¿Qué propone la reforma a la Ley de Glaciares?
Desde la Casa Rosada se argumenta que los conceptos y prohibiciones establecidos son ambiguos, lo que habilita interpretaciones arbitrarias y restringe el aprovechamiento económico de los recursos naturales en áreas cordilleranas.
“A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, afirmó la Oficina del Presidente en un comunicado.
La iniciativa mantiene la declaración de los glaciares como bienes públicos, pero propone una reinterpretación de su alcance a la luz de los artículos 41 y 124 de la Constitución, vinculando su regulación a la “utilización racional de los recursos naturales” por parte de las provincias.
El proyecto conserva la intervención del IANIGLA, aunque otorga a las autoridades provinciales la facultad de informar sobre glaciares no inventariados, solicitar su exclusión del registro y determinar cuándo una masa de hielo no cumple funciones hídricas.
Si las autoridades competentes concluyen que un glaciar carece de función hídrica, dejará de estar protegido por la ley específica y quedará sujeto únicamente a la Ley General del Ambiente. Además, la propuesta redefine las actividades prohibidas: elimina la restricción expresa en el ambiente periglacial y establece que solo quedarán vedadas aquellas que alteren “de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas. Las provincias podrán autorizar intervenciones, siempre mediante una evaluación ambiental bajo su órbita.
explicó, la propuesta responde a demandas de las provincias nucleadas en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, y apunta a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas”.En contraste, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sostiene que la modificación es ilegal e inconstitucional. A su juicio, reduce la protección de glaciares y del entorno periglacial para favorecer al sector extractivo y vulnera el concepto de presupuestos mínimos previsto en la Constitución para asegurar una tutela ambiental común en todo el territorio. Advierte además que su aprobación sentaría un precedente riesgoso para otras normas ambientales.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, considera que la iniciativa implica un retroceso en los estándares vigentes, ya que limitaría la protección a los cuerpos de hielo que demuestren cumplir funciones hídricas. También cuestiona que se distorsione el principio precautorio, que orienta decisiones destinadas a prevenir daños graves o irreversibles aun cuando no exista certeza científica absoluta.
“En el proyecto se propone integrar este principio, pero se lo tergiversa, haciendo efectiva la regresividad en la protección de glaciares y ambientes periglaciares, dado que solo serán resguardados aquellos que acrediten ser recurso hídrico”, señaló.
reservas de agua dulce de América del Sur.El interés en estas regiones no se limita al agua. En provincias andinas se concentran importantes yacimientos de cobre: el país dispone de 90.43 millones de toneladas, aunque su producción actual es nula. Diversos estudios indican que, con esas reservas, podría convertirse en un actor relevante en el mercado global.
afirmó que existe interés inversor, pero que el 75% de los proyectos cupríferos requiere que “el tema de los glaciares se resuelva”.Recibe en tu correo lo más relevante sobre innovación e inteligencia artificial con el newsletter de WIRED en español.ArrowEspecialistas anticipan que la demanda de minerales críticos, clave para tecnologías de defensa, salud, electrónica y energías renovables, crecerá de forma exponencial. En el caso del cobre, se proyecta un aumento del 70% hacia 2050, hasta superar los 50 millones de toneladas anuales.
El Gobierno busca capitalizar esa tendencia. Recientemente, la administración de Milei alcanzó un acuerdo bilateral con Estados Unidos que prevé subvenciones, garantías, préstamos e inversiones para impulsar proyectos de minería y procesamiento, además de agilizar permisos. La administración Trump tiene en la mira respaldar iniciativas que fortalezcan y aseguren sus cadenas de suministro de minerales críticos.
El Centro de Empresas y Derechos Humanos sostiene que la meta es consolidar un bloque orientado a la exploración, mapeo y refinamiento de minerales críticos como litio, cobre, uranio y cobalto. Según la organización, el acuerdo está estrechamente vinculado a la reforma propuesta. “El objetivo es claro: asegurar que las corporaciones norteamericanas obtengan los minerales necesarios para sus engranajes industriales y militares, sin importar si en el proceso se afectan glaciares y cuencas hídricas en regiones donde el agua es escasa”, concluye.