicar qué ha sido del expediente de la Guardia Civil que dibujaba a Plus Ultra como una aerolínea incapaz de operar dentro de la ley.
Ese dosier, elaborado por el equipo Ares en el aeropuerto de Madrid-Barajas, recogía vuelos con toneladas de sobrepeso no declarado, documentos de vuelo falsificados y el uso ilegal de pilotos en prácticas como si fueran titulares.
Pero el expediente desapareció con la disolución del equipo especializado de investigación de la Guardia Civil destacado en Barajas, una decisión tomada (y nunca explicada) por Interior en marzo de 2025.
Si el contenido del informe se confirmara, el Partido Popular sospecha que podría dinamitar el relato con el que el Gobierno justificó en 2021 el rescate de 53 millones de euros a la compañía hispano-venezolana.
Por eso, los diputados del PP han registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas, a las que ha tenido acceso este periódico, para que Marlaska detalle la cadena de mando que ordenó con la disolución de Ares.
La SEPI infló los empleos de Plus Ultra, su cuota de mercado y minimizó su crisis financiera para aprobar el rescateQuieren saber quién dio la orden, con "qué motivación operativa escrita" y qué autorizaciones se firmaron para eliminar una unidad creada precisamente para vigilar la seguridad aérea y apoyar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Sospechan que aquel movimiento no fue una simple reestructuración interna, sino una forma de enterrar la investigación.
El informe de Ares, identificado como expediente 2024-160-564, ya estaba maduro cuando Interior apretó el botón de apagado. Los agentes habían documentado, al menos, tres incidentes graves.
Un vuelo Caracas-Tenerife que aterrizó en sobrepeso en enero de 2023, un Madrid-Malabo en noviembre de ese año y un Madrid-Bogotá en agosto de 2024, en los que la documentación oficial no reflejaba lo sucedido. En al menos dos de estos casos, siempre según las fuentes del dosier, la orden de ocultar o falsear datos partió del mismo mando de la aerolínea.
Parón en la Fiscalía
Antes de llegar a AESA, el caso tropezó en marzo de 2025 con la Fiscalía de Madrid. Fuentes del PP recuerdan que la Fiscalía Provincial de Madrid de Pilar Rodríguez paró la investigación, la misma que defendió al hoy condenado ex fiscal general del Estado. Lo hizo, según los populares, pese a los "indicios claros" descritos por la Guardia Civil.
Ese cierre en falso obligó a buscar la vía administrativa de la seguridad aérea. Ares se puso en contacto telemáticamente con AESA, la agencia dependiente de Transportes, y ambas partes acordaron celebrar una reunión presencial por la gravedad de los hechos.
Esa reunión nunca llegó a celebrarse porque, justo antes de que se fijara fecha y hora, Interior decidió disolver el grupo Ares.
La unidad llevaba años destinada en Barajas para dar apoyo técnico a AESA en investigaciones de infracciones aéreas, pero fue barrida del organigrama cuando Plus Ultra se convirtió en su principal objetivo. Desde entonces, no hay rastro del expediente 2024-160-564 ni del dosier LIFUS, el nombre interno con el que se conocía el caso en los circuitos de la Benemérita.
La pregunta parlamentaria exige a Marlaska que aclare si AESA llegó a recibir la documentación de la Guardia Civil y "qué actuaciones practicó", si llegó a hacerlas
La coincidencia entre lo que cobró Zapatero a Julio Martínez y éste a Plus Ultra, el hilo que lleva a la imputaciónTambién reclama detalles sobre el destino del dosier LIFUS después de la disolución de Ares y sobre las comunicaciones cruzadas entre Interior, Fiscalía, AESA y la propia Guardia Civil en ese "periodo clave".
El PP quiere saber, en definitiva, si hubo algún tipo de "coordinación política" para frenar una investigación que ponía en cuestión la propia seguridad de los vuelos de Plus Ultra.
¿La mano de ZP?
La última cuestión del escrito introduce un nombre que ya ha cambiado el tablero del caso: José Luis Rodríguez Zapatero.
Los populares preguntan expresamente si existe alguna relación funcional entre las decisiones sobre el expediente de Ares y la supuesta intervención del expresidente en tareas de mediación e "influencia" a favor de Plus Ultra, tanto en el rescate como en los pasos posteriores.
La duda es si la misma red de presiones que obtuvo los 53 millones pudo influir también en la desaparición del dosier policial y en la disolución de la unidad.
La ofensiva del PP llega después de que la Audiencia Nacional haya imputado a Zapatero por presuntos delitos de blanqueo y tráfico de influencias ligados al rescate de Plus Ultra.
El juez José Luis Calama sostiene que el ex presidente habría impulsado una estructura de influencias ilícitas para lograr decisiones administrativas favorables a empresas con negocios en la Venezuela chavista.
Según el auto, esa estructura incluía una sociedad en Dubái diseñada para cobrar en torno al 1% del rescate de Plus Ultra, comisiones que habrían alcanzado los dos millones.
El juez sostiene que Zapatero creó una sociedad en Dubái para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra y le atribuye haber recibido hasta 2 millonesEL ESPAÑOL ha revelado además cómo esa trama se conectaba con intermediarios como 'Julito' Martínez, amigo personal de Zapatero y consultor de Plus Ultra en Venezuela.
El propio expresidente admitió en el Senado que sabía que Martínez trabajaba para la aerolínea mientras le pagaba como consultor a través de la firma Análisis Relevante, que también abonó unos 200.000 euros a la empresa de sus hijas. Zapatero defendió que sus 450.000 euros en honorarios fueron legales y negó haber intermediado en el rescate.
No apta
Sobre el terreno, el dosier ahora bajo sospecha dibujaba una aerolínea con graves problemas para cumplir las normas básicas de seguridad y operación.
Ares documentó la manipulación de pesos y balances en los vuelos, el posible desajuste entre combustible cargado y declarado, y la utilización de pilotos en formación sin la supervisión exigida. Todo ello habría obligado, como mínimo, a una investigación a fondo de AESA y a sanciones que habrían comprometido la viabilidad de la compañía.
En este contexto, la pregunta clave para el PP es si el Gobierno rescató en 2021 a una compañía que, según la propia Guardia Civil, no reunía los requisitos mínimos para operar legalmente.
El grupo popular sostiene que, de haberse investigado a fondo el expediente, habría quedado demostrado que Plus Ultra no merecía el sello no ya de "empresa estratégica" que le abrió la puerta a los 53 millones públicos, sino de compañía apta para operar.
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