Ángela de Miguel (Cepyme): "El absentismo es dramático para las pymes... Si te falla alguien, tienes que cerrar el negocio"

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. Sara Fernández.

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, avisa de que "se pagan más impuestos por trabajar que por consumir".

Sobre el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes: "Queremos que se nos dé seguridad jurídica".

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Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) mantiene una frenética actividad cuando quedan pocos días para las vacaciones. La presidenta de Cepyme encadena un acto tras otro, en plena ola de calor.

Pese a ello, tiene un hueco para recibir a EL ESPAÑOL-Invertia en su despacho, en el número 50 de la madrileña calle de Diego de León.

Al abrigo (por contradictorio que suene) del aire acondicionado explica y argumenta la situación, los problemas e incluso los temores de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a las que representa.

El absentismo surge rápidamente en la charla. El problema de las ausencias de los trabajadores ha tomado el debate público y la presidenta de la patronal avisa del "drama" que esto significa para las pymes particularmente, que se ven obligadas a cerrar por la falta de personal para poder operar.

Además, alerta de la situación límite que atraviesan, particularmente, las micropymes.El Gobierno no diseña la legislación pensando en su tamaño O más bien talla. Y el crecimiento económico del que presume el Ejecutivo no pasa por ellas.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. Sara Fernández.

¿Cuál es la situación de la pyme, en estos momentos, en España?

La economía española es muy dual. Por un lado, hay una economía que crece, que está creando empleo, lo vemos en los datos macroeconómicos. Ahí hay están las empresas grandes, un poquito menos las medianas y muy poquito las pequeñas.

Totalmente alejadas de este crecimiento están las microempresas. Aquellas de menos de 10 trabajadores que están en una situación realmente grave. De hecho están desapareciendo y están contratando muy muy poquito.

¿Realidades muy diferentes, no?

La pyme es el 99% de la empresa española. Y dentro de ese 99% tenemos realidades muy diferentes. Básicamente, las de menos de 10 trabajadores, sobre todo las de menos de 5 trabajadores —que por cierto, son la gran mayoría—, están en una situación muy crítica. Si puedes tener un poco de economía de escala que te permita gestionar o repartir los incrementos de costes... Ahí empieza a llegar ese crecimiento económico que tenemos como país.

Hablamos de crecimiento pero no se habla suficientemente de prosperidad, porque lo importante es que ese crecimiento llegue a todos los ciudadanos.

"El regulador, cuando regula, no piensa en la pyme, y menos en la micro. Es como si hicieses un traje sin pensar en un determinado tipo de persona"

Y en este caso, ese crecimiento no está llegando a la microempresa. Si hablamos de las personas que trabajan en ellas y las familias de los empresarios de estas microempresas, estamos hablando de bastantes millones dentro de la población española que, en este momento, están en una situación muy complicada.

Esto ocurre porque el regulador, cuando regula, no piensa en la pyme, y menos en la micro. Al no pensar en ella, diseñas modelos, estructuras y regulaciones que luego no se adaptan para nada a la empresa más pequeña. Es como si hicieses un traje sin pensar en un determinado tipo de persona. Cuando se lo va a poner, no le vale de ninguna de las maneras. Y no hay forma de adaptarlo una vez que está pensado para un formato totalmente distinto. Eso es lo que le está pasando a la microempresa.

¿Cuál es el mayor problema que enfrentan las pymes o las microempresas actualmente?

Básicamente podemos hablar de dos. Por un lado, de la complejidad normativa y las cargas burocráticas. Muchas de nuestras pymes no tienen departamento de administración y tienen que cumplir con regulación fiscal, contable, jurídica, de prevención de riesgos laborales, de protección de datos... Una empresa grande tiene un departamento para cada una de estas cosas, pero una pequeña empresa —como una panadería, donde hay dos personas, una despachando el pan y otra en el horno— no tiene estos departamentos y aun así tiene que cumplir con un montón de regulaciones.

Por el otro, hay que hablar del aumento de los costes. Desde la pandemia, han aumentado cerca de un 27%. Gran parte se debe a los insumos, pero especialmente a los costes laborales, que en España están aumentando muchísimo más rápido que antes.

Esto hace que la empresa pequeña no pueda contratar. El año pasado, mientras la gran empresa contrató a 300.000 trabajadores más, la microempresa apenas contrató a 3.000. Y estamos hablando de millones de microempresas. Esto nos complica la vida y nos condena a la desaparición.

Al hablar de costes laborales... ¿Es un problema de salarios, de Seguridad Social o de impuestos asociados?

Al final es un global, te impacta el modelo completo. Y dentro de esto hay que meter también el absentismo, que también son costes. Hace poco un informe de la OCDE decía que España ya está en el top ten del mundo donde más impuestos se pagan por trabajar, pagamos más por trabajar que por consumir. Evidentemente, eso desincentiva la creación de empleo y el interés por tener un empleo.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. Sara Fernández.

El trabajador no percibe la cantidad de impuestos que se pagan. Pero yo, por un salario mínimo interprofesional (SMI), tengo que destinar 1.900 euros al mes por persona. Que luego el empleado reciba 1.200 euros es una decisión del Estado. Pero el dinero tiene que salir de su trabajo y generar un poquito más para cubrir costes fijos y sacar un mínimo beneficio.

La subida del SMI ha impactado muchísimo en la microempresa, y sobre todo en algunos territorios de España. Es un país muy diverso y el coste de la vida varía. En la negociación colectiva se tiene en cuenta el territorio y el sector, pero cuando legisla el Gobierno, no.

Ya hay zonas de España donde el 80% del salario lo fija el Gobierno a través del SMI, precisamente en las provincias que más apoyo e inversión necesitan. Al final, este café para todos complica las cosas. Y deja a algunos sin poder tomar café.

Precisamente esta semana la OCDE avisaba de que los salarios bajos están creciendo poco en las economías avanzadas, entre ellas españa. Dejando a un lado a los sindicatos, ¿cómo se les explica a los trabajadores que las empresas de menor tamaño no pueden soportar más subidas salariales?

A nosotros nos encantaría que esos 1.900 euros del coste del SMI le llegaran íntegros al trabajador, y que de ahí cada uno pagara sus impuestos. Así verían lo que realmente se les paga y lo que se va en impuestos.

Es una de las cosas que se ha pedido desde la CEOE, porque te genera una responsabilidad con lo público. Si sabes lo que pagas, es mucho más fácil exigir. Alguien dijo una vez que lo público no es de nadie, pero la realidad es que es de todos y lo pagamos muy caro. En España se pagan muchos impuestos por trabajar y el modelo actual hace que no seamos conscientes de ello.

Ha mencionado el problema del absentismo. Hablamos de alrededor de 1,6 millones de trabajadores que faltan a su puesto de trabajo todos los días. ¿Cómo se aborda esto?

Ahora mismo es un problema de Estado. Nos cuesta muchísimo dinero a todos. Hablamos de 17.000 millones de euros que pagamos las empresas —que al final se repercuten en los precios o en no poder subir salarios— y otros 16.000 millones que pagan los ciudadanos a través de impuestos y cotizaciones.

Tenemos mucho margen de mejora para invertir ese dinero en la sanidad de los trabajadores y analizar seriamente qué pasa, porque tenemos casi el doble de tasa de absentismo que la media de la Unión Europea. Alemania, con la mitad de nuestra tasa, ya está tomando medidas serias de control e inspección.

Es un problema multicausal y de gestión donde intervienen muchos factores, por lo que hay que sentarse a dialogar. No es cuestión de una o dos medidas, la situación actual es insostenible. Nosotros planteamos sentarnos. En la negociación bipartita del AENC con los sindicatos pusimos el absentismo sobre la mesa, pero no hemos conseguido avanzar en ello.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha llevado este asunto a la arena política esta semana. ¿Cree que introducir esto en el debate pública ayuda o va a suponer más problemas, dada la polarización política?

Creemos que los ciudadanos deben ser conscientes de que esto nos impacta a todos. Parte de nuestros impuestos se dedican a cubrir esto en vez de ir, por ejemplo, a mejorar la sanidad. Si se invirtiera en sanidad, se agilizarían las pruebas médicas y los procesos de curación, reduciendo los tiempos de baja.

"Los ciudadanos deben ser conscientes de que el absentismo nos impacta a todos. Parte de nuestros impuestos se dedican a cubrir esto en vez de ir, por ejemplo, a mejorar la sanidad"

Para una pyme el absentismo es dramático. Volviendo al ejemplo de la panadería, si te falta uno de los dos trabajadores, tienes que cerrar porque no puedes atender y hacer el pan a la vez, pero tienes que seguir pagando ese salario. Creo que la ciudadanía ya lo va entendiendo porque las tasas actuales sobrepasan lo normal. Al final nos afecta a todos, incluso a los propios trabajadores que se quedan en las empresas y ven sus equipos reducidos, haciendo que trabajar sea mucho más duro.

¿Cree que se deberían tomar medidas punitivas o sancionadoras contra el absentismo fraudulento, por así decirlo?

A ver, la normativa laboral, los convenios y el Estatuto de los Trabajadores ya contemplan mecanismos de corrección ante situaciones excepcionales de incumplimiento. No creo que sea necesario añadir más medidas de ese tipo. Lo importante es analizar qué está pasando con la gestión y por qué se ha disparado el absentismo.

Se podría utilizar la tecnología y la inteligencia artificial —como sugería la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal— para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social detecte los casos que se salen de lo estándar y ver qué ocurre.

A lo mejor descubrimos que no se está tratando adecuadamente la salud de los trabajadores, o tal vez detectamos casos de fraude que nos perjudican a todos porque los pagamos de nuestro bolsillo. Hay que investigar tanto para corregir los fraudes como para dar la solución de salud que necesita el trabajador. El problema actual es que no se hace un seguimiento real de la situación.

Galicia se ha puesto sobre la mesa un incentivo para los médicos de Atención Primaria que reduzcan los periodos de baja. ¿Cómo ve este tipo de medidas?

En la situación en la que estamos, es bueno que se vayan explorando diferentes soluciones. Y habrá que analizar los resultados. Ante un problema tan grave, hay que buscar alternativas. Esta es una más, porque lo que es evidente es que si no hacemos nada el problema se sigue disparando.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, durante la entrevista. Sara Fernández.

Hemos vivido un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Finalmente se han presentado más de un millón de solicitudes. ¿Cómo cree que se ha gestionado?

Nosotros pensamos que una decisión como esta, que impacta tanto en la ciudadanía española y tiene tantas derivadas complejas, debería haberse hecho desde el consenso y el diálogo, de los cuales somos muy amigos. Esa es la postura que creemos que se debe tomar en decisiones de este calibre.

¿Cree que el proceso deja a las empresas en una situación delicada si contratan a personas que están en proceso de regularización pero finalmente no se les concede?

Ahí estamos muy preocupados. Queremos información transparente y que en ningún caso se sancione a una empresa que contrata a alguien aportando una documentación que, en ese momento, parece totalmente correcta y legal.

Nosotros no tenemos capacidad para investigar la veracidad última de esos papeles. Para sancionar debe haber intencionalidad, y difícilmente hay intención de defraudar si el trabajador te da unos documentos con apariencia de legalidad. Estamos pidiendo que se agilice el proceso y se nos dé seguridad jurídica, porque ahora mismo hay miedo en las empresas.

Usted es licenciada en Derecho y abogada. Desde su experiencia, ¿cómo debería ser ese mecanismo para asegurar a las pymes, teniendo en cuenta las leyes de protección de datos e intimidad?

Normalmente, cuando vas a contratar a alguien, te entrega la documentación que acredita su permiso de trabajo (el DNI si es español, o el permiso correspondiente si es extranjero). Sin eso, no puede trabajar. Queremos un documento emitido por la Administración que nos garantice que esa persona tiene permiso y que, si la empresa lo contrata con ese papel, no tendrá problemas.

Sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes: "Queremos información transparente y que en ningún caso se sancione a una empresa que contrata a alguien aportando una documentación que, en ese momento, parece totalmente correcta y legal"

El problema actual viene con los documentos provisionales. Si el procedimiento termina denegándose y nadie avisa a la empresa, esta se encuentra con un trabajador en situación irregular sin tener cómo saberlo. Necesitamos que la Administración notifique a la empresa si se le deniega el permiso. Y que si no se nos comunica la empresa quede exenta de responsabilidad. Las empresas somos las primeras interesadas en cumplir la ley.

El registro horario digital y telemático sigue entre los planes del Ministerio de Trabajo. ¿Cree que saldrá adelante la norma antes de que termine la legislatura, o incluso en las próximas semanas, como dice el departamento de Yolanda Díaz?

Nosotros esperamos que no. Tal y como está configurada, el propio Consejo de Estado ya ha dictaminado en contra de la norma. Compartimos esos argumentos, ya que tendría un impacto muy negativo para la microempresa y demuestra un gran desconocimiento de la realidad de nuestro tejido empresarial.

Por ejemplo, en el mundo rural hay muchos sitios donde no hay conexión a internet. A mí que me gusta el senderismo, sé que hay lugares donde tienes que pagar en efectivo porque no hay cobertura para la tarjeta, no porque la empresa no quiera.

¿Qué va a pasar con esas empresas si no pueden registrar los horarios digitalmente? ¿Se les va a sancionar? Además, una microempresa no tiene un departamento de informática. Si se cae el sistema y no tienes a nadie que lo arregle rápido, ¿vas a tener que parar tu actividad por miedo a una sanción de la Inspección de Trabajo?

Hay muchos negocios artesanos, como la cestería, que no están digitalizados ni quieren estarlo, porque sus relaciones laborales son horizontales, casi familiares, y basadas en la confianza de muchos años trabajando juntos. Introducir elementos rígidos pensados para las relaciones verticales de las grandes empresas en entornos horizontales genera distorsiones muy serias en el ambiente de trabajo. Legislar sin pensar en la microempresa es dejarla completamente fuera.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. Sara Fernández.

CEOE y Cepyme persiguen las prácticas irregulares de las empresas y están en contra de ellas. Pero también es cierto que, según la EPA, hay millones de horas extra impagadas en España. ¿Cómo se puede combatir eso?

Bueno, los datos de la EPA son encuestas, no son totalmente objetivos. Y a veces no coinciden con otros registros reales.

Dicho esto, el mecanismo para perseguir esto es la Inspección de Trabajo. Los empresarios somos los más interesados en que se cumpla la ley. Porque las empresas que no cumplen ejercen una competencia desleal brutal contra el 90% o 99% restante que sí cumple. El canal de denuncias anónimas ante la Inspección ya existe para eso.

Lo que no puede ser es que, por culpa de unos pocos incumplidores, se legisle machacando y haciendo la vida imposible a la gran mayoría que cumple. En España tendemos a hiperregular para prevenir el incumplimiento en lugar de poner el esfuerzo en sancionar con dureza a posteriori al que infringe la ley, dejando trabajar tranquilos a los demás.

¿Cómo ve el panorama político actual?

Representamos a más de tres millones de pymes con empresarios de todas las tendencias políticas, por lo que nos centramos en las políticas públicas, no en la política partidista.

Lo que sí es evidente es que para la economía y el empleo es fundamental tener estabilidad, presupuestos, seguridad jurídica y una hoja de ruta clara a medio y largo plazo. Todo eso ayuda a que la empresa invierta y crezca. Los datos objetivos muestran que la inversión internacional en España se está resintiendo, y aunque tenemos grandes empresas y profesionales, necesitamos estabilidad para avanzar.

"La empresa necesita políticas serias con visión a largo plazo, al que últimamente nos cuesta ver"

Los casos de corrupción están afectando notablemente al PSOE, el partido mayoritario del Gobierno. ¿Cree que esto debilita la fiabilidad de lo que queda de legislatura?

Lo que nos preocupa es la inestabilidad. La estabilidad se puede conseguir por muchos caminos, pero lo que la empresa necesita son políticas serias con visión a largo plazo, algo que últimamente nos cuesta ver.

Compañeros suyos como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, han manifestado públicamente haber perdido el feeling con el Gobierno, especialmente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en contraste con el mejor trato que hay con el ala económica de Carlos Cuerpo.

Lo que es un hecho es que en los últimos tres años el diálogo social tripartito ha estado roto, algo inédito en la historia reciente de España. El diálogo social es una institución clave que hace que las cosas funcionen de forma fluida. Cuando falta, surgen las huelgas, el colapso y el cierre de empresas. Lamentablemente, en los últimos tiempos no se nos ha escuchado.

Miguel Garrido, presidente de CEIM, ha reclamado abiertamente un adelanto electoral. Mientras Josep Sánchez Llibre, presidente de la catalana Foment, no aborda esta cuestión. ¿Usted dónde se posiciona?

Yo no juego a la política partidista, las opciones no son tan maniqueas. Nosotros defendemos la estabilidad del país y son los políticos en el Parlamento los que deben decidir las fórmulas legales para dárnosla. Pedimos seriedad, altura de miras y estabilidad para que las pymes puedan generar riqueza, la fórmula concreta ya corresponde al ámbito político, aunque la situación actual sea ciertamente complicada.

Este año también se celebran elecciones en la CEOE. Cepyme ya ha anunciado su apoyo a la reelección de Antonio Garamendi. ¿Sabe si tendrá algún rival? ¿Qué se cuenta en los correveidiles de los pasillos de las patronales?

Lo que percibo es muchísima unidad. En las últimas asambleas tanto de CEOE como de CEPYME ha quedado claro que, ante la incertidumbre económica y política actual, la única forma de defender los intereses de la empresa es estar unidos. El sentir general es que Antonio Garamendi ha hecho un gran trabajo y es el líder fuerte que necesitamos para los tiempos difíciles que vienen.

El exvicepresidente de CEPYME, José Manuel de Riva, ha sugerido que hubo irregularidades en el proceso que llevó que usted fuera elegida presidenta de la patronal de las pymes. Ha requerido a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) que investigue presuntas irregularidades. ¿Qué valoración hace de esto?

Me sorprende muchísimo que quien era entonces vicepresidente de la organización -cuando yo ni siquiera formaba parte de ella- hable de supuestas irregularidades en un proceso electoral que se gestionó bajo su propio mando y responsabilidad junto al entonces presidente. Yo entré después, por lo que me parece absurdo que alguien pida investigar un proceso que él mismo controlaba. Además, ha pasado ya más de un año y nadie impugnó ni auditó nada en su momento.

No sé si estas declaraciones buscan empañar el proceso electoral actual de la CEOE, pero con la que está cayendo en España —con 25.000 microempresas desaparecidas, problemas de absentismo y costes laborales—, en Cepyme no estamos para perder el tiempo con estas cosas. Nuestro trabajo es recorrer España, escuchar a nuestros sectores y defender a nuestras pymes.

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