(De izq a der) El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Alberto Ortega Europa Press
Política Moncloa 'responde' al intento del Supremo de llevar al TJUE la regularización de inmigrantes: "El permiso es sólo para España""La autorización es para residir y trabajar aquí, no para desplazarse ni modificar o intervenir en la política migratoria de otro país".
Más información:El Supremo activa el proceso para que el TJUE intervenga contra la regularización de 1,3M de inmigrantes de Sánchez.
David G. Maciejewski Publicada 30 junio 2026 18:21h Actualizada 30 junio 2026 18:31h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno ha querido trasladar un mensaje de calma ante el revuelo generado por la posible intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, una medida que, según ha reconocido el Ejecutivo, ya ha superado las expectativas iniciales al rebasar el millón de solicitudes.
"Quienes tengan la autorización para residir y trabajar es para hacerlo en España, no para desplazarse a otro país de la Unión Europea ni para modificar o intervenir en la política migratoria de cualquier otro país", aseguran fuentes de Moncloa.
El objetivo principal de la medida es dar una solución a personas que ya se encuentran físicamente en España y que ya forman parte de su economía sumergida.
Sánchez anuncia 500 millones para integrar migrantes y alerta contra los "mensajes de odio" de las redes y la políticaPor tanto, la autorización busca asentar e integrar laboralmente a estos ciudadanos dentro de las fronteras nacionales, sin exportar el reto demográfico a países vecinos.
Este recordatorio viene a colación de las dudas mostradas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los magistrados tienen sobre la mesa la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE al dudar sobre la compatibilidad de esta medida con el Acuerdo de Schengen.
El temor jurídico del Supremo radica en que, al otorgar residencias temporales a más de un millón de personas, se les confiera automáticamente el derecho a circular libremente durante 90 días en periodos de 180 días, todo ello sin una coordinación previa con los demás países de la Unión.
También se cuestiona si hay una contradicción con la Directiva de Retorno o si la regularización choca con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación este martes del Plan de Integración y Ciudadanía. Chema Moya Efe
Es decir, cuestionan si es admisible otorgar residencia a personas que se encuentran irregularmente en España ignorando las órdenes de expulsión vigentes, incluso si estas han sido avaladas judicialmente.
También si España está vulnerando el principio de "cooperación leal" al adoptar una regularización masiva de forma unilateral, por mera decisión política, sin coordinarse ni notificar previamente a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros.
Los magistrados han admitido a trámite los recursos presentados por comunidades como Aragón y la Comunidad Valenciana y han abierto un trámite de audiencia, que finaliza el 3 de julio, para que las partes (especialmente la Abogacía del Estado, con la que el Gobierno está trabajando estrechamente) presenten sus alegaciones.
A partir del 7 de julio, el Supremo podría elevar formalmente una cuestión prejudicial al TJUE. No obstante, aclara el Gobierno, aunque así fuera eso no implica necesariamente la paralización del procedimiento.
Extranjería tenía razón: las solicitudes de regularización de migrantes rozan los 1,3 M frente a los 500.000 que dijo Sánchez"Si a partir del 7 de julio el Tribunal Supremo plantea la cuestión prejudicial, el TJUE ya decidirá, pero eso no lleva a que, mientras toma una decisión, la regularización se vaya a paralizar o suspender".
Frente a las reticencias, el Ejecutivo rechaza también la interpretación judicial que prevé un descontrol europeo e insiste en que la norma "se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario".
Para reforzar su postura, recuerda que el diseño y la ejecución de herramientas de regularización como el arraigo o este proceso extraordinario recaen enteramente en el ámbito soberano de España.
De hecho, fuentes gubernamentales insisten en que, cuando surgieron "los primeros ruidos y críticas [...] el propio comisario europeo competente aclaró públicamente que se trataba de una cuestión de política migratoria competencial de España. Hemos actuado con todas las garantías jurídicas".
Plan de Integración y Ciudadanía
La estrategia gubernamental de regularización de inmigrantes ha culminado esta semana con la puesta en marcha del Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con más de 500 millones de euros en su primer año de aplicación y con un horizonte de despliegue progresivo hasta el año 2030.
El plan, estructurado en 4 ejes y 16 medidas, destinará 185 millones de euros a impulsar el acceso al empleo en sectores con alta demanda (como la construcción, la hostelería y los cuidados), incluyendo una oferta extraordinaria de 100.000 plazas de Formación Profesional.
Además, se movilizarán casi 30 millones para el aprendizaje de lenguas cooficiales y la prevención de los discursos de odio, y más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.
Asimismo, se prevé la creación en 2027 de la Agencia Estatal de Movilidad Humana, cuyo objetivo sería, en caso de salir adelante en el Parlamento, unificar funciones y recursos que actualmente se encuentran dispersos para lograr una gestión migratoria "más sencilla, coordinada y eficaz".
Un millón de argentinos han reclamado la nacionalidad española desde que entró en vigor la ley de nietosEste martes, durante un acto de presentación celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) que sirvió de marco para lanzar la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país', Pedro Sánchez aprovechó para reivindicar que las cifras del proceso, que superan con creces las previsiones iniciales, evidencian que era una medida "necesaria".
Afirmando que "no hay integración posible sin regularidad", el presidente defendió que "la exclusión no protege a nadie" ni otorga "prioridad nacional" a los ciudadanos autóctonos, sino que simplemente hace más vulnerable al que llega y dificulta la labor de acogida de la sociedad.
Estas palabras sirven de escudo frente a las críticas de la oposición que advierten de un posible "efecto llamada".
Una alarma que ha traspasado las fronteras nacionales y ha resonado con fuerza en el último Consejo Europeo.
Allí, líderes de distintas familias políticas, como la conservadora italiana Giorgia Meloni, el popular alemán Friedrich Merz, e incluso la primera ministra socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, afearon a Sánchez su regularización masiva advirtiéndole de que es una decisión que los "afecta a todos".