Nuevo choque institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial en una legislatura ya más que acostumbrada a ellos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigió este jueves una misiva a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para quejarse de que la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, prohibiera a los agentes de la Policía Nacional a los que comisionó para investigar el asalto a la frontera de Ceuta que informaran a sus superiores, y con ello al Gobierno.
Marlaska ha transmitido a Perelló su "preocupación" por que una juez, en una situación afectada por la Ley de Seguridad Nacional, impida a los agentes que ella comisiona como policía judicial informar a sus superiores en el Cuerpo.
La respuesta de Perelló ha sido automática, mediante otra misiva. La presidenta del CGPJ ha aclarado al ministro, quien fuera magistrado en la propia Audiencia Nacional, que los órganos de gobierno de los jueces no pueden interferir en ninguna decisión de estos, y además aclaró que "la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".
Es decir, que cualquier policía comisionada por un juez se convierte automáticamente en judicial, según la ley española. En este punto, Perelló contesta a una de las ideas fuerza propaladas por Interior tras la publicación del informe del CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) que apunta a responsabilidades de Marruecos en la crisis: que el CENIF no tiene entre sus funciones oficiar como policía judicial. Con que un juez diga que lo es, lo es, asegura la presidenta del CGPJ.
Además, Perelló ha certificado la independencia judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho. Y, de forma elegante, ha concluido su respuesta: "En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando [argumentos empleados por el ministro para pedir información de Tardón], así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", concluye la carta.
Primero Marlaska escribió que, "como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones".
Entrando en el tema, afirmó que, ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud".
Por su parte, Perelló ha respondido el órgano de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tiene constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se da la circunstancia de que, antes de ser ministro Grande-Marlaska, juez de carrera -con plaza en la Audiencia Nacional-, fue vocal del órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, conoce a la perfección las limitaciones del Consejo sobre la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados.
Por otro lado, el Gobierno no vinculó los hechos de Ceuta con la Ley de Seguridad Nacional hasta el nombramiento del mando único, el 25 de agosto pasado, cuando el Gobierno local de Ceuta llevaba pidiendo su implementación desde días antes del salto de 30 y 31 de julio. Tardón, por su parte, comisionó al CENIF el mismo 31 de julio, y le exigió sigilo hacia sus superiores incluso dentro del Cuerpo Nacional de Policía.