Tras el breve paréntesis de la Semana Santa, el PP va a incidir en su exigencia de "explicaciones urgentes" al Gobierno de Pedro Sánchez por las presuntas tramas de corrupción que le afecta. Y, en concreto, va a lanzar una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre el caso Forestalia, la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal relacionados con la tramitación de proyectos de energías renovables que está investigando la Guardia Civil.
Según explican en el partido de Alberto Núñez Feijóo, "ante las informaciones periodísticas, basadas en el sumario, que revelan la participación de un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, en la facilitación de expedientes vinculados a proyectos energéticos, así como el papel central de la empresa pública Tragsatec a la hora de tramitar determinados expedientes", va a reclamar la entrega a la Cámara Baja de hasta 20 informes.
Entre ellos, solicita "copia íntegra de los expedientes de evaluación ambiental" tramitados por el departamento que dirige Sara Aagesen para proyectos promovidos por Forestalia desde 2015 y de "los informes técnicos que sirvieron de base para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental emitidos en dichos proyectos". Además, reclaman "las comunicaciones internas, instrucciones o circulares" y "los correos electrónicos intercambiados entre los responsables" de su elaboración.
De igual modo, se exige copia de las agendas oficiales de los altos cargos de Transición Ecológica en las que consten las reuniones mantenidas en los últimos 11 años entre sus directivos y la compañía investigada, con sedes en Madrid y en Zaragoza, junto a "la relación de consultoras o empresas externas que hayan elaborado estudios ambientales o técnicos utilizados en expedientes" vinculados a dicho grupo empresarial.
Además, a través también de una batería de más de una treintena de preguntas dirigidas al Gobierno, el PP exige explicaciones urgentes a cuatro ministerios por dicha trama. En concreto, al de Aagesen lo insta a responder si tenía conocimiento de la posible participación o vinculación de un funcionario público, si tuvo conocimiento de la existencia de posibles conflictos de interés y si Forestalia participó en la tramitación de expedientes, autorizaciones o evaluaciones ambientales competencia de la Administración pública. También solicita que se "reforzar los mecanismos de control para garantizar la imparcialidad en la tramitación de expedientes relacionados con proyectos energéticos o medioambientales".
También reclama al Gobierno que explique, entre otras cuestiones, en qué expedientes de evaluación ambiental de proyectos de energías renovables promovidos por la empresa bajo sospecha ha participado el personal de Trasatec -que forma parte de la SEPI, dependiente de Hacienda- como asistencia técnica y "qué criterios se siguieron para asignar personal de esta empresa pública a determinados expedientes de evaluación ambiental y no a otros".
En el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, le pide aclarar "las razones" por las que su titular, José Manuel Albares, colaboró con la empresa investigada, "cuántos contactos" ha mantenido con empresarios vinculados a Forestalia y "cómo coordinó" con dicha sociedad empresarial la colaboración con una de las grandes empresas chinas de renovable. Finalmente, a Interior le exige explicar, entre otras cosas, si ha solicitado la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil u otras unidades especializadas en delitos económicos en la investigación.
La Guardia Civil ha comenzado a aflorar un presunto cohecho de en torno a los cuatro millones de euros desde la empresa Forestalia en favor del ex consejero de Medio Ambiente en los Gobiernos del PSOE en Aragón entre 2002 y 2011, Alfredo Boné, y dos estrechos colaboradores, según informó EL MUNDO.