Moncloa prepara el BOE para poder intervenir más en las empresas tras el fracaso de los asaltos a Prisa, Criteria o Indra

Las claves del fallido asalto de Sánchez a compañías clave en el tejido empresarial Lina Smith

El intento de desbancar a Ángel Escribano de la presidencia de Indra fue uno de los muchos intentos de control del Gobierno en los últimos meses

Más información: La SEPI teme que nuevos fondos de inversión irrumpan en el capital de Indra en medio de la integración con EM&E

Las claves nuevo Generado con IA

"Las grandes corporaciones han perdido el miedo a que el Gobierno controle empresas estratégicas, aunque nunca hay que subestimarlo". La frase es de un banquero de inversión que asesora a directivos del Ibex y que refleja el sentir del mundo corporativo.

Y no se equivoca. En los despachos de las cotizadas no han pasado desapercibidos los últimos intentos fallidos de la Oficina Económica de Moncloa, a cargo de Manuel de la Rocha, para asaltar compañías clave en el tejido productivo español.

Prisa, Indra, Criteria Caixa o Naturgy son solo algunas de las empresas marcadas en rojo en las agendas de Presidencia de Gobierno y en las que se ha intentado influir o intervenir en los últimos meses, aunque con escasos resultados.

Un empeño personal de Pedro Sánchez -dicen en Moncloa- que siempre ha tenido entre sus objetivos el control corporativo desde que en 2016 fue descabalgado del PSOE por los barones del partido. No hay pruebas, pero hay quien atribuye esta rebelión a presiones empresariales.

Y en plena pandemia tomó posiciones con la excusa de la soberanía estratégica. Ayudó a Joseph Oughourlian a tomar el control de Prisa en 2020, ​aumentó las posiciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra hasta el 28% en 2022, compró el 10% de Telefónica en 2024 y el 7,8% de Talgo en 2025.

Se sintió fuerte tras la última investidura y fue a por más. En medio de una importante debilidad parlamentaria y con el cerco de los casos de corrupción emprendió una ofensiva final para intentar controlar empresas clave.

Y se intentó desde varios frentes. Buscando apoyos económicos en empresarios afines, estudiando resquicios legales para cambiar sillas en los consejos de administración y postulando hombres de confianza para ocupar puestos clave. Pero nada resultó.

Han sido al menos seis meses de intensos movimientos que han tenido poco reflejo en la prensa, pero en los que, paradójicamente, directivos y gestores de las cotizadas han aplicado al pie de la letra el 'Manual de resistencia' del que presume Pedro Sánchez en su escueta producción editorial.

El caso de Indra es el más reciente. Ángel Escribano fue citado a Moncloa -un año después de la destitución en el mismo escenario del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete- para sugerirle su dimisión de la presidencia de Indra. Aunque el fundador de Escribano Mechanical & Engineering (EM&G) resistió.

Las diferencias por la forma en la que se estaba abordando la integración de Indra con EM&E y el miedo a perder el control de la cotizada llevaron al Gobierno a mover ficha. Pero el directivo hizo valer su gestión, los buenos números de la tecnológica y el apoyo de accionistas relevantes y parte del consejo.

El resultado es que ahora mismo hay un cese de las hostilidades hasta que Indra consiga comprar la empresa de los Escribano y lo que le queda al Ejecutivo es intentar imponer sus condiciones, es decir una compra solo del 51% de EM&E para integrarla en una futura división exclusivamente de Defensa. Un proceso que no será corto.

Uno de los mayores apoyos en el accionariado de Indra a los Escribano es Amber Capital, el fondo liderado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. El franco-armenio fue además el primero en plantar cara al Gobierno y resistir un intento de control a través de accionistas rebeldes liderados por Global Alconaba y José Miguel Contreras.

Pero en medio de la guerra por Indra se produjo un hecho que aparentemente no tiene relación: la renovación de Francisco Reynés como presidente de Naturgy. La energética decidió adelantar su nombramiento de manera sorpresiva y ratificarle al menos hasta el año 2030.

Una situación que algunas fuentes consultadas interpretan como un claro mensaje al Gobierno. Nunca ha estado en cuestión la figura del presidente de una empresa clave como es el gestor gasista español, pero también es cierto que al hilo del ruido accionarial reciente había informaciones que apuntaban a un intento de intervencionismo del Ejecutivo.

Intervencionismo que podía ir desde intentar situar a gente de confianza en el consejo de la gasista hasta incluso entrar en el capital para reforzar su 'españolidad'. Nada de esto pasó y los nombramientos de esta semana apuntaron a una pax entre los mayores accionistas: Criteria, IFM, Blackrock y CVC.

La situación de Naturgy no es casual ya que está directamente relacionada con su principal accionista y dueño del 26% de su capital: Criteria Caixa. En los últimos meses han existido intentos del Gobierno para influir en el brazo inversor de la Fundación La Caixa tras discrepancias por el rechazo del holding a entrar en Celsa y Talgo.

Criteria tiene actualmente la mayor cartera de activos en empresas cotizadas y número de sillones en consejos de administración de España, al mismo nivel que el propio Estado o que Blackrock. Con inversiones de 37.252 millones en energía, tecnología, inmobiliario e infraestructuras actúa como un fondo soberano sin serlo.

Es caza mayor para Sánchez. Y lo intentaron, aunque casi ningún apoyo dentro del mundo empresarial. Una estrategia en la que buscaron presionar mediante los medios de comunicación y reportajes en los que intentaron cuestionar la figura de su histórico presidente, Isidro Fainé.

En medio de estos movimientos, Fainé dio un golpe sobre la mesa y adelantó a mediados de enero su renovación -y la de todo el patronato de la Fundación bancaria La Caixa- por cuatro años más, hasta 2030. Un anuncio que podría haberse dilatado hasta mediados de año, pero que puso paños fríos a cualquier intento de Moncloa de desestabilizar.

Gobierno amortizado

Para nadie es un misterio que los grandes empresarios, con contadas excepciones, no se fían del Gobierno. Y Sánchez tampoco ayuda creando un clima de hostilidad creciente.

Este mismo viernes volvió a arremeter contra los "oligarcas de la desigualdad", en referencia a las grandes fortunas y a las comunidades autónomas gobernadas por el PP "que ponen obstáculos a la redistribución de la riqueza".

Una batalla que ha hecho que muchos se atrevan a hacer operaciones que quizás no hubiesen realizado en 2023 con un Gobierno reforzado tras lograr articular una mayoría de investidura. Es por ello que ahora -a menos de dos años de que acabe su mandato- y con todas las encuestas en su contra, le dan por amortizado. Aunque eso no significa que no quiera librar la última batalla.

Falta de liquidez

Una batalla en la que se han replegado para analizar sus errores. ¿El primero? Medir mal sus fuerzas. Sánchez no es el de después de la pandemia y sus apoyos han menguado de manera alarmante, ya que son muchos menos de los que él cree tener.

Esto llevó a que en asaltos, como el de Prisa o Indra, no encontrara afines que le echaran un capote y que fueran de la mano de la SEPI en el caso de la cotizada de Defensa.

Pero es que también ha faltado dinero público. El éxito de la entrada en Telefónica, y la posterior destitución de Pallete, se basó exclusivamente en el desembolso de 2.300 millones de euros. Dinero que ahora es escaso con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados por tercer año consecutivo.

Plan de rearme

También hay algunos dentro del Ejecutivo que hacen algún tipo de autocrítica y piden trabajar mejor las operaciones y no precipitarse, como ha pasado en las últimas ocasiones. Y aquí los focos se dirigen directamente al asesor áulico de Sánchez en temas empresariales: Manuel de la Rocha.

Pero no se rinden. Después del fracasado asalto a Indra, Moncloa ha replegado sus posiciones y ahora se está rearmando para intentar retomar el plan de controlar compañías estratégicas.

En el caso de Indra, este diario ya contó que el Gobierno tiene un proyecto de sucesión para Ángel Escribano, a la espera de que avancen los acontecimientos y que se cierre la integración con EM&E.

No será fácil. Escribano ya ha transmitido al mercado su intención de seguir al frente la compañía; y en privado traslada que él no va a ceder el control de la compañía si hay unión para que la gobierne alguien vinculado al mundo de la política.

Fondo soberano

El gran objetivo es situar a un directivo de su total confianza, pero saben que no es fácil y que estamos ante una batalla de largo aliento en la que es clave ver hasta cuándo puede resistir el presidente del Gobierno sin convocar elecciones.

En esta línea, hay quienes ven en el fondo soberano con cargo al Instituto Crédito Oficial (ICO) una herramienta con la que se podrían canalizar recursos para entrar en algunas empresas seleccionadas. Y a partir de ahí exigir asientos en los consejos y más poder en las cotizadas.

Pero el tiempo juega en su contra, al igual que las dudas respecto de cómo se va a desarrollar realmente esta herramienta que no ha generado buenas sensaciones en el mundo corporativo, ni en el bancario. No es fácil mover más de 10.000 millones de fondos europeos, ni menos hacerlo con intereses políticos.

El uso del BOE

Con todo, Moncloa tiene una última arma que se utilizará con más frecuencia a partir de ahora: el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y aquí tenemos dos vertientes: la adjudicación de contratos públicos y la regulación a golpe de nuevas normas.

En el primero de los casos la influencia es evidente, en especial en el caso de Indra con Defensa o Telefónica con tecnología. El Gobierno también puede utilizar los contratos públicos para presionar al sector de las infraestructuras o la construcción.

Y en el ámbito legislativo el camino por recorrer pasa por buscar normativas que puedan presionar a empresas concretas con modificaciones a la ley de inversiones o endureciendo el decreto antiopas.

En este caso, el único problema pasa por su debilidad parlamentaria aunque no sería la primera vez que se abuse de los reales decretos y se busquen resquicios legales dentro de la normativa vigente para sacar adelante reglamentos que les favorezcan. Incluso un grupo de abogados del Estado ya están trabajando en esta línea para actuar en los próximos meses.

1. Pedro Sánchez
2. Naturgy
3. Telefónica
4. Manuel de la Rocha
5. Francisco Reynés
6. Isidro Fainé
7. CriteriaCaixa
8. Celsa
9. Escribano Mechanical & Engineering
10. Opa hostil

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