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Ni el oportunismo del Gobierno ni el cálculo electoral de sus socios ofrecen una respuesta eficaz al colapso del mercado inmobiliario.
La polémica generada esta semana en torno al desahucio de una mujer de avanzada edad en Madrid es el oportuno asidero que ha encontrado el Gobierno para tratar de revivir sus fracasadas políticas de vivienda.
Para ello, negocia a marchas forzadas con sus aliados de legislatura más díscolos, Junts a un extremo y Podemos al otro, un decreto que pueda satisfacer a las tres partes al mismo tiempo que le reconcilia con un electorado de izquierdas muy decepcionado con la probada incapacidad de PSOE y Sumar para solucionar la crisis de la vivienda en nuestro país.
Dado que las posturas están muy distantes y con la precariedad de apoyos del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el riesgo de una nueva derrota parlamentaria es elevado, por lo que precipitar las negociaciones carece de sentido práctico más allá de intentar aprovecharse del impacto mediático del citado desahucio, uno de los miles que se ejecutan cada mes en España.
Porque si la maniobra del Gobierno es oportunista, en circunstancias normales, como sucedió el pasado abril por última vez con el rechazo al decreto que congelaba los contratos de alquiler, también lo es el afán de sus socios por no ser señalados como corresponsables del colapso del mercado inmobiliario en gran parte de España a pocos meses de las elecciones autonómicas y locales.
Ninguna regulación sensata y rigurosa puede surgir de esta confluencia de intereses. Mejor sería reconocer que la raíz de los cuellos de botella en el mercado de la vivienda es el excesivo intervencionismo público y proponer un pacto de amplio espectro para restaurar la seguridad jurídica.
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