Carlos Mazón, en Les Corts la semana pasada. José Cuéllar / Corts
Valencia Mazón pasa al ataque y pide personarse como "preimputado" en la dana para impugnar las decisiones de la juezaEl expresidente pretende participar en las diligencias y tener derechos de investigado como no declarar, lo que obliga a la magistrada a pronunciarse.
Más información: Mazón elige a Ignacio Gally como abogado para personarse en la dana: es el letrado que logró la absolución de Castedo
Rosana Crespo Valencia Publicada 31 marzo 2026 02:47hLa causa de la dana se ha convertido -especialmente de unas semanas a esta parte- en una partida de ajedrez en la que domina la estrategia. Y Carlos Mazón ha decidido pasar al ataque con una petición de personación.
El expresidente de la Generalitat ha movido ficha después de los dos pronunciamientos clave más recientes: uno, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara su imputación; y dos, que la jueza instructora lo citara como testigo tras esta resolución.
El que fuera líder del Gobierno valenciano presentó este lunes el escrito firmado por su abogado, Nacho Gally, en el que evidencia su intención de participar del procedimiento para tener capacidad de impugnar las decisiones de la magistrada.
La citación de Mazón como testigo le obliga a airear o esconder sus wasaps pero aleja aún más su imputaciónMazón cree, y así lo trasladan desde su entorno, que la jueza lo está investigando en la práctica. Que ya lo hacía antes de la resolución del TSJCV, pero que también lo ha hecho después. Por ejemplo, con el ofrecimiento de aportar sus wasaps y llamadas del día de la dana o con la citación de la que fuera portavoz del Ejecutivo, Ruth Merino.
El objetivo de la personación sería tener acceso a la causa y capacidad para recurrir esas decisiones, aunque las mismas fuentes destacan que no lo recurrirá todo de manera automática.
El abogado de Mazón se ampara en su escrito en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Se trata de un artículo, el 118, que se reformó en 2015 para regular el derecho de defensa.
En él se concretan todos los derechos de la persona a quien se atribuye un hecho punible. En el caso de Mazón, fue la magistrada la que consideró que cometió un presunto delito de comisión por omisión en la gestión de la tragedia, algo que descartaron los cinco magistrados del TSJCV.
Los derechos
Con este movimiento, el expresidente de la Generalitat se acoge a la conocida como figura del "preimputado". Es decir, no se trata de un investigado, pero pide, en realidad, declarar -y ser considerado- casi como tal.
Se trata de algo bastante inédito en los procedimientos que se han llevado a cabo en España respecto a políticos. Varias fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL admiten que no conocen otro caso igual.
¿Y qué significa tener los derechos de un investigado? Primero, lógicamente, estar asistido de abogado y procurador. Segundo, que se le dé traslado de las actuaciones correspondientes a él llevadas hasta la fecha para poder analizarlas y de todas las que se acuerden a partir de ahora.
Y tercero, dos aspectos muy importantes si una hipotética declaración fuera aceptada bajo esta fórmula: derecho a guardar silencio y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen; y derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
Esto supone, a diferencia de acudir como testigo, que no tendría la obligación de decir la verdad y, por tanto, que no habría consecuencias legales si no lo hace.
Controversia con la aplicación
El artículo 118 bis de la Lecrim recoge que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, podrán ejercer su derecho de defensa en estos términos sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 de la Constitución.
Su aplicación, sin embargo, no genera unidad entre las fuentes consultadas por este periódico. Hay quien considera que claramente se puede acoger a él al ser diputado autonómico, pero hay quien lo vería muy fozado al entender que estos derechos sólo se dirigen a diputados y senadores nacionales, pues la Constitución únicamente se refiere en el 71.2 a las Cortes Generales.
Ahora será la jueza de la dana la que decida. Si rechaza la personación, ésta podría ser recurrida ante la Audiencia de Valencia, que entonces tendrá que resolver.
En todo caso, la magistrada está obligada a pronunciarse sobre el futuro de Mazón, cuya imputación formal cada vez se encuentra más alejada.
"Personación voluntaria"
"El compareciente, desde el inicio del procedimiento, ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica", afirma el abogado de Mazón en su escrito.
"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Por ello, hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria", prosigue.
Pero tras el auto del TSJCV, "y compartiendo plenamente las conclusiones respecto de la inexistencia de responsabilidad penal", razona, "es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente".
Nacho Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante, es el letrado que logró la absolución de la que fuera alcaldesa de Alicante Sonia Castedo en el caso Brugal. También lo es del actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien fue detenido hace unas semanas por presuntas irregularidades en la gestión del Bono Comercio impulsado por la Diputación de Alicante.