El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Mercedes González en FITUR en 2023. Javier Lizón / Efe.
Reportajes 'apparátchik' Mercedes González, la socialista "con pedigrí" en la Guardia Civil y "amiga" de Leire: encadena 10 cargos desde ZP a SánchezLa investigación sobre Leire Díez ha terminado alcanzando a la cúpula del Instituto Armado, donde González aterrizó dos veces tras una carrera construida en el aparato socialista
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Julio César Ruiz Aguilar Publicada 6 junio 2026 02:30hMercedes González llegó por segunda vez a la Dirección General de la Guardia Civil con una frase de manual institucional y una biografía de partido. Prometió lealtad, servicio público y defensa del honor del Cuerpo. Pero venía de ser diputada del PSOE, delegada del Gobierno en Madrid, concejala socialista en el Ayuntamiento de la capital y secretaria general del PSOE en la ciudad.
"Una socialista de pedigríque en ningún momento ha mostrado un mínimo interés por las reclamaciones del colectivo de guardias civiles", resumen fuentes del Cuerpo. Antes de aterrizar en el Instituto Armado había trabajado en gabinetes, grupos parlamentarios y departamentos de comunicación vinculados al socialismo.
Su hoja de servicio se alejaba del relieve operativo de un mando policial ni la trayectoria técnica de un gestor de seguridad y se acercaba a la pirámide política en la que se escala sin un rumbo fijo, sino, más bien, hacia allá donde el órgano partidista crea conveniente que hay un hueco.
Mercedes González, 'comisaria política' en la Guardia Civil y "amiga" de Leire Díez
Hoy, cuando la Unidad Central Operativa ha dejado por escrito en un sumario sus sospechas sobre los contactos de Leire Díez con la propia Mercedes González, su nombre se ha erguido como algo mucho más que el de una dirigente del PSOE premiada con un cargo sensible.
Se trata, más bien, de una pieza que encaja en una pregunta mucho mayor: hasta dónde puede llegar la política cuando entra en una institución que vive de parecer impermeable a ella. Para entenderlo hay que retroceder hasta la escena que mejor resume el despegue de su carrera y que no ocurrió en ningún cuartel, sino en los despachos de Madrid, en plena batalla entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la derecha madrileña.
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González era delegada del Gobierno y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, la acusaba de utilizar la Delegación como ariete del Ejecutivo. Ella le respondió con una frase que la acompañaría después, mucho después: "Estoy aquí para defender al Gobierno cada vez que le des una patada".
La frase era eficaz, directa, casi de mitin. También era reveladora. La Delegación del Gobierno representa al Estado en una comunidad autónoma. González la convirtió, al menos en su manera de expresarse, en una trinchera de defensa del Gobierno central. Esa frontera borrosa entre Estado y partido, entre cargo institucional y combate orgánico, es la línea que atraviesa toda su trayectoria.
María de las Mercedes González Fernández nació en Madrid en 1975. Estudió Periodismo en el CEU de San Pablo y se especializó en comunicación política e institucional, con formación de posgrado en la Universidad Complutense y en la George Washington University. Su biografía oficial subraya esa preparación en comunicación pública, pero no en seguridad.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece ante la Comisión de Interior a 10 de marzo de 2025, en Madrid. Eduardo Parra / EP.
Durante años trabajó en el entorno del PSOE. Fue asesora del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, asesora del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, asesora en la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y en el Ministerio de Política Territorial durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero; y también directora de Comunicación de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Era una profesional del aparato, una mujer de pasillos y mensajes. Conocía el lenguaje de las instituciones y también el modo en que se construyen las carreras dentro de un partido. Esa experiencia explica parte de su ascenso. También explica parte del recelo que provoca.
Su salto a la primera línea llegó en 2015, cuando entró como concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Allí fue portavoz adjunta en comisiones de peso, se movió en asuntos de urbanismo, movilidad, medio ambiente y contratación, y terminó integrada en el núcleo municipal del PSOE.
En 2019 coordinó la campaña de Pepu Hernández, la apuesta personal de Pedro Sánchez para tratar de recuperar Madrid. Aquella operación fue un fracaso electoral, pero no frenó la carrera de González. Al contrario. En política, algunos fracasos hunden y otros recolocan. El suyo la dejó en el radar de Ferraz.
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En marzo de 2021, el Gobierno la nombró delegada del Gobierno en Madrid. El contexto era un incendio permanente. IsabelDíazAyuso acababa de anticipar las elecciones autonómicas.
Almeida ya ejercía como alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP. Madrid se había convertido en el gran escaparate de la oposición a Sánchez. Y González aterrizó en la Delegación como una figura de choque.
Su mandato estuvo marcado por los enfrentamientos con Ayuso y Almeida, por la defensa cerrada del Ejecutivo y por una presencia mediática poco habitual en el cargo. Acusó a la presidenta madrileña de alimentar una "sociedad de trincheras" y reprochó al PP su discurso sobre la libertad durante la pandemia.
En una discusión sobre los botellones tras el fin del estado de alarma, lanzó otra frase con filo: "Cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses, recoge libertinaje". Ese tono la convirtió en una dirigente útil para el sanchismo madrileño.
También la situó en el punto exacto donde una parte de la oposición quería verla: como una comisaria política, más interesada en responder a Ayuso que en preservar el perfil institucional del cargo. La etiqueta puede ser injusta si se usa como descalificación automática, pero no nació de la nada.
Imagen de archivo de Mercedes González durante su etapa como Delegada del Gobierno en Madrid. Europa Press
González ocupaba una oficina del Estado y hablaba muchas veces como una dirigente del partido. Esa tensión se agudizó en septiembre de 2021, durante la manifestación neonazi que recorrió Chueca con gritos homófobos y racistas.
La marcha había sido comunicada bajo un lema contra las agendas 2030 y 2050, pero terminó convertida en una exhibición de odio en el barrio simbólico de la libertad LGTBI en Madrid.
La Policía tenía constancia de la presencia de grupos ultras en torno a la convocatoria. La Delegación no la prohibió ni la disolvió. González defendió después que "no teníamos argumentos legales" para impedirla y añadió que "no se puede disolver una manifestación por los cánticos".
Técnicamente, la Delegación no autoriza las manifestaciones como si otorgara una licencia previa. Recibe comunicaciones y puede imponer cambios de recorrido o plantear restricciones si hay razones fundadas de orden público.
Pero la explicación legal no evitó el daño político. Colectivos LGTBI reprocharon que una marcha de ese tipo hubiera atravesado Chueca mientras los participantes gritaban contra ellos.
La Fiscalía abrió diligencias por posible delito de odio. La Delegación impuso sanciones administrativas. González quedó atrapada en una paradoja: una dirigente que se presentaba como defensora de derechos tuvo que explicar por qué no había frenado una manifestación que muchos ciudadanos vivieron como una amenaza directa.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la entonces delegada del Gobierno, Mercedes González, en una rueda de prensa conjunta. R Albarrán/ Ayto de Madrid
Otro episodio incómodo llegó con una querella por presunta prevaricación administrativa. Una asociación crítica con la Ley de Memoria Democrática la acusó de vulnerar su derecho de manifestación al trasladar una protesta prevista ante el Congreso de los Diputados a las inmediaciones del Hotel Palace.
El juzgado admitió la querella y González fue citada como investigada. El asunto terminó archivado porque el juez no apreció arbitrariedad penal en la actuación de la Delegación.
El archivo cerró la vía judicial, pero dejó otra marca política: la neutralidad con la que una delegada del Gobierno administra el derecho de reunión podía ser discutida por quienes veían en ella una aplicación partidista del poder.
Mientras tanto, González también crecía dentro del PSOE. En 2021 ganó la secretaría general de la Agrupación Socialista de Madrid Ciudad, una estructura clave para reordenar el poder socialista en la capital después de años de debilidad.
Su victoria fue leída como una operación del sanchismo para controlar el PSOE madrileño desde dentro. Diversas crónicas de entonces la situaron cerca de Félix Bolaños y del viejo socialismo madrileño de Rafael Simancas, reconvertido en pieza útil para la nueva dirección federal.
Ella reivindicaba un PSOE "sólido, fuerte, con perfil cívico y social" y cargaba contra las "probaturas" y las plataformas a la izquierda del partido. Su mensaje era claro: Madrid debía volver al PSOE, no a experimentos ajenos.
La entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, interviene en los actos conmemorativos del 43º aniversario de la Constitución Española. EP
Idas y venidas
Durante un tiempo pareció que ese ascenso orgánico desembocaría en su candidatura a la Alcaldía de Madrid. Tenía visibilidad, control interno y apoyo en Ferraz. Pero la elegida fue Reyes Maroto, entonces ministra de Industria. González quedó fuera de la carrera electoral municipal y, pocas semanas después, encontró otra salida.
En marzo de 2023, María Gámez dimitió como directora general de la Guardia Civil tras la imputación de su marido en el caso ERE. El Gobierno nombró a Mercedes González al frente del Instituto Armado.
Fue la segunda mujer en dirigir la Guardia Civil. También fue una dirigente sin experiencia específica en seguridad que llegaba a la cúpula de un cuerpo policial de naturaleza militar después de quedar desplazada en el tablero electoral madrileño.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Efe
Su primer mandato duró apenas dos meses. En junio de 2023 abandonó la Dirección General para incorporarse como número diez en la lista del PSOE al Congreso por Madrid en las elecciones generales del 23-J. El movimiento fue legal, pero difícil de explicar en términos institucionales.
La Guardia Civil, una organización que exige disciplina, continuidad y sentido de cuerpo, había sido dirigida durante unas semanas por una política que se marchaba a una candidatura electoral. RTVE lo resumió con un dato demoledor: González cerró el mandato más corto en el cuerpo en democracia.
En la institución, según recogieron varios medios, el gesto no fue bien digerido. La Dirección General parecía haber funcionado como una estación intermedia entre la Delegación del Gobierno y el Congreso.
"La dimisión de Mercedes González sólo dos meses después de jurar el cargo como directora general expresa la desvergüenza de los políticos ante la desgobernanza en la que se encuentra sumida la Guardia Civil", expresó JUCIL en un comunicado.
Ya diputada, González presidió la Comisión de Educación y fue secretaria primera en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.
Allí recuperó un papel que conocía bien: el de dirigente socialista dura contra el PP madrileño, especialmente en los contratos de emergencia y el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid.
Mercedes González, en una imagen de archivo realizada durante una rueda de prensa de la Guardia Civil. EFE
Regreso al Cuerpo
En septiembre de 2024, el Gobierno la devolvió a la Guardia Civil. Leonardo Marcos presentó su renuncia y el Consejo de Ministros nombró de nuevo a Mercedes González directora general del Cuerpo. Para asumir el cargo dejó su escaño. Interior destacó su experiencia institucional y su paso anterior por la Dirección General.
La oposición y sectores internos leyeron otra cosa: el regreso de una dirigente de confianza de Sánchez y Marlaska a una institución sometida a una rotación poco saludable. Cuatro directores generales en pocos años.
Una dirección que parecía depender más de las necesidades políticas del Gobierno que de una estrategia estable para el Cuerpo. La Guardia Civil no es una administración cualquiera.
Es una institución armada, jerárquica, con funciones de policía judicial, seguridad ciudadana, lucha antiterrorista, control de fronteras, vigilancia fiscal, protección de la naturaleza y auxilio en el medio rural. Sus unidades investigan causas que pueden afectar a partidos, empresarios, ministros, cargos públicos y redes criminales.
Su primer paso por la Dirección General duró tan poco que las asociaciones profesionales lo interpretaron como una burla. JUCIL habló entonces de "la desvergüenza de los políticos" y definió su mandato como "irrelevante, anodino y frustrante".
AUGC, ya en su segunda etapa, acusó a la Dirección General de haber hecho "oídos sordos" a sus escritos y de actuar en una "guerra sucia" en materia interna. El malestar profesional se ha mezclado ahora con un problema mucho más grave: la UCO ha documentado al menos tres reuniones entre González y Leire Díez, y AUGC exige explicaciones ante lo que llama "contradicciones" y "falta de transparencia" en Interior.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, interviene durante la presentación del II Plan de Igualdad de la Guardia Civil, en la Dirección General de la Guardia Civil, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España) Mateo Lanzuela / Europa Press.
Vínculos con 'la fontanera'
Leire Díez aparece en la causa como una figura que buscaba información sensible, señalaba supuestas filtraciones y hablaba de una "UCO patriótica". El Gobierno ha pasado de negar reuniones en la sede de la Guardia Civil a admitir encuentros fuera de ella, rebajados por fuentes oficiales a contactos informales o "cafés".
La propia existencia de esos encuentros, en el contexto descrito por la investigación, coloca a González en una posición delicada. El punto más comprometido no es solo que una exmilitante socialista pudiera presumir de cercanía con la directora de la Guardia Civil.
Es que esa cercanía se habría producido mientras la UCO investigaba asuntos con potencial impacto sobre el PSOE y el Gobierno.
En mayo de 2025 se inició una información reservada sobre supuestas filtraciones en la UCO. También se ha señalado que González activó el borrado automático de mensajes en su chat con Díez. La directora y el Gobierno niegan que se abriera ninguna investigación por mandato de Díez o que hubiera interferencias en las pesquisas.
Esa es la versión oficial. Pero el daño institucional ya existe: la unidad que debe investigar con independencia ha dejado rastro documental de contactos entre su máxima responsable política y una persona que, según el sumario, intentaba desacreditar a agentes de esa misma unidad.