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Irene Montero e Ione Belarra anuncian el acuerdo con el PSOE para regularizar a migrantes. EPSan Sebastián
Domingo, 1 de febrero 2026, 00:10
... del ruido que sacude la política española. Se produce en un contexto en el que Podemos había llegado a una situación de ruptura. Los desmarques de Podemos con Sánchez han sido constantes, especialmente en temas cruciales para la formación morada como la vivienda, la justicia social y la política internacional. Este 'divorcio' tenía también un objetivo claro: ningunear a Sumar y a Yolanda Díaz desde un espacio de 'pureza' en la defensa de la izquierda 'consecuente'. Podemos, eso sí, corría el riesgo de deslizarse hacia la irrelevancia si optaba por consumar la división interna.El acuerdo sobre inmigración tiene una pieza detrás que explica su funcionalidad. Ha sido trabajado también con Junts, que en su momento había acordado con los socialistas la delegación de la competencia de inmigración a Cataluña. Podemos tumbó la ley porque veía referencias «racistas», sobre todo en el preámbulo. Ahora se abre la puerta a que respalden esa delegación, aunque los de Carles Puigdemont siguen negando al Gobierno el pan y la sal.
Dentro de Podemos también había una presión considerable para conseguir resultados tangibles tras varios meses de desencuentros. No solo se trataba de la frustración con el PSOE, sino también de la necesidad de reforzar su perfil ante su electorado, que había perdido confianza en su capacidad de influir en el Ejecutivo. La regularización de inmigrantes no solo es una medida que podía movilizar a sus votantes más fieles, sino también una manera de demostrar que Podemos seguía siendo relevante dentro de la política española.
El acuerdo encierra además, una gran carga simbólica. Para Podemos, este tipo de medidas son centrales en su discurso de justicia social. Al regularizar a migrantes en situación irregular, el acuerdo tiene una virtualidad: sirve como un recordatorio de que la construcción de complicidades entre el PSOE y su izquierda resulta necesario, aunque quizá ya no suficiente, para la supervivencia política del actual Gobierno.
Se ha llegado a decir que Sánchez ha activado este acuerdo en clave de registro electoral, pero es sabido que esta regularización no va a posibilitar a decenas de miles de regularizados poder votar en las generales porque no les permitirá la nacionalidad española. Otra cuestión será las elecciones municipales.
El acuerdo también se da en un contexto de creciente polarización, con la extrema derecha en ascenso. La agenda antiinmigración de los ultras ha forzado y condicionado a muchos en la política española a adoptar posiciones más rígidas en cuanto a inmigración. Incluso en otros países europeos, el centroizquierda tradicional está adoptando posturas regresivas. Por eso, el pacto puede despertar un discurso antiinmigración desde el sector más radicalizado de la derecha, que puede perforar entre el electorado obrero. Sabido es que en un clima de constante tensiones sobre temas de seguridad, el populismo conservador va a utilizar el asunto para desgastar a Sánchez, que va a a entrar al trapo ideológico.
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