Italia es uno de los países europeos más expuestos a la llegada de migrantes debido a su ubicación en el Mediterráneo central, por lo que esta cuestión se ha convertido en un punto central de la discusión política y en un desafío para los sucesivos gobiernos. Los debates sobre símbolos religiosos, integración cultural, normas de ciudadanía y política migratoria polarizan la opinión pública. Los alumnos que no tienen la ciudadanía italiana representan el 11,6% de los matriculados en las escuelas italianas, según la Fondazione ISMU, una entidad de investigación.
«Si en una clase hay un solo niño que no entiende italiano, es probable que pueda aprender el idioma e integrarse rápidamente con la ayuda de sus compañeros y profesores. Sin embargo, si el número de niños que no entienden el idioma es elevado —o incluso si constituyen la mayoría—, eso ya no es integración; es abandono», subrayó la mandataria transalpina, aunque no especificó cuál sería el número máximo de alumnos extranjeros por clase.
Italia ya impone un freno al número de estudiantes extranjeros en cada aula. Desde 2010, está limitado al 30% de una clase y de un centro escolar. Esta cota puede elevarse en casos que afecten a alumnos de origen foráneo con competencias lingüísticas adecuadas, como los nacidos en Italia, o reducirse cuando los escolares tengan un dominio insuficiente de la lengua.
En la normativa del país no hay una ley que prohíba expresamente el uso del burka, ni en la escuela ni en los lugares públicos, pero una disposición de 1975 sanciona el empleo «sin justificación» de cascos o prendas que dificulten la identificación de una persona. En 2008, el más alto tribunal administrativo de Italia clarificó que los velos integrales pueden llevarse por motivos religiosos o culturales, siempre que el rostro se muestre cuando sea necesaria una verificación de identidad.
Antecedente en Dinamarca
La primera ministra italiana no es la única dirigente europea que plantea cambios respecto del uso de las vestimentas utilizadas por algunas mujeres musulmanas. En 2025, la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció un plan para prohibir el uso del niqab en los colegios y universidades. «Dios debe quedar a un lado ante la democracia cuando se trata de la educación», justificó.
El plan de Frederiksen incluía la retirada de salas destinadas al rezo en instalaciones educativas. «Tenemos el derecho a ser creyentes y practicar nuestra religión, pero la democracia va primero», insistió. E incluyó multas para quien se cubra el rostro.
El anuncio del Ejecutivo danés obedeció a las recomendaciones de un comité de expertas. La Comisión para la Lucha de las Mujeres Olvidadas buscaba garantizar «que las mujeres en contextos minoritarios puedan disfrutar de los mismos derechos y libertades que las demás danesas».
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