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Un coche de VTC pasa junto a la parada de taxis de la estación María Zambrano. MIGUE FERNÁNDEZ Mujeres maltratadas, madres solteras e inmigrantes de Málaga, endeudados para lograr una VTC que ahora la Junta rechazaEl requisito principal era aportar un coche eléctrico y ellos lo cumplieron, pero Fomento cambió de criterio y los ha dejado sin licencia para trabajar
Málaga
Sábado, 14 de febrero 2026, 00:50
... eléctrico y ganarse la vida con una licencia VTC (para prestar servicios a través de plataformas como Uber). Todos ellos han visto truncado su proyecto. La razón: una decisión de la Junta de Andalucía, que cambió las reglas a mitad del juego.El conflicto afecta en Málaga al menos a 64 personas que se han agrupado en la Plataforma de Afectados VTC Eléctricos
El conflicto afecta en Málaga al menos a 64 personas que se han agrupado en la recién constituida Plataforma de Afectados VTC Eléctricos. Entre todos ellos suman 90 solicitudes. A principios del año pasado, la normativa premiaba a los solicitantes que aportaran un vehículo 100% eléctrico.
Los ahora damnificados se dieron entonces de alta como autónomos y, en muchos casos, asumieron créditos bancarios para afrontar una inversión media de unos 40.000 euros para comprar este tipo de automóviles, que son generalmente más caros que los de combustión. Era lo que estipulaba la normativa, y ellos la cumplieron... Hasta que llegó el bloqueo.
«La propia administración andaluza interpretaba que, si cumplías los requisitos y aportabas un vehículo eléctrico, se te otorgaba la licencia de VTC interurbana», detalla el abogado que coordina la defensa del colectivo, Daniel Bendodo. En ese periodo, en torno a marzo de 2025, se otorgaron numerosas licencias en la provincia bajo esta premisa. Pero la puerta abierta generó un aluvión de solicitudes. «También es cierto que aparecieron oportunistas, que solicitaban cientos de licencias sin aportar el vehículo eléctrico, con la idea de subsanarlo después».
Moratoria de permisos
Ante tal avalancha, Fomento decidió paralizar las concesiones y encargar un estudio sobre la demanda real. Meses después, ese informe sirvió de base para rechazar las nuevas solicitudes, incluidas las de quienes sí habían comprado el coche eléctrico y cumplían todos los requisitos legales en el plazo exigido.
El colectivo cuestiona la solidez jurídica de ese documento, porque «no diferencia entre provincias con realidades distintas», como Málaga —con un aeropuerto internacional y alta demanda turística— y otras que tienen mucho menos. Además, alude a problemas de contaminación por el aumento de vehículos en circulación, «cuando estamos hablando de vehículos eléctricos», subraya el letrado.
El resultado ha dejado situaciones que los reclamantes califican de «surrealistas», tales como solicitudes idénticas, presentadas el mismo día, que han recibido respuestas opuestas —una concedida y otra denegada. Aunque la peor consecuencia es la fuerte inversión que han realizado algunas personas con economías precarias, con la esperanza de que el coche fuera su herramienta de trabajo, y que siguen pagando sin ningún retorno.
Entre los afectados hay perfiles muy diversos, aunque el denominador común de muchos de ellos es que son particulares que apostaron por esta forma de autoempleo. Una camarera y madre soltera que vio en el servicio de alquiler con conductor una oportunidad para prosperar. Una mujer incluida en el sistema Viogén de protección a víctimas de violencia de género. Trabajadores de otros países, que apostaron sus ahorros. Y pequeños autónomos que solicitaron licencias para trabajar por cuenta propia. También hay algún caso de solicitantes con varias autorizaciones, pero, según el colectivo, la mayoría responde a proyectos individuales o familiares.
Batalla legal
La Plataforma de Afectados VTC Eléctricos, compuesta sobre todo por malagueños —con algún caso en Sevilla— está dando la batalla legal para tratar de corregir esta situación. De momento, han presentado recursos de alzada ante la Junta, tras recibir las primeras negativas. Según su abogado, la Junta no ha respondido aún y está a punto de cumplirse el plazo de tres meses que abre la vía del silencio administrativo.
Si no hay contestación, el colectivo irá al Contencioso-Administrativo, aunque ello supondrá años de espera para poder trabajar, si es que el tribunal les da la razón. «Somos conscientes de que litigar contra la Administración es largo y costoso, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados», sentencia Bendodo, quien asegura que han intentado sin éxito una negociación tanto en la delegación provincial como en los servicios centrales de la Consejería de Fomento.
«Son 65 familias que confiaron en una normativa vigente y en la Administración andaluza», lamenta el letrado. Como primera medida de presión, la plataforma llevará a cabo el próximo lunes una concentración frente a la sede de la Delegación de Fomento en Málaga.
Seis meses de frenazo a las licencias de VTC
El 17 de junio del año pasado entró en vigor la moratoria para la concesión de licencias de VTC, a la espera de un informe técnico. Posteriormente, ya en octubre, con este documento en la mano, la Junta empezó a denegar las nuevas autorizaciones, al objeto de frenar la avalancha que se había producido en los meses anteriores. Esta orden afecta tanto a las licencias en tramitación como a las nuevas que se presentaron desde ese momento.
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